Los colegios profesionales, ¡vaya timo!

Llevo unos cuantos años de ejercicio profesional como abogado y hay cosas de mi profesión que no entiendo. Por ejemplo, aún no sé para qué vale un procurador en una época donde existe LexNet y donde los despachos son empresas cada vez mayores. No asimilo los absurdos dresscodes que hay que obedecer en sala. Me resultan completamente ajenas ceremonias como la jura de abogados. Y, por encima de todo, cada vez me parecen más innecesarios los colegios profesionales.

Los colegios profesionales son agrupaciones de Derecho público. Es decir, no son asociaciones voluntarias (como un sindicato o una ONG) sino que son creadas por la ley. Sin embargo, tienen autonomía: son los colegiados los que eligen a los órganos de gobierno y aprueban las cuentas anuales. Esta autonomía (junto con la exigencia de democracia interna) está recogida en la Constitución. De alguna manera los colegios profesionales son similares a las Universidades públicas, en el sentido de que son corporaciones públicas pero más o menos independientes.

¿Por qué la ley les concede este privilegio? Bueno, es una cuestión histórica. La agrupación de miembros de la misma profesión para la defensa de sus intereses ha sido una constante en la historia: en la Edad Media aparecieron los gremios (para oficios manuales) y los colegios (para profesiones liberales). Andando el tiempo, estas corporaciones empezaron a estar bastante mal vistas. Así, un decreto de 1813 de las Cortes de Cádiz establece la libertad de empresa y elimina la necesidad de agremiarse para ejercer oficios. Pero, mirad qué curioso, parece hablar sólo de industrias y oficios manuales. Las profesiones liberales (prestigiadas y propias de clases altas) siguen teniendo el derecho de colegiarse.

En otras palabras: tras la revolución liberal, las agrupaciones profesionales se separan en dos grupos. Los trabajadores manuales tuvieron que pelearse el derecho de asociación; los intelectuales nunca lo perdieron. Pero claro, de alguna manera había que justificar dicha diferencia, y fue dándole a los colegios profesionales una pátina pública. Así constituidos, los colegios profesionales han subsistido al convulso siglo XIX español, a la II República (que no sólo no los abolió sino que concedió a los colegios de abogados el derecho a nombrar miembros del Tribunal Constitucional) y al franquismo. Parecen intocables y, como tienen ese aura de prestigio, actualmente todas las profesiones que tengan un componente mínimamente intelectual (1) luchan por tener sus colegios.

¿Y para qué valen? Teóricamente, para muchas cosas. La ley les concede un montón de facultades: ordenar el ejercicio de las profesiones (así, promulgan normas deontológicas, evitan la competencia desleal, pueden arbitrar entre colegiados), formar y asistir a sus colegiados (tienen bibliotecas, bolsas de trabajo y cursos), defender el interés de la profesión que sea (pueden opinar de los planes de estudio universitarios), tener listas de peritos por si algún tribunal las necesitara, etc. Y, como colofón, son quienes ostentan la representación de los profesionales ante otras instituciones, representación que en el caso de profesiones sometidas a colegiación obligatoria (unas 80) es exclusiva.

En la práctica, sin embargo, no me parece que sean tan útiles. De hecho, me parecen un timo: cobran mucho a cambio de dar poco. Puedo hablar por lo que sé: cómo funciona el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) (2). Y la valoración no es positiva. ¿Qué servicios me ofrece a mí mi colegio? Una biblioteca modesta, una sala de informática pequeña y no demasiado buena, una revista profesional que es basura, etc. Otros servicios que pueden ser más interesantes, como los de formación, se cobran a buen precio (60 € por cursos de una tarde), lo cual hace que me pregunte en qué se va el dinero de mi cuota.

Porque ésa es otra: en mi experiencia, la opacidad es absoluta. Yo, como abogado, no sé cómo se toman las decisiones sobre el dinero que pago religiosamente cada trimestre. Voy a poner el ejemplo de LexNet. LexNet es lo que se implementó cuando, el año pasado, el ministro decidió que desde el 1 de enero de 2016 se iba a acabar con el papel en la Justicia. Se trata de una plataforma que permite la comunicación entre el abogado y el tribunal. Una vía para presentar escritos y recibir la respuesta a los mismos. No es más que una cuenta de e-mail con pretensiones (3) y no ha acabado con el papel en la Justicia (muchos órganos judiciales imprimen lo que les llega por LexNet), pero bueno, supongo que es el primer paso.

La cosa es que LexNet es un servicio de Ministerio de Justicia. Pero el CGAE decidió que eso no iba con él, y desarrolló su propia interfaz para LexNet. Se trata del mismo servicio (4) pero se podía entrar desde Justicia o desde Abogacía, en una duplicación un poco estúpida en la que se invirtió dinero colegial. Por supuesto, los cursos de formación sobre LexNet (también pagados con dinero del CGAE) sólo cubrieron la versión propia. Y todos nos acostumbramos a esta situación hasta que en octubre el CGAE decidió, después de diez meses de funcionamiento, cerrar la LexNet Abogacía (5). ¿Las razones? Que esto favorecerá la eficiencia, algo a todas luces evidente… y que debería haber llevado a no montar el duplicado en primer lugar.

Sinceramente, toda esta historia me huele mal: ¿qué necesidad había de duplicar el servicio y, una vez duplicado, de cerrarlo tan abruptamente? Y la opacidad no se ve sólo en el tema del dinero. La semana pasada, por ejemplo, el CGAE presentó una propuesta de pacto de Estado por la justicia. De nuevo, algo de lo cual la comunidad profesional se enteró por la prensa: no se sabe quién la ha redactado, cómo se ha aprobado ni qué criterios se han seguido. Y es así con todo: siento que estoy obligado a pertenecer a una corporación que supuestamente está dedicada a servirme a mí y a mantener mi profesión en altas cotas de calidad pero que en la práctica no vale para nada.

Al margen de los servicios que me ofrece a mí como colegiado, repaso las funciones que tiene el ICAM (tanto en la ley como en su página web) y ninguna me parece que justifique su mantenimiento. Por ejemplo: los colegios vigilan el intrusismo y controlan que se cumplan las normas de deontología, o eso se supone. Son objetivos loables, pero no sé si para conseguirlos tiene sentido mantener unas estructuras burocráticas del tamaño de mastodontes. Sobre todo si tenemos en cuenta que el intrusismo es delito y que nada impide demandar a un profesional por incumplir sus obligaciones profesionales. Y así con todas y cada una de las competencias colegiales.

¿Hasta qué punto procede mantener el carácter público e intocable de entidades que en un principio fueron exactamente lo mismo que un gremio? ¿Qué sentido tiene (aparte de un corporativismo un tanto malrollero) que los empresarios y los trabajadores del mismo sector se agrupen en una corporación que defiende unos supuestos “intereses profesionales” comunes a ambos? ¿No sería más lógico facilitar que los trabajadores se asocien en sindicatos? Quizás ése es el meollo del asunto: los colegios profesionales tienen un estatus y un prestigio del que carecen los sindicatos. No es lo mismo decir “pertenezco a la sección sindical de abogados de UGT” que “soy miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid”.

Pero claro, este prestigio está vacío, y pretender mantenerlo es absurdo. Lo es en profesiones tradicionales, como la abogacía, que se va proletarizando de manera imparable: cada vez más abogados son asalariados de grandes bufetes o de empresas a las que asesoran de forma única, en vez de pequeños empresarios que montan un despacho con tres amigos. Y lo es por partida doble en profesiones que nunca han estado sometidas a colegiación (o que directamente no han existido hasta hace 30 años, como la de informático), donde la aparición de esta clase de agrupaciones es casi una broma de mal gusto.

Al final los colegios profesionales no son más que instituciones premodernas que sólo sobreviven por su estatus. Vacas sagradas que enmascaran que se detecten los verdaderos problemas (igual no hay intereses profesionales sino intereses de clase), que no aportan nada verdaderamente útil y que sólo sirven para consumir recursos. Quizás sea hora de empezar a pensar sobre este tema… y plantearnos el librarnos de ellos.

(1) Haciendo una búsqueda rápida por Google, veo que hay colegios de fisioterapeutas, matemáticos, ingenieros informáticos y físicos. De cualquier profesión que se os ocurra hay un colegio.

(2) Muchos de los colegios profesionales son territoriales, es decir, tienen una sede que coincide con una provincia o con uno o varios municipios. Ése es el caso de la abogacía, que tiene 83 colegios. Pues bien, para esos casos existen los Consejos Generales: agrupaciones de todos los colegios de un país que se ocupen de la misma profesión.

(3) En serio: sólo vale para mandar escritos y para recibir escritos. No permite, por ejemplo, acceder a cada expediente y ver todo lo que sea presentado sobre el mismo, cosa que sí sería útil. No: mandar escritos, recibir escritos y pare usted de contar.

(4) Había unas pocas diferencias, como que Abogacía te mandaba notificaciones por SMS, pero eran muy menores.

(5) Para mayor recochineo, de esto nos enteramos cuando el ministro lo dijo en una comparecencia pública porque pensaba que ya se había anunciado.

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