El Tribunal Constitucional no suspende leyes

Con cierta frecuencia leemos en los titulares que el Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación de una ley. A estas noticias se reacciona de dos formas: si la ley suspendida no nos gustaba (como el euro por receta) todo son loas al Tribunal Constitucional y afirmaciones de que por fin hay justicia en este país. Por el contrario, si la ley suspendida nos gustaba (como las tres normas catalanas suspendidas hace poco) ponemos el grito en el cielo y se oye gran llanto y rechinar de dientes por lo injusta que es esta institución.

Sólo hay un problema: en ambos casos estamos haciendo el gilipollas, porque el Tribunal Constitucional no tiene competencia para suspender leyes. Los titulares, buscando el impacto y los clics, mienten sistemáticamente sobre este asunto. O como mínimo manipulan la verdad. Luego ya, en el cuerpo de la noticia, cuando ya tienen el clic y el RT asegurado, quizás expliquen cómo funciona la suspensión de leyes recurridas. O quizás no. Ni que los periódicos estuvieran para informar.

Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad? Para entenderlo tenemos que estudiar en primer lugar qué se quiere decir con “suspensión”. El TC, esto supongo que es de sobra conocido, lo que puede hacer es anular leyes contrarias a la Constitución. Las leyes que, a juicio de este órgano, son inconstitucionales, son expulsadas del ordenamiento. Mueren, por así decirlo, y nunca volverán a vivir (1). Pero una suspensión no es eso. Suspender una norma no es anularla: es dejarla viva pero impedirle producir efectos durante un tiempo. Por su propia naturaleza la suspensión es algo temporal: en algún momento habrá que decidir si se levanta o si se transforma en algo permanente. Es lo que se llama una medida cautelar (2).

¿Está prevista la medida cautelar de suspensión en la legislación del Tribunal Constitucional? Sí, lo está. Pero, si es así, ¿por qué digo que los titulares mienten cuando hablan de este tema? Porque se trata de una medida automática, que se impone en cuanto se impugna la ley, siempre que se cumplan ciertos requisitos. El Tribunal Constitucional no suspende leyes: algunas leyes quedan automáticamente suspendidas por el hecho de ser recurridas. Es una diferencia importante, ¿no creéis?

Para que se suspenda una ley tienen que cumplirse dos requisitos:

-  Que se trate de una ley autonómica y que el órgano que la impugna sea el Gobierno. Efectivamente, el recurso de inconstitucionalidad puede recaer sobre muchas normas (leyes orgánicas, leyes ordinarias del Estado, reglamentos parlamentarios, tratados internacionales, leyes autonómicas) y lo pueden instar diversos actores políticos (el presidente del Gobierno, el defensor del Pueblo, 50 diputados, los Parlamentos autonómicos, etc.). Sin embargo, sólo se producirá la suspensión si el Gobierno impugna normas autonómicas. Esta regulación, por cierto, está prevista en el artículo 161.2 de la Constitución, por lo que no es fácil de cambiar.

-  Que el recurso sea admitido a trámite. La admisión a trámite simplemente quiere decir que se cumplen todos los requisitos de forma. Es decir, que el hecho de que se suspenda la ley no quiere decir que luego el Tribunal Constitucional vaya a anularla: simplemente es un efecto automático de un recurso que está bien presentado.

En un plazo no superior a cinco meses desde la admisión a trámite del recurso, el Tribunal Constitucional debe decidir si levanta la suspensión (como hizo con la norma que devolvía la sanidad pública a los inmigrantes en Valencia) o si la mantiene (como hizo con diversos actos relativos al proceso independentista catalán). Esa es la única decisión que puede tomar al respecto y, una vez la tome, es definitiva hasta que salga la sentencia: no puede volver a suspender la norma recurrida o a levantar una suspensión que ha sido ratificada. Un margen competencial realmente escaso.

En definitiva: la posibilidad de suspender durante años (3) una ley autonómica no es tanto una competencia del Tribunal Constitucional como una potestad del Gobierno. El Gobierno puede jugar con los tiempos políticos dentro del margen que tiene para recurrir leyes autonómicas (3 meses) y, si actúa con deslealtad institucional, puede ponerle a cualquier Comunidad Autónoma serios palos en las ruedas. ¿Por qué la Constitución reguló la suspensión de esta manera? Supongo que precisamente para dotar de una fuerza extra a los recursos del Gobierno contra las Comunidades Autónomas, en la creencia de que éstos iban a estar siempre más o menos justificados por la defensa del interés general.

De nuevo tenemos una constatación de que las mejores normas no sirven de nada si no hay voluntad de hacerlas cumplir. Y este Gobierno, evidentemente, no la tiene.

(1) Por eso se suele decir que el Tribunal Constitucional es un “legislador negativo”: si el legislador establece qué es Derecho, el TC decide qué no es Derecho. Esto plantea una cuestión de legitimidad democrática: teniendo en cuenta que la mayor parte de inconstitucionalidades se declaran después de un razonamiento complejo y donde caben opiniones contrapuestas, ¿por qué la votación que se hace dentro de un grupo de técnicos (pues eso es lo que somos los juristas) tiene que estar por encima de la votación hecha en las Cortes (órgano que, se supone, representa a la sociedad)?

(2) De forma más técnica, una medida cautelar es aquella que se toma al principio de un proceso para impedir que se frustre la finalidad del mismo. Ejemplos: embargarle el sueldo al demandado para que pueda pagar lo que debe, encerrar en prisión al imputado para impedirle que huya o que destruya pruebas, etc.

(3 supone que las sentencias de inconstitucionalidad deben salir en 10 o, como mucho, 30 días. Pongo tres ejemplos de leyes nacionales famosas: la del matrimonio igualitario tardó 7 años, la del Estatuto de Autonomía de Cataluña tardó 4 y la de la Ley del Aborto aún no ha salido después de 6 años.