Una Biblia en la toma de posesión

Parece que salimos de la interinidad. Ayer se produjo la jura del presidente del Gobierno y el jueves conoceremos a los ministros que se van a dedicar a demoler el Estado social y de derecho durante los siguientes cuatro años. De momento, una de las pruebas de que estamos volviendo a la normalidad es que ya tenemos aquí el familiar runrún de cada comienzo de legislatura: ¿qué hace el presidente del Gobierno jurando el cargo delante de una Biblia y un crucifijo? ¿Es que no estamos en un Estado no confesional?

Esto es un tema que está presente, como digo, cada cuatro años. Desde la derecha se contesta con la conocida mezcla de “qué más dará”, de “es tradición”, de “también lo hacen en otros países”, de “¿es que Rajoy no tiene libertad religiosa?” y de “no le molesta a nadie”. Hoy, incluso, he tenido que leer un tuit de un tipejo que acusaba a la “extrema izquierda” de importarle más este tema que el paro y los desahucios. Lo cual es divertido porque es radicalmente falso. 

Los símbolos son importantes, aunque no tanto como pasar por encima de los problemas reales. El malestar con la presencia del crucifijo y la Biblia en actos oficiales no es un dolor grave que vaya a provocar revoluciones, sino más bien un escozor molesto que aparece de cuando en cuando. Además, desde la perspectiva del jurista, molesta ver como el análisis del asunto suele estar sistemáticamente equivocado. No es una cuestión de libertad religiosa, sino de aconfesionalidad del Estado.

Efectivamente, muchas veces se plantea el tema del crucifijo como algo que puede afectar a cada candidato que jure el cargo. El típico “¿qué pasa si tenemos un día un presidente musulmán o un ministro judío?” que se oye siempre en estos casos. Pues tengo algo que comentaros: algo así ya ha pasado y no sucedió nada. ¿Cuándo? Pues cuando Zapatero, que era agnóstico, prometió su cargo como presidente. ¿Qué es lo que hizo? Limitarse a poner una mano en la Constitución (1) sin tocar la Biblia que tenía extendida al lado. Justo al contrario de lo que hizo Rajoy ayer.

Ése es también el enfoque que tomó la Casa Real en julio, cuando anunció que, por respeto a la libertad religiosa, dejaba de imponer el crucifijo y la Biblia. Hasta entonces (recordemos, julio de 2016) estos elementos eran inamovibles y lo único que podía hacer la persona que jurara era, como Zapatero, negarse a poner la mano en el libro sagrado de los católicos. Ahora los candidatos podrán decidir libremente si quieren o no que haya Biblia y crucifijo en su ceremonia.

Este estado de cosas es, qué duda cabe, mejor que el anterior. Pero no soluciona el problema. Para empezar: ¿por qué puede decidir la Casa Real qué elementos están presentes en la toma de posesión de un cargo público? ¿No debería haber una norma que regulase eso, igual que la hay para las palabras del juramento o promesa? Y para seguir, se abre una puerta muy absurda. Si la razón por la que convertimos el crucifijo y la Biblia en accesorios es la libertad religiosa, el siguiente paso lógico es que cada candidato pueda customizar su toma de posesión y ponga en la mesita los abalorios que considere oportunos. Y esto será una posibilidad teórica muy graciosa hasta que aparezca un ministro del Opus Dei queriendo jurar su cargo sobre El Camino o cualquiera de estas cosas que pasan en Españaza con cierta frecuencia.

Esto es lo que pasa cuando perdemos el foco del debate. Éste no es la libertad religiosa de cada candidato, sino la aconfesionalidad del Estado. España no tiene religión oficial (dicen), y eso implica una serie de cosas a nivel simbólico. La más importante es que los actos oficiales del Estado deben estar desligados de toda clase de ceremonial o simbología religiosa, independientemente de la afiliación de las personas que participan en los mismos. Sí, aunque sean los símbolos de la religión mayoritaria o de la que ha sido confesión de Estado durante siglos. Ya no lo es y eso debe respetarse.

El Estado declara su neutralidad en materia religiosa por una buena razón: porque es una entidad política que nos representa, se supone, a todos. Un Estado que tiene una confesión oficial, aunque reconozca la libertad de cultos (como hace, por ejemplo, Reino Unido), se distancia formalmente de parte de sus ciudadanos. Se supone que queremos impedir que eso pase. Y por ello consagramos en nuestras Constituciones la laicidad o aconfesionalidad del Estado, que no es más que el reconocimiento de que los poderes públicos no tienen religión oficial.

Pero claro, una cosa es escribir eso en un texto legal y otra ejecutarlo. La ejecución es complicada, porque hay que tener en cuenta mil pequeños detalles. Sacar a la religión de nuestra vida pública exige un esfuerzo consciente. Y en España nunca hemos estado por la labor de hacerlo.

(1) La foto es de la toma de posesión de 2008, pero hay una similar para la de 2004.



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