Degradación

Mañana es el gran día. ¿Se votará? ¿No se votará? ¿Abrirán los colegios gracias a los bomberos? ¿Los cerrarán los mossos? ¿Y qué pasará después? El tema del referéndum de independencia catalán está de moda. Incluso yo, que hace semanas que me confesaba aburrido del asunto y decía que estaba voluntariamente desinformado, he acabado leyendo sobre el tema y opinando. Esta entrada no pretende ser más que un volcado general de todas las ideas que tengo al respecto.

Lo primero que tenemos que recordar es que el referéndum es ilegal. Éste es el marco del que debe partir todo análisis: la ilegalidad del referéndum (y de todo el proceso de independencia) es meridiana, tanto a la luz del derecho español como del internacional. Podemos desear que las cosas fueran de otra manera, pero en serio que no hay debate al respecto. Por centrarnos solo en la Constitución española, el artículo 149.1.32ª recoge la competencia exclusiva del Estado para convocar referendos, por lo que toda la normativa catalana que contradice este precepto es nula (1). Y no hay mucho más que decir: la norma es clara y tajante.

A partir de ahí podemos, claro, opinar. Y yo opino que el citado artículo 149.1.32ª es una barbaridad antidemocrática. Considero que el referéndum es una herramienta útil, aunque no la panacea, y que es bastante ridículo que una Constitución prohíba que una autoridad democrática (sea regional o municipal) consulte a su pueblo sobre los temas que desee. En mi opinión el artículo 149.1.32ª CE sobra por completo y se le debería conceder a las Comunidades Autónomas y a los municipios el derecho a organizar referendos.

Entonces tenemos claro que el referéndum catalán es ilegal. Pero ¿es delito? Es decir, ¿sus convocantes se enfrentan a una pena? Lo primero que tenemos que decir es que no hay un delito de referéndum ilegal. Lo hubo,  durante un breve periodo de tiempo: en 2003 Aznar introdujo un artículo en el Código Penal, el 506 bis, que castigaba a los funcionarios que convocaran un referéndum sin tener competencias para ello (prisión de 3 a 5 años) o que colaboraran con el mismo (prisión de 1 a 3 años). No duró mucho: en 2005 Zapatero lo quitó.

Sin embargo, eso no significa que la actuación de Puigdemont y demás sea penalmente irrelevante. De hecho, el registro de diversas sedes del Gobierno catalán y la requisa de papeletas se han hecho a instancias de un juez, aunque no se puede saber qué delitos se están considerando porque el sumario es secreto. Mi apuesta es que van a usar tipos penales genéricos, como prevaricación (dictado de actos administrativos ilegales), malversación (uso de dinero público para fines inapropiados) y desobediencia. Los promotores del referéndum no acabarán imputados por ningún macrodelito de nombre rimbombante, como rebelión o traición, sino por varios tipos penales más comunes.

Así que el estado de la cuestión es que tenemos un referéndum ilegal sobre cuyos convocantes hay fundadas sospechas de que están cometiendo algún delito. Ante esto, el Estado podría haber optado por diversas soluciones más o menos dialogadas, legales o efectivas. Pero claro, si hemos llegado hasta este punto es porque mucha voluntad de diálogo no hay. Y este gobierno nunca se ha caracterizado por su afán por defender la legalidad o por su ímpetu y efectividad. Más bien es de dejar que los problemas se arreglen solos o bien que se pudran hasta que dejen de oler. Y eso es lo que han hecho en el caso de Cataluña.

Es importante reseñar que el Gobierno tenía una herramienta para intervenir. Nos referimos al famoso artículo 155 CE, que habla del caso en que una Comunidad Autónoma no cumple sus obligaciones legales o actúa contra el interés general de España. No creo que haya que argumentar demasiado para entender que un referéndum secesionista entra en ambos supuestos, la verdad. Una vez que estamos en este caso, el Gobierno debe requerir al presidente de la Comunidad Autónoma que vuelva al orden. Si éste no le hace caso, le puede pedir al Senado (2) que le autorice a tomar medidas.

¿Qué medidas? Las que sea. La Constitución no lo dice: simplemente habla de “las medidas necesarias” para que se cumpla la ley o para proteger el interés general. Se puede suspender la autonomía, se puede destituir a cargos electos, se pueden congelar las cuentas, se puede hacer lo que sea. ¿Y sacar los tanques a la calle? Pues lo cierto es que la Constitución no lo prohíbe, pero yo me inclinaría por pensar que una medida tan radical requiere de la declaración de un estado de excepción, que ya es algo más grave. Al fin y al cabo, esperamos cierta proporcionalidad de nuestros gobernantes, y el artículo 155 CE ya permite que el Gobierno le dé instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. Solo si la crisis no se puede resolver así estaría justificada una intervención militar.

Por supuesto, el Gobierno no ha hecho nada de esto. A Mariano Rajoy no le gusta demasiado lo de operar en público, con luz y taquígrafos y diciendo lo que va a hacer. Prefiere trabajar por detrás. Así, han aplicado medidas oscuras, como una intervención de las cuentas de la Generalitat. También se dijo que el Gobierno tomaba el control de los Mossos: luego resultó que no era así (3), pero el empeño de toda la prensa en sacarlo en primera plana tuvo el efecto deseado. Al final, lo que tenemos es a un Gobierno retirando competencias de tapadillo para no enfrentarse a un debate parlamentario.

Lo que está pasando en el resto de España es también deprimente. El Gobierno y sus afines han conseguido convertir un tema de reclamaciones territoriales en un asunto de derechos civiles. Lo vimos, por ejemplo, en la prohibición por parte de un juez de que en Madrid se celebrara un acto pro-referéndum. Ojo, no se trata del propietario de una sala de reuniones que dice que en su local no se hace nada de eso (de lo cual es muy dueño), sino de un juez prohibiendo que se realice un acto político con la excusa de que lo que se va a reivindicar está prohibido por la Constitución. Pues estaríamos buenos si solo pudiéramos pedir las cosas que caben dentro de tan sagrado texto, ¿no? (4)

Y claro, este ambiente de crispación se traslada a la calle. El nacionalismo catalán y el español se retroalimentan mutuamente, en una espiral de vergüenza ajena a la cual no puedo más que asombrarme. Por ejemplo, tenemos al PP de Madrid promoviendo juras de bandera masivas para contrarrestar el independentismo, en una especie de pensamiento mágico bien curioso. Y luego está cuando el asunto pasa a niveles delictivos, como el botellazo que le dieron a la presidenta de las Cortes aragonesas cuando salió de la asamblea de cargos públicos convocada por Podemos.

Quizás lo más preocupante de todo este asunto sea el tema de la Guardia Civil. Esta semana hemos podido ver vídeos de la partida de distintas dotaciones de picoletos que van a estar en Cataluña hasta la semana que viene. Deprimente. Pequeñas multitudes despidiéndoles entre aplausos, gritos de “A por ellos” y de “Hostias como panes”, honores militares promovidos desde arriba, gritos y cánticos fascistas, presencia de cargos públicos como la subdelegada del Gobierno en Huelva… toda una serie de imágenes patéticas.

Y sí, digo patéticas, porque viéndolas parece que se van a conquistar un país enemigo en vez de a cumplir una resolución judicial. Dada la gran cantidad de gente que les vitorea y les llama valientes, uno podría creer que están en riesgo de sufrir un daño mayor que el de no dormir bien por no estar acostumbrados a la almohada. Les han despedido con compañeros en formación, aplausos y gritos de ánimo, como si se fueran a enfrentar con gente armada, pero su objetivo no es más que conseguir que permanezcan cerrados unos locales que deben permanecer cerrados. Es ahí, en esa disparidad entre su labor real y la forma de tratarlos, donde reside el patetismo.

Veo también revanchismo y odio. Gente que de verdad ve el mundo en blancos y negros, con los separatistas enfrente como si fueran una especie de enemigo maléfico en vez de personas de lo más normal. Gente que quiere que vuelva a haber “orden”, que de verdad desea ver tanques por la Diagonal y que le cuenten que todo se ha disuelto a hostias. Gente que no estará feliz hasta que no haya muertos. Gente, en definitiva, que saca a pasear al ultraderechista que lleva dentro y que ha estado décadas medio agazapado.

Intentan convencerte de que no es así, pero no cuela. Hoy mismo he podido leer que en el fútbol también se grita “¡A por ellos!” y eso no quiere decir que se desee la muerte del adversario, sino su derrota. Pero precisamente a eso voy. A que esa épica de baratillo va de victorias y derrotas, de aliados y enemigos, de buenos y malos. Y eso es muy peligroso, porque supone confundir a un cuerpo policial (como es la Guardia Civil, por mucha estructura militar que tenga) con una fuerza militar. No podemos permitirlo.

Este artículo me ha quedado más largo que un día sin pan, así que voy terminándolo. Me parece que el proceso catalán no va a ir a ninguna parte: aunque se vote, salga el “Sí” y haya una DUI, las autoridades catalanas no tienen capacidad para ejecutar esa decisión y suerte tendrán si no acaban detenidas. También creo que en un referéndum pactado, con garantías y celebrado en un clima de normalidad saldría un “No” rotundo: el Gobierno es una máquina de generar independentistas.

Al final, mi deseo ante esta incertidumbre es muy simple: que el 1 de octubre termine sin que tengamos que lamentar desgracias. También iba a poner “y que todo vuelva a la normalidad”, pero eso no va a pasar. Porque los diferentes puntos que he ido analizando en este artículo dan una sensación de irreversibilidad. De degradación permanente de nuestros derechos. España nunca ha sido un país muy democrático, pero después de esto, con los fachas envalentonados, las caretas quitadas y el Gobierno traspasando líneas rojas, va a ser peor que nunca.

No me extraña que una parte sustancial de los catalanes quieran independencia. No me extraña nada.

(1) Analizar la situación en el plano del Derecho internacional se comería el resto de la entrada. Valga decir dos cosas: que internacionalmente el derecho de autodeterminación se reconoce a colonias en el más puro sentido de la palabra y que en España los tratados internacionales están por debajo de la Constitución. Esto último quiere decir que ninguna autoridad española está obligada a cumplir un tratado si dicho cumplimiento va contra la Constitución, sin perjuicio de que luego España tenga que afrontar responsabilidades en el plano internacional.

(2) Es casi la única competencia del Senado en la cual no tiene primacía el Congreso. Una cosa sobre la que planean dudas (el texto constitucional no es claro) es si el Senado debe autorizar cada medida o, por el contrario, otorga al Gobierno una habilitación general para que haga lo necesario. Sea como sea, el PP tiene mayoría absoluta en esta Cámara.

(3) Lo que pasó fue que se constituyó un mando unificado de las diferentes policías implicadas en la operación contra el referéndum, y la dirección recayó en el Estado. Se trata de un procedimiento previsto para cuando en una misma causa coinciden policías estatales y autonómicas.

(4) Esta prohibición tuvo eco en la decisión que tomó días después la Diputación de Zaragoza de denegar el uso de sus locales para la asamblea de cargos convocada por UP. Pese a que el criterio final venía a ser un “el local es nuestro y se lo cedemos a quien queremos” (cosa que, como digo, no tiene mayor discusión), trataba de vestirlo con el pseudoargumento jurídico del juez de Madrid.

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