Formación moral

Murcia es hoy un poco menos hermosa. Resulta que el Foro de la Familia (esa institución ultraconservadora de la cual hablamos por última vez cuando tuvo la ocurrencia de pedir que se regulara un matrimonio sin divorcio) se ha quejado a la Consejería de Educación murciana porque algunos institutos estaban invitando a una asociación LGTB a dar charlas de afectividad y sexualidad, con el objetivo principal de prevenir el acoso escolar. Esto no es en sí una noticia: el trabajo del Foro de la Familia es precisamente soltar esta clase de barbaridades retrógradas. El problema es que el Gobierno regional ha tragado. Las charlas han quedado aplazadas sine die, que es el eufemismo para decir que se han cancelado. Y lo más grave de todo: a partir de ahora los institutos de Murcia tendrán que informar a las familias del contenido de toda actividad impartida por personal externo, para que aquéllas puedan decidir si objetan o consienten.

El argumento del Foro de la Familia, por supuesto, es el mismo de siempre: los padres tienen derecho a elegir la formación moral de sus hijos. ¡Lo pone en la Constitución! Concretamente en el artículo 27.3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Qué formulación más rotunda. Está claro que es un derecho de los padres oponerse a que sus hijos reciban charlas adoctrinadoras con un contenido tan ideológicamente peligroso como que no hay que hacerle bullying a otros alumnos por su orientación o su identidad sexual.

Yo, la verdad, maldigo el momento en el que al constituyente se le ocurrió mencionar este derecho en el artículo dedicado a la educación. Para empezar, porque no añadió nada: la libertad de conciencia ya incluye, como es lógico, el derecho al proselitismo y a transmitir las propias convicciones a los hijos (1). Desde el momento en que se reconoce la primera (artículo 16 CE) no es necesario mencionar de expresa el segundo. Y en cuanto a la rotundidad que parece aportar el inicio de la frase (ese “los poderes públicos garantizan”), en realidad no es tal. Si estamos ante un derecho fundamental, por supuesto que los poderes públicos deben garantizarlo. No, el artículo 27.3 CE no añade nada.

Lo que sí hace es restar. Restar derechos a los menores en detrimento de los de sus padres. Porque este derecho ha sido enarbolado siempre desde las mismas posiciones ideológicas y siempre para lo mismo: para exigir que los niños sean aislados de la realidad. Da igual que hablemos de Educación para la Ciudadanía (no pararon hasta que no se la cargaron) o de charlas impartidas por un colectivo LGTB. El presidente de ese chiringuito expendetítulos que es la Universidad Católica San Antonio de Murcia lo ha dejado claro: “soy católico y no quiero que estas personas le den educación a mis hijos o a mis nietos”. Blanco y en botella.

El problema es que este derecho no se interpreta así. Los colectivos como el Foro de la Familia hacen, porque les interesa, una interpretación no ya extensiva sino omnicomprensiva. El derecho a elegir la educación religiosa y moral de los propios hijos aparece como una especie de leviatán que se traga todo lo que se le pone por delante, cuando no es eso en absoluto. Estamos, más bien, ante un derecho de mínimos, que pretende garantizar la libertad ideológica de los padres a la hora de criar a su prole, pero que no limita a otros agentes que también puedan tener interés en impartir formación ética.

Me explico: el derecho del artículo 27.3 sirve para impedir que el Estado monte gulags educativos, no para otra cosa. Si unos progenitores católicos quieren que su prole sea educada en los valores católicos, el Estado no puede prohibírselo; al contrario, debe garantizárselo. Los padres pueden impartir doctrina católica a sus hijos, por sí mismos o mediante terceros designados por ellos (sacerdotes, catequistas, etc.), y los poderes públicos no pueden interferir ahí. Pero, una vez garantizado este derecho, nada impide que los menores reciban otras educaciones morales y éticas, a cargo de sujetos distintos a sus propios padres, y que podrán entrar más o menos en conflicto con la impartida por sus progenitores.

Pretender lo contrario sería, en primer lugar, ilusorio. La formación ética de una persona raras veces depende solo de clases regladas. El grupo de iguales, el ejemplo de otras personas, los mensajes que llegan de la televisión o de Internet, la propia experiencia… todo eso va tallando la ética de una persona en crecimiento y determinará lo que considera aceptable e inaceptable al final de su adolescencia. Si entendemos el derecho del artículo 27.3 CE tal y como parece concebirlo el Foro de la Familia, estaríamos habilitando a los progenitores para encerrar a su prole en una burbuja en la que todas esas influencias anticatólicas queden anuladas. Y eso es imposible (2).

Pero es que además hay otros sujetos que tienen la expectativa legítima de impartir educación ética a los menores. Y sí, me refiero a los poderes públicos. Si el párrafo 3 del artículo 27 CE reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación moral acorde a sus convicciones, el párrafo 2 permite al Estado educar en valores: dice que la educación tiene por objeto educar en el respeto a los principios democráticos y a los derechos fundamentales. Esta es la base jurídica que, en último término, permitía impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y es la que amparaba las charlas dadas por el colectivo LGTB en Murcia. La idea de que la escuela pública es un lugar neutral dedicado solo a la transmisión de conocimientos está hoy ampliamente superada.

Y luego están, claro, los derechos fundamentales de los menores. Porque aquí parece que el interés del menor no importa, cuando es el criterio básico. Los hijos de estos católicos enfurecidos tienen derecho a que se les hable de orientaciones sexuales e identidades de género distintas a la normativa. Es perfectamente posible que ellos tengan esas orientaciones e identidades, y que una charla sobre el tema les siente como agua de mayo. Que sus padres sean unos retrógrados no es base suficiente para discriminar a unos alumnos que puede que necesiten más que los demás que alguien les diga que no son monstruos.

Pero es que además, aun suponiendo que los hijos de estos foreros familiares sean cishetero, la educación sobre temas LGTB sigue siendo necesaria. Y lo es tanto por ellos (para que aprendan a tratar con una diversidad que existe en el mundo real pero a la que quizás no están acostumbrados) como por el alumnado LGTB, que sufre unas tasas de acoso escolar de lo más preocupante. Recordemos que las charlas que han prohibido en Murcia no eran lavados de cerebro para homosexualizar niños, sino actividades para prevenir el bullying.

Así que no, no cuela. Señores del Foro de la Familia, nadie les impide educar a sus hijos en la fe católica; al contrario, se trata de un derecho que debe respetarse. Pero ese derecho no lo cubre todo. Abarca que ustedes impartan formación moral, no que veten el acceso de sus hijos a otras fuentes de valores, por muy en conflicto que estén con los de su religión. Claro, es obvio que ustedes tienen miedo de que esa formación católica no aguante la comparación con valores sanos y sin olor a cerrado. Pero eso, me disculparán ustedes que lo diga, es su problema.

El Estado debe educar en valores. Si esos valores chocan con los impartidos por las familias, el conflicto deberá resolverse en la mente de cada alumno, no mediante la retirada de uno de los contendientes a golpe de artículo constitucional mal entendido. Tú tienes derecho a educar a tu prole en tus propias ideas, no a que esa educación tenga efecto (algo, por lo demás, imposible de garantizar) ni a meter a tus hijos en una cámara de eco donde solo escuchen tus sermones.

Y por encima de todo: no, no, por supuesto que no merma tus derechos como padre que a tus hijos les impartan una charla anti-bullying.

(1) Así lo reconoce la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en su artículo 2.1.c.

(2) Aparte de, por supuesto, perjudicial para el menor. Pero al Foro de la Familia le dan igual los menores; solo quieren calmar sus conciencias de católicos culpables.

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