Si vienes a Madrid...

“Si vienes a Madrid, ya eres de Madrid”. Eso decía hace muchos años una propaganda institucional de la Comunidad de Madrid. A mí me gustaba (¡la primera vez que me gustaba una propaganda institucional!) porque me parecía que era verdad. Madrid siempre se ha preciado de ser una ciudad muy acogedora, que puede integrar bien a todo el que llega; más allá de tópicos, creo que es cierto.

A mi parecer –en los últimos tiempos pienso bastante sobre estos temas– tiene bastante que ver con la propia procedencia de la gente. Se suele decir que no hay ningún “gato” puro, es decir, ninguna persona cuyos cuatro abuelos sean de Madrid. Y bueno, esa afirmación no es completamente correcta, alguno habrá… pero no son muchos. Madrid es una ciudad de aluvión. Los seis millones y medio de personas que vivimos en esta comunidad (porque, vamos a ser realistas, la comunidad existe en función de la ciudad) hemos ido llegando por inmigración. Si no nosotros, sí nuestros padres o nuestros abuelos.

Esta capacidad de integración se ve a la que hablas con gente que vive en otras partes. Todas mis amistades que residen o han residido en Barcelona, por ejemplo (otra ciudad grande y muy poblada) coinciden en que la diferencia se nota y mucho. En Barcelona es más complicado entrar en los grupos de amigos, no por maldad sino porque en muchas ocasiones todos se conocen desde críos. No es tan fácil que te inviten a las casas. Hay una diferencia más notoria entre barceloneses de-toda-la-vida y población flotante que va a estar un año de Erasmus o de hipstereo.

Durante mucho tiempo, Madrid ha significado para mí libertad. He conocido a demasiada gente atrapada en pueblos pequeños que cifraba todas sus esperanzas en poder venirse a esta ciudad. He saboreado el anonimato de la multitud. He disfrutado de la oferta cultural, y no me refiero solo a musicales carísimos y conciertos de grupos famosos, sino, muy especialmente, a cosas más pequeñas, variadas y locales. He visto cómo es una de las pocas zonas del país donde hay escena BDSM. He catado su impresionante variedad gastronómica. Madrid es una ciudad que me gusta, es donde quiero vivir en el futuro.

Y ahora estoy muy cabreado con ella porque está echando a mis amigos.

“¿Quedar? Imposible, estoy viviendo en Ávila, los alquileres en Madrid estaban impagables”. “Chicos, puede que no venga más a rol porque a lo mejor me voy a vivir a media Europa de distancia. Ah, y no lo sabré con demasiada antelación.” “Me mudo a Murcia; me ofrecen una plaza vinculada a mi carrera profesional, cosa de la que en Madrid había desistido. Es por pocos meses pero a lo mejor hay renovación o a lo mejor no.” “No quiero comprar más trastos; si las cosas siguen así a nivel laboral tendré que irme de la ciudad, y no quiero acarrear tanto peso”. Y así todo.

Basta. Basta, por favor, basta. La gente que vive aquí sigue siendo acogedora y buena con quien llega, pero es casi lo único que tenemos ya. El precio de los alquileres, por ejemplo, es una cosa que me fascina, pero con la misma fascinación morbosa que da la descomposición de un cadáver. En un momento dado estallará, pero entonces empezará de nuevo la de las hipotecas: en este país no sabemos vivir sin especular con la vivienda, es algo genético.

Esto no va de “pijos que quieren vivir en la Puerta del Sol a precios de risa”, como se puede leer desde la derecha. Esto va de que todo está cada vez más caro, incluso barrios que tradicionalmente han sido baratos y de clase obrera, estén en el centro (Lavapiés) o fuera de la M-30 (Puente de Vallecas). Va de gente cuchitriles de 20 metros cuadrados. Va de que solo conozco dos clases de amigos míos que se hayan logrado independizar: los que viven en pareja y los que se han ido a un piso propiedad de su familia. Va de personas que comparten piso pasados los 30 años, sin ninguna opción de conseguir algo mejor, con todos los efectos que eso tiene sobre su autonomía y desarrollo personal (1).

El problema es que, si solo fueran los alquileres, pues se sobrellevaría. Pero ¿y el transporte? El Metro de Madrid, esa red que se supone que es el orgullo de la región, es cada vez más una vergüenza. En los últimos tiempos tenemos el escándalo del amianto en los trenes (es una hidra: cada vez que retiran uno parece que aparecen tres más con ese problema) y el del hacinamiento en andenes y coches gracias a la reducción de las frecuencias. Se lo han cargado mientras suben los precios, y las quejas son constantes. Servicios lentos, poca frecuencia, tren averiado: ese es el haiku del Metro de Madrid.

De hecho, ¿fuera de Madrid os habéis enterado de lo de la Línea 2? ¿De cómo las obras de un megacomplejo hotelero para ricos en el centro de Madrid han afectado al túnel de una de las líneas más concurridas del suburbano y de que, un mes después, ésta sigue cortada sin solución aparente? Se dijo que solo iba a estar cerrada durante “dos o tres días”. Ja. No se lo creían ni ellos. Tardaron tres semanas en gestionar que la EMT pusiera un autobús de sustitución, y la propia reparación de la línea ya se verá cuándo llega.

Los alquileres. El transporte. El trabajo, cada vez más precarizado: si bien esto no es exclusivo de Madrid, todo suma. La contaminación, gente, la contaminación: esa boina de mierda de Madrid y ciudades adyacentes que se te mete por la nariz y te hace estar todo el día tosiendo. Y todavía tenemos que aguantar a los mismos de siempre hablando del derecho individual a entrar en coche hasta los retretes de la Fnac de Gran Vía. Eso que se llama “la gentrificación”, y que en palabras llanas viene a significar que áreas cada vez más grandes de la ciudad están pensadas solo para consumir y no tienen ni un triste banco ni una triste fuente ni una triste zona verde. Yo qué sé.

A esto se suma, como piedra de toque de todo lo anterior, la Administración municipal. El PP de Madrid (no sé si será igual en otras Comunidades Autónomas, imagino que sí) tiene esa capacidad especial de dejar claro que se está riendo de ti, que no gobierna para ti sino para una clase muy concreta de empresarios y de ricos. Voté a Ahora Madrid en 2015 con la intención de cambiar esto y, aunque el balance de su tarea de gobierno es decepcionante (2), volveré a votar al partido municipalista que más opciones tenga de salir, solo porque quiero evitar que vuelvan al poder los mismos de siempre.

Aun así, y aunque se alineen los astros y la izquierda blandita se mantenga en el consistorio, no tengo muchas esperanzas. Los demás problemas permanecen, y siguen triturando y expulsando a mis amigos más allá de la sierra de Guadarrama y del río Tajo. Llevo un tiempo dándole vueltas a la idea de que me quedo solo; aunque no es estrictamente así. sigo sintiéndome como una mierda. Y la cosa es que tampoco quiero hablar de mí, porque peor tiene que ser para quien ha nacido aquí y debe irse, o para quien vino hace años y sale rebotado.

Me temo que van a tener que modificar la propaganda institucional. Un lema mucho más adaptado a la situación actual de la ciudad podría ser: “Si vienes a Madrid, Madrid te tritura, te saca el jugo y te escupe”. Y si no cambiamos mucho las cosas, así será por mucho tiempo.

(1) Ponte tú, por ejemplo, a reproducirte cuando vives en una habitación de un piso compartido. Y luego Casado diciendo polladas sobre el aborto.

(2) Ha hecho cosas buenas, pero entre los presupuestos participativos que no se ejecutan, la tibieza de Carmena a la hora de defender a sus concejales atacados por la derecha, sus propias broncas internas (el caso Sánchez Mato fue una vergüenza) y la Operación Chamartín me tienen muy mosqueado.

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Filibusteros

En la última entrada hablamos, al hilo de otra cosa, del filibusterismo parlamentario. Nos referíamos a todas aquellas prácticas en las cuales se abusa del reglamento con el fin de paralizar la Cámara o de impedir que algunos de sus miembros disfruten de sus derechos legales. Más en concreto, denunciábamos que el PP y Ciudadanos estuvieran bloqueando la tramitación de una ley mediante el sencillo expediente de prorrogar, semana tras semana hasta sumar sesenta (casi dos años, contando vacaciones parlamentarias) el plazo para presentar enmiendas a la misma. Pueden hacerlo porque ambos partidos suman mayoría absoluta en la Mesa del Congreso.

Pues bien, justo esta semana hemos sabido que el Tribunal Constitucional ha anulado un acto similar de filibusterismo sucedido, eso sí, en 2017. Para unas prisas, ¿eh? Uno podría preguntarse, en primer lugar, qué hace el Tribunal Constitucional pronunciándose sobre cuestiones de mayorías y minorías parlamentarias, algo que se antoja que pertenece al núcleo más básico de la soberanía. Si la mayoría de la Cámara toma una decisión, no habría mucho más que hablar: estamos en una democracia, y la mayoría quiere que este asunto no se trate. Punto.

Pero esta visión está un poco desfasada. El Tribunal Constitucional es una institución dedicada a proteger derechos fundamentales, no solo contra actos de jueces o administradores, sino también de mayorías parlamentarias. Y resulta que uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución es el derecho a participar en política, sea directamente o sea por medio de representantes. A partir de este precepto y de algunos otros concordantes se ha ido desarrollando la idea de que los parlamentarios tienen derecho a poder desarrollar su función sin restricciones arbitrarias, puesto que si no fuera así se verían conculcados no solo sus derechos fundamentales como representantes, sino también los derechos de todas aquellas personas que les han votado.

Sentado ya esto, vamos a ver qué sucedió en 2017. Unidos Podemos presentó una ley sobre relaciones laborales. De inmediato, el Gobierno la vetó, acudiendo a un precepto constitucional que le permite paralizar la tramitación de toda propuesta que suponga menos ingresos o más gastos: más en concreto, afirmó que supondría 1.500 millones más de gastos en prestaciones por desempleo, puesto que los empresarios se pondrían a despedir como locos. El asunto llegó a la Mesa del Congreso y este órgano –compuesto, como sabemos, por una mayoría absoluta de PP y C’s– aceptó el veto sin valorarlo. Es aquí, en la actuación de la Mesa, donde se centra el recurso de Unidos Podemos.

Y es que estamos ante algo muy grave. Si le concedemos al Gobierno la opción de vetar cualquier propuesta que le fastidie las previsiones económicas, debemos obligarle al menos a que demuestre que la propuesta le fastidia las previsiones económicas. Si no, le estamos concediendo una herramienta ilimitada para controlar a la oposición: la capacidad de aprobar en persona las leyes que saca adelante el Poder Legislativo. Menudo trágala, ¿no? No es aceptable que una Mesa amiga acepte sin más cualquier veto que venga del Gobierno.

El Tribunal Constitucional empieza su análisis recordando que la capacidad de presentar proposiciones de ley es “la máxima expresión del ejercicio de la soberanía popular en el Estado democrático”. Es decir, que no se trata de una facultad menor, cuya restricción careciera de relevancia constitucional. Muy al contrario, vulnerar la facultad que tienen los diputados de presentar propuestas legislativas es atacar al núcleo duro de su función representativa.

¿Y se ha vulnerado esa capacidad? Pues el Tribunal Constitucional concluye que sí, y ello por dos razones. La primera, que el Gobierno se limitó a decir que la ley que proponía Podemos generaría 1.500 millones de gasto público sin vincularlo a ningún ejercicio presupuestario concreto, y lógicamente solo se puede hablar de aumento del gasto o de reducción del ingreso en relación al presupuesto actual, no a presupuestos futuros que aún no están aprobados. Y la segunda, y casi diría que más importante, que el Gobierno no explicó cómo llegó a esa cifra de 1.500 millones de gastos, sino que la arrojó a como pudo ser cualquier otra.

La Mesa, al comprar esos argumentos, no ha controlado de forma adecuada el derecho de veto del Gobierno y, en consecuencia, ha privado de un derecho fundamental a los diputados de Podemos. Dice el Tribunal Constitucional que la resolución de la Mesa por el que se acepta el veto del Gobierno es “abstracta y formalista” y que no responde a los argumentos de Podemos sino que se limita a decir que el Gobierno ha motivado su acto. En esas condiciones, la única solución posible es otorgar el amparo.

Esta resolución es interesante porque, como decíamos al principio, se puede aplicar casi palabra por palabra al asunto que comentábamos en la entrada anterior. Aquí también tenemos una proposición de ley presentada por la oposición y aquí también tenemos un bloqueo en la Mesa por medios discutibles: lo que en la sentencia que acabamos de analizar era la aceptación de un veto insostenible, en el caso presente es la prórroga indefinida del plazo de enmiendas. En un caso, como en el otro, el resultado es que la propuesta se bloquea y no se admite a trámite.

Ojo, no estamos diciendo que las proposiciones de ley de Unidos Podemos deban aprobarse sin más. Por supuesto que no. Están sometidas al mismo juego de las mayorías que todo el mundo, y si no logran concitar apoyo suficiente deben rechazarse. Pero una cosa es eso y otra que la proposición no llegue ni siquiera a debatirse porque otros grupos parlamentarios (que encima van de demócratas y constitucionalistas) la están bloqueando con malas artes. Eso es impedir trabajar a los diputados de Podemos y vulnerar sus derechos y los de sus votantes.

El asunto, eso sí, ya no tiene arreglo. En la semana y media transcurrida desde el artículo anterior de este blog, ha caído el Gobierno y se han convocado elecciones. Aunque Unidos Podemos, animado por la sentencia que hemos analizado, presentara un recurso de amparo para protegerse de la vulneración que sigue sufriendo semana tras semana, no estaría resuelto hasta dentro de dos o tres años, en un contexto parlamentario muy distinto.

Parece que esta vez los filibusteros han ganado.

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El artículo 324

España tiene un problema. Bueno, a ver, tiene muchos, pero hoy me quiero centrar en uno: la excesiva duración de las causas judiciales. Los procesos se alargan y se alargan y se alargan y se alargan hasta el infinito. Si nos referimos solo a los procedimientos penales (es decir, a los que enjuician delitos), el principal cuello de botella es la instrucción, que es el nombre técnico para llamar a la investigación. Es aquí donde las cosas se atascan, porque los Juzgados de Instrucción están colapsados: cada juez tiene que investigar decenas o cientos de casos, lo cual significa coordinar a policías para que realicen materialmente los actos de indagación, escribir mucho papeleo, comunicárselo todo a las partes… todo esto con unos medios de lo más precario, tanto en material como en personal.

Así pues, en la pasada legislatura (1), el ministro Catalá tuvo una ideaza. ¿Qué iba a hacer el ínclito gobernante para resolver el problema? ¿Crear más Juzgados? ¿Dotar de más medios a los existentes? ¿Concederles la instrucción a los fiscales? ¡No! Todo eso son tonterías. Si la instrucción se demora más de lo que es aceptable, limitamos por ley su duración máxima y santas Pascuas. Es más, vamos a añadir a la ley una disposición adicional que deje claro que a este plazo máximo no se acompaña ninguna dotación extra de recursos. Problema resuelto, y nos da tiempo de irnos a merendar. No sé cómo no se le había ocurrido a nadie antes, ¿eh?

Semejante, eh, solución, se plasmó en el artículo 324 LECrim. Este artículo dice que la instrucción de los procedimientos penales durará un máximo de seis meses, salvo que se considere que se trata de un caso complejo (grupos criminales, muchos hechos punibles, actuaciones en el extranjero, etc.) en cuyo caso el plazo es de 18 meses prorrogables por un máximo de otros 18 meses. Cuando pasa ese tiempo, la causa se cierra: si se han recabado pruebas contra alguna persona, se abrirá juicio oral contra ella; si no, será archivada.

Esto es tan absurdo como establecer que un cirujano no puede estar más de dos horas operando o que las obras en tu casa no pueden durar más de cuatro días, de tal modo que pasado ese tiempo el médico y el obrero deben largarse dejando la operación o las obras tal y como estén. Si han terminado, bien; si no, pues qué lástima. Alguien ingenuo puede pensar que esta norma es, precisamente, una muestra de ingenuidad, de creer que el mundo se cambia a golpe de ley, cuando en realidad se necesitan políticas más continuadas en el tiempo. Alguien cínico diría que fue una maniobra del PP para intentar que las investigaciones sobre algunas de sus numerosas causas de corrupción se cerraran antes de acabar. En cualquiera de los dos casos, queda claro que se trata de una regulación estúpida.

El problema es tanto la resolución de las causas simples como las llamadas “complejas”. En los casos simples, seis meses pasan en un maldito suspiro, como bien puede contar esta fiscal. En los complejos, parece que 18 meses prorrogables por otros 18 es muchísimo tiempo, pero no es tanto. Por ejemplo, la instrucción del caso 11-M duró 31 meses, de marzo de 2004 a octubre de 2006. En el caso de los ERE de Andalucía, el Juzgado estuvo investigando desde enero de 2011 a junio de 2016, unos 65 meses. Con la instrucción de la Gurtel ni siquiera voy a contar meses: duró de 2008 a 2016. ¿A que ahora esos 36 meses –que ni siquiera son seguros, pues primero hay que conseguir que se declare compleja la causa y luego que se conceda la prórroga y que ésta sea del máximo posible– ya no parecen tanto?

Bien, si tan horrible es el artículo 324 LECrim, vamos a derogarlo. El PP ya no está en el poder, se le puede dar impulso parlamentario, incluso Ciudadanos se mostró a favor en 2016 presentando una proposición de ley que incluía la anulación de este artículo. No debería costar. Y supongo que con esta idea en la cabeza, el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea presentó en marzo de 2017 una proposición de ley con un único artículo: “Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Y ahí sigue, atascada.

El problema está en la Mesa del Congreso, que es el órgano que gobierna la Cámara. Esta institución tiene nueve miembros, de los cuales cinco son de PP y C’s y cuatro son de PSOE y UP. Creo que ya se puede ver el problema. El PSOE aceptó esta distribución al principio de la legislatura y lleva arrepintiéndose de ella desde que ganó la moción de censura, porque permite que la derecha haga filibusterismo parlamentario de una manera cómoda y segura.

Llamamos filibusterismo a aquellas tácticas parlamentarias que intentan obstruir el funcionamiento normal de la Cámara por medio del abuso del reglamento. El ejemplo obvio es el de James Stewart en Caballero sin espada: aprovechando que en el parlamentarismo anglosajón nadie puede retirarle la palabra a un orador, éste habla, habla y habla con el fin de paralizar la sesión e impedir que se vote durante horas o incluso días. Aquí ha pasado algo parecido. Cuando una ley entra en tramitación, se abre un plazo de siete días para que se presenten enmiendas, plazo que puede prorrogarse las veces que haga falta si la Mesa lo aprueba. El plazo inicial terminó el 6 de junio de 2017 y desde entonces los cinco diputados de PP y Ciudadanos que conforman la Mesa lo han prorrogado sesenta veces.

Sesenta veces. Sesenta. Sesenta semanas sentándose cada martes y votando a favor de ampliarlo, sin que se les cayera la cara de vergüenza. Por supuesto, no tienen ninguna intención de presentar enmiendas. El texto original de la proposición de ley tiene once palabras: cualquier enmienda debería haberse propuesto hace ya mucho. Es una simple táctica dilatoria. Quieren llegar al final de la legislatura sin que esto se apruebe: el PP porque es su ley y Ciudadanos porque es el lacayito del PP. Sí, en 2016 presentó una proposición para que eliminar el artículo 324 LECrim, pero como gesto de cara a la galería que no iba a salir.

Es una actuación rastrera. Saben que no pueden competir en el debate parlamentario en este tema: la proposición de Podemos sería aceptada sin apenas trámite y ellos quedarían sin defensa, porque no hay defensa posible para algo como el artículo 324 LECrim. Así que usan su posición de poder en la Mesa, donde no hay diputados de esos molestos grupos parlamentarios vascos, catalanes y mixto (solo son nueve puestos a repartir entre los cuatro grandes) y donde un 47,43% de diputados –lo que tienen sumado PP y C’s– se transforma en una mayoría absoluta.

¿Qué se puede hacer? La vía larga es recurrir al Tribunal Constitucional en amparo. El derecho a participar en política es fundamental, y hay jurisprudencia constitucional avalando los derechos de diputados de la oposición frente a decisiones injustas o discriminatorias de los órganos de gobierno parlamentarios (en este caso, la Mesa). Pero para cuando eso estuviera resuelto, igual estamos en 2050 y nos gobierna un ciborg con el cerebro de Sigfrid Soria.

A corto plazo, pues imagino que habrá que hacer lo de siempre: tirar de decreto ley. Si Pedrete se anima, es el momento. Porque me temo que la opción de que al PP y a Ciudadanos (los partidos demócratas, constitucionalistas y de centro sensato) les entre de repente un ataque de responsabilidad no está ni siquiera encima de la mesa, por supuesto. Así han sido siempre: consideran que gobernar es su derecho divino y que cualquiera que les aparte de él es un golpista. Hay que limitarse a rodearlos y no hacer demasiado caso de sus ladridos.

(1) En verdad hace dos legislaturas, si contamos la fallida que fue de enero a mayo de 2016.

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HazteOír, desinteresado

Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno español en el siglo XXI. Logros: sobrevivir a Susana Díaz, ganar una moción de censura (básicamente por estar en el lugar adecuado en el momento oportuno) y quitarle a HazteOír la condición de asociación de utilidad pública. Y pare usted de contar. Porque sí, queda como año y medio de legislatura –hasta el 26 de junio de 2020– pero ya hay en el aire una sensación como de mandato agotado. El Gobierno no tiene presupuestos ni socios y, aunque de momento nadie habla de elecciones anticipadas, su capacidad de tomar medidas parece muy comprometida.

Al menos, como digo, lo de HazteOír está atado y bien atado. Al menos durante este año y medio, esta pandilla de reaccionarios no va a poder disfrutar de todas las ventajas que da la condición de utilidad pública. Iba siendo hora, ¿eh? Llevaba teniendo esta consideración desde mayo de 2013, es decir, casi seis años durante los cuales ha gozado de una buena cantidad de privilegios fiscales. Privilegios que añadían una vuelta de tuerca más a la ofensa que supone la existencia de semejante grupo de odio.

El punto de quiebre ha sido, claro, el famoso autobús con un mensaje transfóbico que anduvieron paseando por toda España en 2017. El de “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva” y toda esa mierda. Ese autobús ya provocó que el Ministerio de Interior de Zoido (todavía con el PP a los mandos, pero ya defenestrado Fernández Díaz) volviera a valorar la condición de utilidad pública de HazteOír, aunque al final se la mantuvo. Aquello fue más bien un gesto de cara a la galería, por mucho que en su momento yo me atreviera a expresar cierta esperanza.

Ahora bien, pasó el tiempo y HazteOír tuvo que rendir cuentas de esa campaña (que no solo era el autobús sino toda clase de material a repartir en colegios y centros educativos), pues como asociación de utilidad pública también está obligada a ciertas obligaciones documentales. Presentó las cuentas en agosto de 2018, es decir, justo cuando acababa de entrar el nuevo Gobierno; en estas cuentas estaba, claro, esta actividad. Y eso ha sido lo que ha empleado la Secretaría General Técnica del nuevo Ministerio del Interior para justificar la decisión.

Cabe recordar que la condición de utilidad pública se concede a aquellas asociaciones que promuevan el “interés general” y cuyos fines sean de carácter cívico, educativo, científico, de promoción de los valores constitucionales, de protección de la infancia, de voluntariado social, de defensa del medio ambiente y así hasta veinte finalidades que puede perseguir una de estas asociaciones. Pero es que, además, el artículo 4.5 de la ley que regula el derecho de asociación impide que los poderes públicos faciliten “ayuda” (y sin duda la condición de utilidad pública es una ayuda importante) a las asociaciones que “en su proceso de admisión o en su funcionamiento” discriminen por nacimiento, sexo, raza o cualquier otra circunstancia.

Y ahora vayamos a la campaña. Según ha trascendido a prensa (pues la resolución administrativa, que yo sepa, no se ha publicado), el Ministerio considera ahora que HazteOír ha expresado sus propias ideas de una manera extralimitada, puesto que ataca la dignidad de colectivos enteros. En los extractos citados por distintos diarios se habla de “mensajes atentatorios (…) incompatibles con cualquier reconocimiento público” y de “falta de respeto por otras opciones distintas a las defendidas por esta entidad, incompatibles con la necesaria promoción del interés general”.

Eso sí, el Ministerio no llega hasta el punto de censurar las manifestaciones de HazteOír o considerarlas discurso de odio. Antes bien, las considera dentro de la libertad de expresión: la asociación puede existir, puede estar formada y dirigida por transfóbicos y puede soltar al aire estos mensajes tan nocivos porque existen la libertad ideológica y de expresión. Sin embargo, eso no quiere decir que el Estado le tenga que conceder beneficios fiscales. Si tu principal actuación durante el año 2017 es una campaña que es básicamente un insulto hacia todo un colectivo, no te quejes de que te quitan la condición de utilidad pública.

Por supuesto, el jefe de HazteOír ya ha salido a decir que esto es una sanción, que va a recurrir y que va a poner más autobuses. Al recurso le auguro poco recorrido: trabajar con conceptos jurídicos tan indeterminados como “objetivos de interés general” o “utilidad pública” es lo que tiene. La Administración tiene un margen de apreciación muy amplio, siempre que motive, y aquí lo ha hecho. En cuanto al tema de que le están haciendo objeto de una persecución ideológica y que esto es una dictadura… pues qué vamos a decir, si son las chaladuras habituales.

En la entrada sobre el tema que escribí en 2017 (y que he enlazado más arriba) he mencionado que un Ministerio valiente se atrevería no solo a retirarle la condición de utilidad pública a HazteOír, sino a revocar el acto de 2013 por el que se la concede, asumiendo que otorgársela fue un error desde el principio. Por supuesto, esto no va a pasar: no es solo que el PSOE no quiera meterse en otro fregado (y más en uno de resultado tan incierto) sino que se le ha pasado el plazo para tomar una medida de ese calibre. De momento, eso sí esta pandilla de impresentables no va a rapiñar más dinero público por esta vía.

En estos tiempos es todo un consuelo.

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