En la última entrada hablamos, al
hilo de otra cosa, del filibusterismo parlamentario. Nos referíamos a todas
aquellas prácticas en las cuales se abusa del reglamento con el fin de
paralizar la Cámara o de impedir que algunos de sus miembros disfruten de sus
derechos legales. Más en concreto, denunciábamos que el PP y Ciudadanos
estuvieran bloqueando la tramitación de una ley mediante el sencillo expediente
de prorrogar, semana tras semana hasta sumar sesenta (casi dos años, contando
vacaciones parlamentarias) el plazo para presentar enmiendas a la misma. Pueden
hacerlo porque ambos partidos suman mayoría absoluta en la Mesa del Congreso.
Pues bien, justo esta semana hemos sabido
que el Tribunal Constitucional ha anulado un acto similar de
filibusterismo sucedido, eso sí, en 2017. Para unas prisas, ¿eh? Uno podría
preguntarse, en primer lugar, qué hace el Tribunal Constitucional
pronunciándose sobre cuestiones de mayorías y minorías parlamentarias, algo que
se antoja que pertenece al núcleo más básico de la soberanía. Si la mayoría de
la Cámara toma una decisión, no habría mucho más que hablar: estamos en una
democracia, y la mayoría quiere que este asunto no se trate. Punto.
Pero esta visión está un poco desfasada.
El Tribunal Constitucional es una institución dedicada a proteger derechos
fundamentales, no solo contra actos de jueces o administradores, sino también
de mayorías parlamentarias. Y resulta que uno de los derechos fundamentales que
recoge la Constitución es el derecho a participar en política, sea
directamente o sea por medio de representantes. A partir de este precepto y de
algunos otros concordantes se ha ido desarrollando la idea de que los
parlamentarios tienen derecho a poder desarrollar su función sin restricciones
arbitrarias, puesto que si no fuera así se verían conculcados no solo sus
derechos fundamentales como representantes, sino también los derechos de todas
aquellas personas que les han votado.
Sentado ya esto, vamos a ver qué sucedió
en 2017. Unidos Podemos presentó una ley sobre relaciones laborales. De
inmediato, el Gobierno la vetó, acudiendo a un precepto constitucional que le
permite paralizar la tramitación de toda propuesta que suponga menos ingresos o
más gastos: más en concreto, afirmó que supondría 1.500 millones más de gastos
en prestaciones por desempleo, puesto que los empresarios se pondrían a
despedir como locos. El asunto llegó a la Mesa del Congreso y este órgano
–compuesto, como sabemos, por una mayoría absoluta de PP y C’s– aceptó el veto
sin valorarlo. Es aquí, en la actuación de la Mesa, donde se centra el recurso
de Unidos Podemos.
Y es que estamos ante algo muy grave. Si
le concedemos al Gobierno la opción de vetar cualquier propuesta que le
fastidie las previsiones económicas, debemos obligarle al menos a que demuestre
que la propuesta le fastidia las previsiones económicas. Si no, le estamos
concediendo una herramienta ilimitada para controlar a la oposición: la
capacidad de aprobar en persona las leyes que saca adelante el Poder
Legislativo. Menudo trágala, ¿no? No es aceptable que una Mesa amiga acepte sin
más cualquier veto que venga del Gobierno.
El Tribunal Constitucional empieza su
análisis recordando que la capacidad de presentar proposiciones de ley es “la
máxima expresión del ejercicio de la soberanía popular en el Estado
democrático”. Es decir, que no se trata de una facultad menor, cuya restricción
careciera de relevancia constitucional. Muy al contrario, vulnerar la facultad que
tienen los diputados de presentar propuestas legislativas es atacar al núcleo
duro de su función representativa.
¿Y se ha vulnerado esa capacidad? Pues el
Tribunal Constitucional concluye que sí, y ello por dos razones. La primera,
que el Gobierno se limitó a decir que la ley que proponía Podemos generaría
1.500 millones de gasto público sin vincularlo a ningún ejercicio
presupuestario concreto, y lógicamente solo se puede hablar de aumento del
gasto o de reducción del ingreso en relación al presupuesto actual, no a
presupuestos futuros que aún no están aprobados. Y la segunda, y casi diría que
más importante, que el Gobierno no explicó cómo llegó a esa cifra de 1.500
millones de gastos, sino que la arrojó a como pudo ser cualquier otra.
La Mesa, al comprar esos argumentos, no
ha controlado de forma adecuada el derecho de veto del Gobierno y, en
consecuencia, ha privado de un derecho fundamental a los diputados de Podemos.
Dice el Tribunal Constitucional que la resolución de la Mesa por el que se acepta
el veto del Gobierno es “abstracta y formalista” y que no responde a los
argumentos de Podemos sino que se limita a decir que el Gobierno ha motivado su
acto. En esas condiciones, la única solución posible es otorgar el amparo.
Esta resolución es interesante porque,
como decíamos al principio, se puede aplicar casi palabra por palabra al asunto
que comentábamos en la entrada anterior. Aquí también tenemos una proposición
de ley presentada por la oposición y aquí también tenemos un bloqueo en la Mesa
por medios discutibles: lo que en la sentencia que acabamos de analizar era la
aceptación de un veto insostenible, en el caso presente es la prórroga
indefinida del plazo de enmiendas. En un caso, como en el otro, el resultado es
que la propuesta se bloquea y no se admite a trámite.
Ojo, no estamos diciendo que las proposiciones
de ley de Unidos Podemos deban aprobarse sin más. Por supuesto que no. Están
sometidas al mismo juego de las mayorías que todo el mundo, y si no logran
concitar apoyo suficiente deben rechazarse. Pero una cosa es eso y otra que la
proposición no llegue ni siquiera a debatirse porque otros grupos
parlamentarios (que encima van de demócratas y constitucionalistas) la están
bloqueando con malas artes. Eso es impedir trabajar a los diputados de Podemos
y vulnerar sus derechos y los de sus votantes.
El asunto, eso sí, ya no tiene arreglo.
En la semana y media transcurrida desde el artículo anterior de este blog, ha
caído el Gobierno y se han convocado elecciones. Aunque Unidos Podemos, animado
por la sentencia que hemos analizado, presentara un recurso de amparo para
protegerse de la vulneración que sigue sufriendo semana tras semana, no estaría
resuelto hasta dentro de dos o tres años, en un contexto parlamentario muy
distinto.
Parece que esta vez los filibusteros han
ganado.
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Y ahora el PSOE volverá a prometer eliminar la reforma laboral, la ley mordaza y el concordato con la santa sede si llega al gobierno.
ResponderEliminarCuando llegue dirá que eran "metáforas"
Igual que la metafora de los 600000 en Andalucía.
¿No querrán decir "mete fuera, mete y afuera y repite otra vez?
Es incomprensible ver las tragaderas que tienen los votantes de PSOE. Se la meten y se la sacan y no se enteran.
Postdata: Debo ser un robot, tres veces me ha hecho repetir el programa las pruebas para publicar el comentario.
Bueno, no sé qué tiene que ver eso con la entrada sobre filibusterismo, pero supongo que tienes razón xD Puedo entender el votar al PSOE como mero cálculo electoral, para impedir el avance de Vox, pero a estas alturas tiene delito creerse al PSOE.
EliminarLa democracia está en unas horas muy bajas, en gran parte gracias a unos medios de comunicación que en vez de hacer de control, se han convertido en gabinetes de comunicación de los partidos.
ResponderEliminarLa gente está más informada sobre cómo se ha impuesto el poder ejecutivo, con el apoyo del poder judicial, sobre el legislativo de un país que se encuentra a 7000km, que sobre lo propio en nuestro país. El panorama actual no da mucho pie a la esperanza.
Gran artículo
Lo de los medios es de risa. Eso sí, díselo y verás como te saltan con lo de "sin periodismo no hay democracia, blablebli".
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