Menéame como sentina

Menéame es un sitio que nunca me ha gustado. Ahora ya no me pasa tanto, pero hace un año hubo varias entradas que se enviaron a esa página. Mi reacción siempre era la misma: cerrar comentarios, pedir en Twitter que por favor no me hicieran semejante faena y tratar de capear el temporal como mejor podía, porque tengo la política de no dejar comentario sin interacción (1). Saber que me habían meneado una entrada era para mí una fuente de cabreo e incluso ansiedad.

¿Qué es Menéame? Supongo que quedará poca gente que no lo sepa en 2016 pero, para esas personas, voy a tratar de definirlo. La web se define como un agregador: la gente envía “noticias” (es decir, cualquier enlace interesante) y éstas salen en la web mediante un ranking que depende de las votaciones de los usuarios. Los lectores miran esta lista y pinchan en los enlaces de los contenidos que les interesan, que les llevan a las páginas originales donde se publicaron dichos contenidos.

En teoría es un buen trato, ¿no? Mucha gente consulta Menéame. Que suban ahí una de tus entradas te garantiza, como creador, una publicidad importante y un pico de visitas e interacciones. Aparecer en portada de Menéame parece algo objetivamente bueno. Y, sin embargo, no a todo el mundo le gusta. Yo aborrezco que meneen mi contenido, y no soy el único. ¿Por qué? Porque Menéame es la sentina de Internet.

Dice la RAE que una sentina es un lugar lleno de inmundicias y mal olor, y esa es precisamente la sensación que tengo cuando abro el hilo de comentarios de Menéame en cualquier noticia con una connotación mínimamente ideológica (2). Machismo fétido, homofobia y clasismo rampantes, gente que comenta sin haber leído o entendido la entrada, trolls declarados tratando de hundir la popularidad de las entradas que no les gustan, etc. Todo prácticas alejadas de un debate mínimamente civilizado, argumentado o productivo. Subir cualquiera de mis entradas a Menéame es exponerlas a esta gente.

Por suerte, sólo una fracción mínima de esta gentuza va luego al post original a tocar las narices, pero en la mayor parte de casos esa oleada de mierda me ha obligado a cerrar los comentarios. ¿Ejemplos? Los que queráis. Esta entrada, ésta, esta otra... Mirad las secciones de comentarios. Se nota el momento exacto en el que empezó a entrar el público habitual de Menéame: comentarios anónimos diciendo tonterías, soltando falacias y demostrando que habían leído la entrada en diagonal.

¿Por qué la administración de la página no hace nada por evitar que sea un nido de trolls? Puede haber varias causas. La primera, que el creador, Ricardo Galli, es un imbécil similar a su comentarista medio. Nunca olvidaré la vez que me comparó con la Ley Mordaza por decir que su página me daba asco y por cerrar los comentarios de mi blog. La segunda razón puede tener que ver con que Menéame es un negocio, y como tal quiere ganar dinero. ¿En qué se basa el negocio? En que mucha gente trabaje gratis para la página (aportando enlaces, escribiendo entradillas, etc.) y en que el resultado sea atractivo para cuanta más gente mejor. Más comunidad y más visitas significa más clics, y más clics significa más ingresos.

En otras palabras, Menéame es un servicio pensado para llegar a todo el mundo. Si hay que elegir, por ejemplo, entre implementar medidas que penalicen el machismo de los usuarios y no implementarlas, las respuesta es obvia: ¿quién genera más tráfico? Pues arreando. Lo mismo si se propone castigar a quien comente sin leer o a quien diga comentarios ramplones: algo que yo en mi blog puedo permitirme hacer (3), a Galli simplemente no le interesa, porque esta clase de comentaristas son mucho más numerosos que los otros. La conclusión es que la calidad de la página cae en picado, y eso se ve en los temas que llegan a portada, las discusiones y los votos.

¿Es Menéame peor que otros servicios similares (pongamos, que la sección de comentarios de cualquier periódico online)? Hay quien dice que sí, y lo achaca al sistema de karma. El karma es la posición en la página que se otorga a los usuarios, es decir, el pago ficticio que hace Galli a quienes trabajan gratis para él. Yo no he sido nunca miembro de la comunidad de Menéame, pero la opinión que saco de gente que se ha tirado ahí años es, precisamente, que el karma condiciona la vida de la comunidad. ¿Y qué da karma? Enviar contenidos y hacer comentarios que reciban muchos votos positivos de la comunidad arriba descrita. El sistema de karma funciona para que Menéame sea una sentina también en la segunda acepción del término: lugar donde abundan y se propagan los vicios.

Cuando se critica algo en Internet hay dos respuestas obvias: “si no te gusta no lo uses” y “pues bien que te aprovechas de ello”. Por suerte, la primera crítica no se me aplica. Yo no uso Menéame: a mí me menean entradas contra mi voluntad, que es muy distinto. Sí, sé que existe un código que impide que una entrada acceda a Menéame, pero me da pereza implementarlo en cada entrada, sobre todo porque la mayoría de mis posts no acaban en la sentina. Prefiero limitarme a cerrar comentarios.

En cuanto a la segunda crítica, relativa al supuesto provecho que saco de Menéame, sólo diré una cosa: si alguien lo quiere se lo regalo. Menéame no me ayuda en nada a mí como autor. No sólo me obliga a gestionar toda la basura de la que vengo hablando en esta entrada, sino que no me da nada a cambio. ¿Yo qué quiero? Quiero lectores fieles, que vengan al blog con frecuencia porque les guste mi contenido, que planteen debates interesantes y que difundan las entradas cuando ello sea procedente. ¿Qué me ofrece Menéame? Picos de lectores para entradas concretas que pinchan, leen en diagonal, dejan a veces un comentario de mierda y se van. Maravilloso.

Termino ya: Menéame es una basura que no aporta nada bueno. Es el Forocoches de los que van de listillos y superiores sin ser en realidad más que la misma escoria. Así que sí, disculparás que no me alegre cuando me entero de que han subido mis entradas a ese vórtice fétido. Dicho esto, cada quien es libre de hacer lo que quiera, y me imagino que esta entrada acabará en Menéame. Así pues, borraré todo comentario procedente de ese agregador (y, creedme, se notan) que no contenga la palabra “gutapercha”. Porque si todos arrimamos el hombro podemos acabar con la lacra de los comentarios superficiales que no han leído el contenido del que hablan.

(1) En castellano: o respondo al comentario o lo borro.

(2) Cosa que intento hacer lo menos posible.

(3) Uso diversos medios para desincentivar los comentarios de mierda. El borrado sólo lo utilizo para los casos más molestos: para otros supuestos mi método favorito es una réplica mordaz y corta, que no dé pie a un debate y que escuece más cuanto más se largo es el comentario al que responde.

[ADDENDA 28/07/2016, 10:24 - Como no podía ser de otra manera, han subido esta entrada a Menéame y los comentarios se están convirtiendo rápidamente en un muestrario de lo que critico. Así que los chapo durante un día o así. Hale, a soltar vuestra bilis de troll en la sentina, donde yo no tenga que verla.]



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No es el vecino el que elige al alcalde

La idea de que debe formar gobierno “la lista más votada” es un runrún constante en la política española. Diría que se ha intensificado en estos tiempos post-singularidad, pero en realidad yo llevo unos cuantos años oyendo esa tontería. Siempre procede de la derecha: recuerdo a Rajoy diciéndolo en un debate con Zapatero, probablemente en el de las elecciones de 2008. Y demuestra una cosa: que no entienden lo que es un sistema parlamentario. No lo entienden o no lo quieren entender.

Yo he hablado de este asunto ya alguna vez, pero siempre como tema secundario en una entrada que iba de otra cosa. Ahora quiero dedicarle toda mi atención, porque veo que es un argumento que cala. Yo lo entiendo: es aparentemente plausible. Parece de justicia que gobierne el que recibió más votos. Vivimos en una democracia y debe gobernar el que gana las elecciones, ¿no? Sin embargo, el argumento es una soberana memez. Y lo es porque vivimos en un sistema parlamentario.

¿Qué votamos cuando vamos a votar? Votamos siempre a unas listas electorales (1) que determinan quién va a formar parte de un órgano colegiado. En las municipales ese órgano se llama Ayuntamiento, en las autonómicas tiene diversos nombres (2) y en las generales son dos: el Congreso de los Diputados y el Senado. Los votos sirven para determinar cuántos escaños consigue cada fuerza electoral en cada una de esas instituciones. Y luego, dentro de esos órganos hay una votación y el que la gana ocupa el puesto directivo del territorio: le nombran alcalde, presidente de una Comunidad Autónoma o presidente del Gobierno.

La derecha no entiende esto tan sencillo, o quizás espera que seamos nosotros quienes nos olvidemos de cómo funciona el sistema. Para demostrarlo voy a citar una famosa frase de nuestro presidente del Gobierno en funciones: “el que gane las elecciones municipales es el alcalde, y que la alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, de acuerdos ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”.

La segunda parte de la cita despertó mucha hilaridad en su momento, pero ahora quiero fijarme en la primera. “La alcaldía no es el producto de acuerdos entre fuerzas políticas diferentes”. Esto es directamente mentira. La elección de alcalde la regula el artículo 196 LOREG: es nombrado alcalde quien logre el apoyo de la mayoría absoluta de concejales (3). Si un partido político no ha conseguido dicha mayoría absoluta por sí mismo, tendrá que pactar con otros o perder la alcaldía. No es el vecino el que elige al alcalde: es el Pleno del Ayuntamiento (4).

Es por esta razón que, en un sistema parlamentario, es absurdo hablar de “ganar las elecciones”. Salvo que tu partido tenga mayoría absoluta, el nombramiento del presidente del Gobierno, del presidente de la Comunidad Autónoma o del alcalde depende de los acuerdos a los que seas capaz de llegar. El PP puede decir que ha ganado las últimas elecciones, y según un enfoque corto de miras eso es verdad. Pero si no logra atraerse a una mayoría de diputados, eso no le vale de nada. No tiene derecho a gobernar salvo que se lo conceda el Congreso de los Diputados.

El problema es que la competición electoral está muy “presidencializada”. La gente no vota a partidos con programas, sino a las caras que salen en los carteles electorales. Lo podemos ver en el día a día: todo el mundo usa “votar al PP” y “votar a Rajoy” como sinónimos, pese a que no lo son (5). Y claro, en este contexto es muy fácil que se desvirtúe la lógica del sistema. Se habla de cosas como el presunto “derecho a gobernar” de quien ha sacado más escaños o la “coalición de perdedores” que forman partidos para echar del gobierno al más votado. Cosas que son las normales en un sistema parlamentario se ven como patologías o absurdeces.

¿Queremos ir hacia un sistema presidencialista? ¡Vayamos! Habría que cambiar la Constitución (6) y daría lugar a un híbrido extraño (una monarquía presidencialista), pero aparte de eso nada nos lo impide. Sería coherente con la tendencia que vive España (y muchas otras democracias occidentales) desde hace años. Y podría dar lugar a situaciones muy divertidas, como a un presidente intentando sacar adelante leyes con las Cortes tan fragmentadas como están. ¿Es el sistema que queremos? El PP parece que sí, y ahora mismo es el partido más votado. ¡Pues cambiemos la Constitución para tenerlo!

Pero mientras no lo hagamos, respetemos la lógica del sistema parlamentario. No hay “ganadores” ni “perdedores” de las elecciones: sólo partidos que obtienen mayor o menor representación, y tratan de negociar con ella. Nadie tiene asegurada la presidencia del Gobierno ni ostenta derecho a gobernar hasta que no le vote el Congreso de los Diputados, que tiene pleno derecho a derribarle en cualquier momento. Y recordemos, por favor, que no son los vecinos los que eligen al alcalde.

(1) Salvo en el caso del Senado, que votamos candidatos individuales.

(2) “Parlamento” y “Cortes” (o sus equivalentes en lenguas cooficiales) son los más comunes, pero no las únicas: en Madrid, Extremadura y Murcia se llama “Asamblea” y en Asturias recibe el nombre de “Junta General”.

(3) Es cierto que, justo para la elección de alcaldes, hay algunas reglas que hacen la elección algo más rígida: si no se logra dicha mayoría absoluta, se nombra alcalde automáticamente a quien encabece la lista más votada. Pero ese “sí” es mucho “sí”. La frase de Rajoy es mentira, porque quien elige al alcalde es el Pleno del Ayuntamiento, y sólo si éste no logra ponerse de acuerdo para lograr la mayoría que le exige la ley se aplica la regla de la lista más votada.

(4) La prueba de que este discurso cala en la izquierda es el peñazo que tuvimos que aguantar con Ana Botella, a la que llamaban “alcaldesa no electa”.

(5) Salvo que vivas en la provincia en cuya lista se presenta Rajoy

(6) Para el caso del presidente del Gobierno y de los presidentes autonómicos. En el caso de los alcaldes, el artículo 140 CE permite que sean elegidos por los vecinos, y el tema se ha puesto alguna vez sobre la mesa..

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Otra vez Guillermo Zapata

Vivimos en el día de la marmota. Cada pocos meses nos encontramos con lo mismo: el juez instructor archiva el caso contra Guillermo Zapata y la Audiencia Nacional se lo manda reabrir. Ha pasado ya tres veces: la primera vez fue en octubre de 2015, porque la Sala consideró que el instructor, Santiago Pedraz, no había realizado todas las investigaciones oportunas. Pedraz hizo las diligencias que le mandaban (como citar a declarar a Zapata) y luego cerró de nuevo. En diciembre volvió a abrirlo por orden superior, pero lo cerró otra vez en marzo. Y ahora la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado auto en el que manda parar: ya no le ordena a Pedraz que siga investigando, sino que directamente manda a juicio a Guillermo Zapata.

El auto, os ahorro la lectura, es muy malo. A estas alturas el proceso se refiere a un único tuit: el que decía “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos”. Todos los demás chistes (bromas sobre el Holocausto, Marta del Castillo y ETA) han sido ya expulsados del procedimiento por entenderse que no suponen delito. ¿Y éste? Pues la Sección Segunda de la Sala de lo Penal entiende que podría ser un delito de enaltecimiento del terrorismo, y que ese “podría” es de suficiente entidad como para juzgar a Zapata.

¿En qué se basa la Sección? En un argumento un tanto peregrino: que lo único que debe hacer el juez instructor es valorar los hechos objetivamente (sin atender al contexto) y, sobre esa base, determinar si puede o no haber delito. No puede valorar nada que sea distinto a estos mismos hechos salvo casos de “diafanidad y claridad manifiesta” (FJ 10), que a su juicio no concurren en este caso. Según el auto, Pedraz debería haberse limitado a constatar que el tuit de Zapata “cabe” en el texto legal del artículo 578 CPE (“realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas”) y, prescindiendo del contexto del mensaje y de la motivación de su autor, mandar que se abriera juicio. Ya durante ese juicio se valorarían no sólo los elementos objetivos sino también los subjetivos (1) y contextuales.

La Sección Segunda dedica muchas páginas a razonar este punto, o más bien a citar autos previos recaídos en este mismo tira-y-afloja con Pedraz. Sin embargo, hay que recordar una cosa, y es que el auto no es más que producto de una votación: dos de los miembros de la Sección l apoyaron pero el tercero, José Ricardo de Prada, lo rechazó. Y expuso sus argumentos en un voto particular que es sin duda lo mejor de todo este asunto.

De Prada empieza cuestionando que la subsunción de un mensaje comunicativo en un tipo penal sea una cuestión tan objetiva como pretende la mayoría de la Sección. Si fuera algo tan objetivo no habría voces (tan notables como la de la propia persona mencionada en el chiste, Irene Villa, o la del fiscal) que afirman que el chiste no constituye delito. Las expresiones no pueden separarse de su contexto: cuando un juez las examina para determinar si incumplen la ley tiene que hacer una valoración de dicho contexto, así como de las intenciones del emisor. No puede ampararse en una presunta “objetividad”, porque para interpretar las palabras hay que atender a la cultura y la intención con que se escribieron. Con notable socarronería, de Prada llega a la conclusión de que, si la tesis de la mayoría de la Sección es cierta, habría que proceder a imputar a esos dos magistrados por escribir en un auto judicial el chiste sobre Irene Villa que están juzgando.

El voto particular habla también del humor negro. Menciona varias veces que la cultura del humor negro tiene como objetivo ser, precisamente, provocadora y contracultural, sin que eso quiera decir que busquen la ofensa o el daño moral. Teniendo en cuenta la existencia de esta cultura, De Prada menciona que el chiste se emitió una sola vez, que fue una mera broma burda o de mal gusto, que no se promovió el odio y que el único valor social afectado por el chiste es el pudor social.

Sin embargo, De Prada no acaba ahí. Con lo que he glosado en los tres párrafos anteriores sirve para rebatir la argumentación de la mayoría, pero el voto particular incluye otro tema: ¿por qué la Audiencia Nacional (2) tiene competencia para juzgar el delito de enaltecimiento del terrorismo? Hay que recordar que el establecimiento de una serie de órganos centrales, con competencia sobre todo el Estado, para juzgar ciertos delitos, es una excepción a un derecho fundamental: el derecho al juez ordinario, que en nuestro sistema sigue el criterio de territorialidad.

Curiosamente, la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los delitos de terrorismo no está establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la norma que precisamente hace este reparto de tareas. La LOPJ ha sido reformada muchas veces, y en ninguna de esas modificaciones ha encontrado tiempo el legislador para atribuirle a la Audiencia Nacional competencia en los delitos sobre terrorismo. La competencia procede de la disposición transitoria de una ley de 1988. Y esta norma no habla de la competencia en términos escuetos (“los delitos de terrorismo”), sino que dedica todo un párrafo a definirla.

El resultado lo podéis leer en el enlace, pero básicamente menciona lo que podríamos llamar el “núcleo duro” de los delitos de terrorismo: pertenencia o colaboración con bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes. ¿Dónde entran aquí los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, que normalmente son cometidos por gente ajena al entorno de ETA? En ninguna parte, entre otras cosas porque cuando se promulgó esta norma competencial dichos delitos no existían. Y aquí el voto particular se deja un argumento que a mi juicio es relevante: aunque se pretendiera considerar que quien enaltece el terrorismo o humilla a las víctimas colabora con una organización terrorista, el hecho es que ETA ya no existe. No hay nada con lo que colaborar, y por ello no hay asidero para atribuirle la competencia a la Audiencia Nacional.

Calificar un delito de terrorismo es importante. Permite suspender ciertos derechos fundamentales a los investigados (plazo máximo de detención, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones) y que el juicio lo lleve un órgano nacional en vez del juez del lugar donde se cometieron los hechos. Para De Prada, estas medidas sólo se justifican cuando estamos ante verdaderos delitos de terrorismo: poner bombas, pegarle tiros a la gente, cobrar un impuesto revolucionario… esas cosas.

El legislador puede, si quiere, ampliar el concepto de terrorismo para incluir hechos que, aunque están conectados, no son en puridad terroristas. Es lo que ha hecho con el enaltecimiento. Pero esto no significa que a estos nuevos delitos se les puedan anudar todas las consecuencias procesales que he mencionado en el párrafo anterior. Estamos hablando de medidas muy graves, que restringen derechos fundamentales o que estigmatizan. No cabe imponerlas salvo en supuestos especiales.

La tesis del voto particular, con la que concuerdo, es que en realidad el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas no es un delito de terrorismo. Es un delito relativo a la libertad de expresión: no es el único (existe la injuria, la amenaza, el delito de odio), pero eso significa que está comprometido un derecho fundamental. Hay que ser muy cuidadosos con cómo lo tratamos. En palabras de De Prada, los delitos de expresión son “especialmente inidóneos para ser solventados en un tribunal especializado, centralizado” ya que su propia naturaleza “los diferencia de los netamente terroristas y hace que carezca de sentido las razones habitualmente dadas que justifican la especialidad del enjuiciamiento en los delitos terroristas”.

Esta parte final del auto, que tanto he reseñado, me parece la más interesante. Es abrir un melón muy complicado de gestionar, pero que puede cambiar la forma en que concebimos todo este asunto. Ya que el Gobierno, pese a lo que aconsejaba el sentido común, no sólo no ha derogado este delito sino que le ha ampliado la pena, igual podemos conseguir al menos que la Audiencia Nacional empiece a inhibirse.

De momento, y por desgracia, a Guillermo Zapata le van a juzgar en la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Probablemente salga absuelto, pero el paseíllo se lo va a tener que dar igual. A ver si con un poco de suerte es el último.

(1) Los elementos subjetivos (es decir, la motivación del autor de un delito) son muy importantes en Derecho penal. En general sólo te pueden condenar por un delito si aprecian que lo has cometido con dolo, es decir, queriendo cometerlo. Para algunos delitos este estándar es superior (en delitos patrimoniales exigen, además del dolo, el ánimo de lucro) y para otros es inferior (en algunos delitos se castiga también la comisión imprudente). Determinar la motivación del autor es vital.

(2) Y sus órganos vinculados: Juzgados Centrales de Instrucción, de lo Penal, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria. Denomino a todo ello “Audiencia Nacional”, `pese a que no sea correcto, porque es más sencillo.

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Robar la basura

El otro día pasó por Twitter (sin mucho revuelo) la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid va a instalar contenedores “antihurto” de papel y cartón. Con la medida se pretende evitar la “incorrecta gestión” de estos residuos, que es un eufemismo para decir que “los pobres roban el cartón para venderlo”. Este sistema antihurto impide que la gente meta mano al interior del contenedor, dejando su contenido intacto para cuando venga el camión de la basura.

A mí en principio la medida me chocó a nivel jurídico. ¿Cómo se va a llamar “hurto” a la apropiación de algo que no tiene propietario? Efectivamente, las cosas muebles abandonadas (que es otra forma de llamar a la basura), no son de nadie. Literalmente: el Código Civil dice que se trata de bienes que carecen de dueño. Cuando tú tiras la basura lo que haces es renunciar a la propiedad de esos bienes. Entonces, cualquiera puede venir y quedarse legalmente con ellos.

Insisto en la legalidad de la conducta: si yo me llevo a mi casa un bien que no es de nadie, se ha vuelto jurídicamente mío mediante el mecanismo llamado “ocupación”. Nos resulta raro porque no estamos acostumbrados a la idea de que existan bienes que no sean de nadie. Pero los hay y el Código Civil, en el artículo arriba enlazado, menciona tres: la basura, los animales objetos de la caza y la pesca y el tesoro oculto. Todas estas cosas son bienes sin dueño y cualquiera puede ocuparlas.

Sin embargo, comentando el tema por Twitter, vi que la cosa no era tan sencilla. Una ley de la Comunidad deMadrid obliga a todo poseedor de residuos a entregarlos a las Entidades Locales, que adquieren su propiedad desde el momento de dicha entrega. Lo mismo dice el artículo 28 de la ordenanza de residuos de la ciudad de Madrid. Sé que existen disposiciones similares en otras ciudades y Comunidades Autónomas. Es decir, que tirar la basura ya no es abandonarla sino donarla al Ayuntamiento, que se convierte en su propietario. Desde esa lógica se entiende la existencia de contenedores “antihurto”: la basura es efectivamente del Ayuntamiento, por lo que si te la llevas estás robando.

¿Por qué toda esta preocupación por quién tiene la propiedad de los residuos? ¿Por qué simplemente no dejaron incólume el sistema del Código Civil? Pues porque los residuos valen dinero. Las empresas que los gestionan y que se encargan del reciclaje no lo hacen gratis, sino que es un negocio sustancioso. Hay que conseguir que la basura llegue a estas plantas de reciclado, y si existen personas robando residuos para venderlos fuera de estos circuitos oficiales, entra dentro de la lógica que se intente evitar esta conducta.

Sin embargo, yo no compro esta lógica. La entiendo, pero no la asumo. De hecho estoy muy decepcionado con el Ayuntamiento de Madrid por plegarse a ella. Las personas que rebuscan en la basura son el último eslabón de la cadena. ¿Que venden a mafias recursos que tienen mucho valor, con lo cual además dificultan su reciclaje y aumentan el impacto ecológico? Correcto. ¿Que lo hacen para sobrevivir? También correcto.

Al final es siempre lo mismo. Es más fácil poner trabas y sanciones al pequeño donnadie que incumple la ley (el tipo que mete mano en la basura, el camello) que al grupo o mafia que está detrás de estas personas. Sí, se trata de personas que se están aprovechando ilícitamente del sistema, pero ¿es justo ir a por ellos? Yo creo que no, y pensaba que esta clase de movimientos represivos eran patrimonio de la derecha. Lamento ver que Ayuntamientos e instituciones que se autodenominan “del cambio” caen exactamente en lo mismo. 

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Los viejos votan mal

Ha pasado ya más de una semana desde las elecciones. Se han acallado ya los rumores de pucherazo, sustituidos por una intensa especulación: ¿logrará Rajoy mayoría suficiente para ser investido o volveremos a votar en diciembre? Sin embargo, debajo de ese debate aún puede escucharse el resquemor de ciertos fans de Podemos. Como digo, sólo los más recalcitrantes creen aún en el fraude electoral. Hay que asumir que desde diciembre han perdido más de un millón de votos, que sólo mantienen los escaños gracias a la Ley Electoral y que el PP ha crecido en apoyo. La conclusión dentro de estos sectores es unívoca: los viejos votan mal.

Antes de nada, una aclaración: voté a Unidos Podemos y estoy cabreado con el resultado electoral. Estoy cabreado de que mis conciudadanos hayan decidido darle 137 escaños a una entidad que pintaría más en el Registro de Penados y Rebeldes que en el de Partidos Políticos. Estoy cabreado porque, aunque el PP no llegue a gobernar, controla casi un 40% del Congreso de los Diputados y puede dificultar hasta lo indecible cualquier legislación. Me jode la completa alienación, casi síndrome de Estocolmo, que sufren millones de personas de clase trabajadora que votan al PP pese a que sus políticas provocan dolor, emigración, desahucios y muerte. Sí, me revienta.

Pero ¿cifrar todo ello en que “los viejos votan mal”? ¿Quiénes os creéis que sois? ¿Qué pensáis, que tener menos de 25, 30, 40 o 60 años os da una especie de iluminación que desaparece al cumplir esa edad? ¿Que sólo nosotros y nuestra quinta conocemos La Verdad política? ¡Anda ya! Oh, espera, que no es eso. Que el problema no es de edad sino de formación. Que los ancianos no se han formado y por ello el PP les engaña con la propaganda, no como a ti.

Detengámonos un poco en esto, porque me parece obsceno. ¿Qué es “no estar formado”? ¿No tener una carrera universitaria? Claro, porque haberte graduado en, qué sé yo, Farmacia, Ingeniería de Telecomunicaciones y Filología Árabe te da dos superpoderes especiales: interés en la política e inmunidad a la manipulación. ¿O tienen que tratarse específicamente de carreras humanísticas? ¿Sólo puede votar bien un licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, en Sociología? Pues como restringiéramos el derecho al voto a los abogados íbamos a flipar con los resultados.

Además, ¿por qué os creéis que vuestros abuelos no pudieron ir a la Universidad? Quizás es porque en la postguerra las prioridades eran, yo qué sé, sobrevivir. O porque no había apenas universidades y las matrículas eran prohibitivas. O porque los jóvenes de la clase trabajadora estaban en la fábrica, en el taller, en la casa del señor o en la tienda, deslomándose en trabajos ingratos. Igual fue gracias a este trabajo, por cierto, que vuestros padres nacieron en la llamada “clase media” y pudieron estudiar. Anda, sorpresa.

En algunos casos la solución de estos iluminados no pasa en retirar el derecho al voto a todos los que tengan una edad decidida arbitrariamente, sino por establecer un “examen de cultura general” para poder votar. Inicialmente no parece mala idea. Dejemos que decidan la política los que entienden de política. O, en otras palabras, ¿cómo puede votar alguien que no sabe cómo funciona el sistema parlamentario, qué es un ministro o qué competencias tiene su Ayuntamiento?

Pues mira, es muy simple: pueden votar porque vivimos en una democracia. Que tiene narices que Podemos sea un partido nacido de un movimiento regeneracionista como el 15-M y algunos de sus fans hayan acabado apoyando el sufragio censitario porque no les gustan los resultados. E insisto, a mí tampoco me gustan. Pero igual si quieres que te voten la estrategia pasa por convencer a la gente en el cara a cara, por hablar en su idioma y por proponer cosas concretas.

Además, creo que los proponentes de ese examen para conceder el derecho al voto no habéis pensado una cosa. ¿Quién lo va a poner, hacer y corregir? Tendrá que ser el Estado, ¿no? Es decir: hasta hace unos días estabais gruñendo porque Fernández Díaz había manipulado las elecciones, ¿y le queréis dar la posibilidad de decidir quién vota y quién no vota mediante un procedimiento oscuro y que depende de decisiones políticas? Magnífico plan, no me parece que tenga ningún defecto.

Y venga, supongamos que implementan el examen. Os tengo que comentar otra cosa desagradable: la ideología no es una variable que correlacione con la formación. Por ejemplo, Arcadi Espada. No vamos a negar que es un tipo que está formado. Y sin embargo es promotor de Ciudadanos y de plataformas rancias como Libres e Iguales, y el otro día estaba en la prensa diciendo tonterías tales como que Rajoy tiene “derecho a gobernar”. Con ello revela que desconoce cómo funciona un sistema parlamentario: en España nadie tiene derecho a gobernar hasta que no se lo concede el Congreso, por muchos diputados que tenga su partido. ¿Le quitamos el voto también a él o qué?

Creo que no os dais cuenta de lo que defendéis con la tontería del voto condicionado a la cultura. Estáis volviendo a una idea ya superada: que la nación, en la que descansa la soberanía, es una especie de cuerpo místico atemporal cuya voluntad sólo puede formarse a partir de las personas que tengan un interés legítimo en ella. En el siglo XIX ese interés se medía por los impuestos que pagabas y ahora por la cultura política que tengas, pero es esencialmente lo mismo: sólo puede votar quien tenga unas condiciones que le diferencien de la masa.

De hecho, esa cultura política que pretendéis exigir para poder votar está relacionada con factores socioeconómicos. No entendéis (o no queréis entender) que informarse sobre política consume un tiempo que no todo el mundo tiene, requiere una formación que hay que adquirir y cansa. Y el trabajo y la vida diaria ya nos cansan demasiado. La gente, aunque pueda dedicar tiempo libre a esto, a lo mejor prefiere desconectar. Ponerse el Sálvame, el fútbol o Juego de Tronos (que a efectos de alienación lo mismo da) y olvidarse un poco de lo cotidiano. ¿Tan malo es? ¿Cómo os atrevéis a juzgarlo? ¿Cómo os atrevéis a insinuar que deberían perder su derecho al voto?

Os llamáis defensores de “la gente”, ¿no? ¡Pues ahí tenéis a la gente en todo su esplendor! La gente, en muchas ocasiones, no tiene tiempo ni ganas de leer el último artículo imprescindible de Ignacio Escolar, de indignarse con las intolerables declaraciones del facha de turno o de pasarse la tarde debatiendo sobre política en Twitter o en una asamblea. ¡Sorpresa! A lo mejor tiene cuestiones más inmediatas de los que preocuparse. Y vosotros queréis dejar los problemas de todas estas personas fuera de las instituciones. Porque sí: si no puedes votar, nadie te representa.

No entiendo cómo no se os cae la cara de vergüenza a todos los que andáis por ahí exigiendo sufragio censitario. No valéis más que ésos a los que tanto despreciáis. ¿Creéis que sabéis más que “la gente”? Pues haced activismo y enseñad. En vuestra mano está que voten “mejor”. Pero mirar por encima del hombro a las personas por las que decís luchar es patético, y dice más de vosotros y de vuestro proyecto que de todos esos viejos y analfabetos que no saben votar.

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