Contra el populismo punitivo

A veces pasa algo y puedes representarte en tu cabeza cómo todos los columnistas, tertulianos y opinadores de este país se relamen las manos. Esta semana ha ocurrido algo así: la Policía ha detenido a un violador en serie (el “violador del ascensor”) que fue liberado en su momento después de que el TEDH anulara la doctrina Parot. Al carro se apuntan, por supuesto, fachas de todo pelaje, editoriales de medios de extrema derecha y toda la gentuza de este país.

Expliqué ya en su momento qué es la doctrina Parot y por qué la anuló el TEDH, pero merece la pena recordarlo. La situación tiene que ver con los condenados a cientos o miles de años de prisión en virtud del Código Penal de 1973. Lógicamente, imponer todos esos años de condena equivaldría a una cadena perpetua, pena que en el momento no existía en España, así que lo que se hacía era considerar extinguidas todas esas condenas y hacer aparecer una única pena, de 30 años de prisión. Sobre dicha pena de 30 años se aplicaban los beneficios penitenciarios, como pueda ser la redención de penas por trabajo, que permitían que los presos salieran mucho antes.

Pues bien: la doctrina Parot aparece cuando, en 2006, el Tribunal Supremo se ve en la tesitura de tener que liberar a un etarra condenado por múltiples delitos. Así que lo que hace es cambiar la interpretación del Código Penal de 1973 y proponer una nueva, que a nadie se le había ocurrido hasta el momento: lo que dice el Tribunal Supremo es que los 30 años son un mero límite máximo al cumplimiento, pero que los cientos o miles de años que le hayan caído a un condenado no se extinguen. Al contrario, las redenciones de pena deben aplicarse sobre esos cientos o miles de años de condena, que evidentemente nunca se van a reducir por debajo del límite máximo de 30 años. En la práctica, la doctrina Parot significa alargar condenas penales cinco o diez años y además por sorpresa.

Este sistema (que los beneficios penitenciarios no se apliquen al límite, sino a la suma total de penas) ya está previsto para algunos casos en el vigente Código Penal de 1995 (1). El problema no es el sistema: el problema es que se aplica de manera retroactiva y sorpresiva, pues nada hacía presagiar que el Tribunal Supremo iba a decir algo así. Por ello, el TEDH consideró que esta doctrina era contraria al principio de legalidad y al derecho fundamental a la libertad. Nada nuevo.

¿De verdad es tan raro que anularan Parot? ¿De verdad es tan sorprendente? Insisto: no es el contenido lo problemático, sino la forma en que se aprobó. Un sistema que se llame a sí mismo Estado de Derecho no puede generar durante 20 años unas expectativas y luego cancelarlas de forma abrupta interpretando que la ley dice lo que no dice. Si queríamos que los terroristas cumplieran cienes y cienes de años de cárcel, eran las Cortes las que tendrían que haber aprobado esa medida, no el Tribunal Supremo, y mucho menos de forma retroactiva. El TEDH hizo genial en cargarse Parot, y lo sostendré aunque sigan apareciendo noticias tan alarmistas como la que da lugar a esta entrada.

Porque una cosa hay que tener claro: la corriente de opinión que alaba la doctrina Parot y maldice al malvado TEDH por anularla no nace en el vacío. La prensa la genera con titulares como el del violador del ascensor. Una vez aparecida, se alimenta sola (es muy agradecida y crece con cualquier cosa) y acaba en las urnas electorales y en las encuestas de opinión. Al fin y al cabo, es solo una manifestación más de lo que ha dado en llamarse populismo punitivo.

El populismo punitivo es una doctrina que enfoca el delito desde una perspectiva extraordinariamente simplista y emocional. Se expulsa del análisis del fenómeno delictivo cualquier dato mínimamente explicativo (clase social, problemas económicos o de integración, dependencia de drogas) para construir una visión dicotómica: por un lado el pueblo inocente y por el otro una masa de delincuentes, definidos muchas veces por exclusión (“los moros vienen aquí a delinquir”, “los gitanos ya se sabe cómo son”) y que se perciben como una amenaza extremadamente grave. Por supuesto, se rechaza la idea de que cualquier persona puede delinquir si se le pone en la situación adecuada: están las buenas personas y están los delincuentes y la separación es radical.

El relato que construye el populismo punitivo no apela a la razón sino a las tripas. Parte del rechazo visceral que nos provocan los delitos más graves y mediáticos para crear una sensación de inseguridad: los delincuentes como el violador del ascensor no son la norma, sino la excepción, y sin embargo nos machacan con ello día tras día. Cuando no es el violador del ascensor es José Bretón o los terroristas del ISIS. Delincuentes que cometen todos ellos delitos graves, sin duda alguna, pero que no dejan de ser minoritarios.

¿En qué me baso para hacer estas afirmaciones? En datos. La tasa de criminalidad no ha dejado de bajar desde los ’70. Hoy en día es más baja que en muchos países considerados más civilizados que España. Así, en 2016 la tasa de delincuencia se situó en 43,2 delitos por cada mil habitantes (concretamente 2.011.586 delitos), hubo menos de 300 homicidios dolosos y fuimos el segundo país de la UE con menor tasa de muertes violentas. No son malos datos, y se enmarcan en una progresión que en general es positiva.

Y sin embargo, el populismo punitivo ignora los datos. Como he dicho, no es un discurso racional, sino emocional, por lo que los datos le dan igual. Alguien que enarbola el populismo punitivo sabe con certeza que estamos al borde de la debacle, digan lo que digan los datos. ¿Y qué pide? Pues lo de siempre: penas más altas (incluso contrarias a los derechos humanos) y que se cumplan íntegras. Ésa es la solución: lo saben en todas las tabernas y peluquerías de España. Más mano dura es lo que hace falta.

Claro, luego tú miras la población carcelaria y el contraste es de reírse por no llorar. Hasta donde alcanza la vista tienes rateros y camellos que delinquen para vivir. Sus actos te podrán gustar más o menos, pero podemos estar de acuerdo en que no son monstruos: son desgraciados, que con una alta probabilidad serán adictos a alguna mierda y/o tendrán alguna enfermedad mental provocada o agravada por la prisión. Son éstos los que reinciden, no los violentos, y es evidente que la solución al problema va mucho más allá de la mano dura. Digan lo que digan en peluquerías y tabernas.

El discurso populista no sería tan peligroso si no calara en el poder político. Y cala. Los sucesivos endurecimientos que ha ido sufriendo el Código Penal de 1995, especialmente con las macrorreformas de 2003, 2010 y 2015, dan buena cuenta de ello. Existe en la clase política la idea de que endurecer las penas da votos fáciles, mientras que pretender reducir el punitivismo los quita. Además, siempre queda muy guay que el ministro de Justicia diga con orgullo que están luchando contra el crimen porque han elevado otros cinco años el límite máximo de cumplimiento de la condena. Lo de luchar contra la desigualdad ya otro día.

Mientras esto siga así, mientras no saquemos de nuestras cabezas al pequeño punitivista que todos llevamos dentro, la cosa no cambiará. Porque el populismo punitivo es un discurso económicamente útil, no solo para las empresas de seguridad privada (beneficiarias obvias de que le tengamos miedo a todo) sino para quienes están detrás de las dinámicas gentrificadoras que buscan expulsarnos de la calle salvo que vayamos a comprar. También da réditos políticos y sirve para vender periódicos. Es decir, que hay una serie de actores interesados en que esto siga adelante. Tenemos que concienciarnos del asunto y empezar a rebatir el punitivismo allí donde lo encontremos.

Porque el populismo punitivo es un ataque directo a los derechos humanos. Y los derechos humanos son como una vacuna contra la arbitrariedad del poder: funcionan mediante inmunidad de grupo, de manera que si se debilitan para un grupo de la población, se abre una brecha que afecta a todo el mundo. Sí, incluidos a todos los gilipollas que hoy gritan indignadísimos por el hecho de que el TEDH liberara al violador del ascensor. Porque cualquiera puede verse arrastrado a delinquir si las cosas se tuercen lo suficiente para él. Y en ese caso se alegrará de que siga existiendo un proceso penal garantista y justo.

(1) Concretamente, cuando el límite máximo de cumplimiento sea inferior a la mitad de la suma de las penas.

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