La consulta catalana

Las leyes de la historia dicen que en épocas de crisis políticas y económicas cobran fuerza los movimientos centrífugos. Cuando un país deja de responder a las aspiraciones de sus ciudadanos hay secesiones, desintegraciones o Estados fallidos. Los Estados no tienen ninguna posibilidad de mantenerse si no consiguen que sus ciudadanos sean razonablemente felices dentro, y es forzoso reconocer que España ha fracasado estrepitosamente en esa materia. Si yo, más madrileño que la Mariblanca, quiero independizarme de esta sentina de país, qué no querrán los catalanes, que además tienen hechos diferenciales suficientes como para inventarse un discurso nacional propio.

El último paso de este proceso de independencia se ha dado hoy con la aprobación, por aplastante mayoría (el 79% de los diputados presentes, que eran todos menos uno, ha votado a favor) de una ley que permite consultarle a la ciudadanía catalana cuál es su voluntad. La nueva norma se llama, en castellano, Ley de Consultas Populares no Refrendarias y de Participación Ciudadana, y según el Gobierno es poco menos que la sexta trompeta del Apocalipsis: aparte del preceptivo anuncio de un recurso ante el Tribunal Constitucional, se ha amenazado incluso con suspenderle la autonomía a Cataluña.

Seamos claros: la nueva ley es frontalmente inconstitucional. Pese a su nombre lo que establece no es otra cosa que un referéndum. Dice su artículo 3 que una consulta no refrendaria es “la convocatoria hecha por las autoridades competentes (…), a las personas legitimadas en cada caso para que manifiesten su opinión sobre una determinada actuación, decisión o política pública, mediante votación”. Esta consulta se puede dirigir a los ciudadanos de todo el territorio, se resuelve mediante votación secreta hecha en mesas y tiene organismos específicos que velan por su independencia.

Pues bien, según el TC, un referéndum es “aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral (…) conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral”. Sigue el Tribunal diciendo “para calificar una consulta como referéndum (…) ha de atenderse a la identidad del sujeto consultado, de manera que siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía de manifestación propia es la de los distintos procedimientos electorales, con sus correspondientes garantías, estaremos ante una consulta referendaria.” (STC 103/2008, FJ 2). Es decir, exactamente lo que se aprueba en la ley catalana… y lo que se aprobaba en la ley vasca que dio origen a la sentencia que acabo de citar (1).

Y lo que sucede es que el referéndum es una competencia exclusiva del Estado según el claro, evidente y muy poco matizable artículo 149.1.32º CE. No obsta a ello que el Estatuto de Autonomía catalán, en su artículo 122, habilite a la Generalitat para convocar consultas populares. El propio precepto excluye el referéndum, y el Tribunal Constitucional dijo también que el artículo sólo era conforme con la Constitución haciendo esa salvedad (STC 31/2010, FJ 69).

Así que, sí, la ley catalana es inconstitucional por encima de toda duda y el referéndum que se convoque en su nombre será ilegal. El Gobierno tiene una amplia variedad de medios para impedir la consulta, desde recurrir al Tribunal Constitucional (en cuyo caso la ley quedaría suspendida) hasta tratar de activar el procedimiento del artículo 155 CE para poder darles órdenes a las instituciones catalanas (2). Si es voluntad del Gobierno, la consulta no se celebra.

Sin embargo, la pregunta no es en realidad “¿puede el Gobierno parar la consulta?” La pregunta es otra: “¿debe hacerlo?” Sí, hay un incumplimiento de la legalidad, pero ver sólo eso es de ser muy corto de miras. Aplicar la solución jurídica a rajatabla sólo lanza el problema hacia delante. ¿Qué pasa después de que el Tribunal Constitucional anule la consulta? ¿Elecciones plebiscitarias? ¿Y luego? ¿Un órdago independentista en forma de declaración de independencia o redacción de una Constitución? Y después de que eso pase, ¿qué va a hacer Rajoy? ¿Mandar al ejército? Por poder puede, pero ¿es conveniente que siga tensando la cuerda?

Cada cosa que hace el Gobierno con el tema de Cataluña genera más cabreo y más independentismo. Pasó en la segunda legislatura de Aznar y está pasando ahora. Yo creo que el PP con mayoría absoluta es incapaz de concebir que haya un problema que no pueda solucionar pasando el rodillo parlamentario. Y así no se puede gobernar. La cuestión catalana exige diálogo y pacto: los deseos independentistas no se desactivan insultando a quienes los tienen, sino procurando que tengan ganas de quedarse en España.

No sé hacia dónde va el proceso de independencia de Cataluña, pero no veo muchos escenarios posibles: o se desinfla solo, o hay un golpe de fuerza del Estado o lo consiguen. La primera posibilidad no parece plausible y las otras dos no me gustan. En cuanto a una salida pactada, algo como lo que ha ofrecido Cameron a los escoceses si triunfa el “no” (3)… sinceramente, no veo capaz al Gobierno de prometer algo así. Rajoy es un señor de orden, y los señores de orden no pactan las cosas.

Termino con una reflexión personal: Cataluña aporta mucho al conjunto del Estado. No hablo sólo de economía, que también, sino de cultura, de patrimonio histórico, de diversidad lingüística y de todas estas cosas que nos enriquecen. Me da una rabia extrema que el PP haya generado un callejón sin salida pudiendo no hacerlo. Llegados a este punto creo que sólo nos queda ver cómo evolucionan los acontecimientos y esperar que, si se celebra una consulta, los catalanes decidan no irse. Porque si deciden que se van no los va a parar nadie.

(1) No son casos exactamente iguales, ya que la ley vasca directamente convocaba la consulta mientras que la catalana habilita al Gobierno autonómico para hacerlo, pero los argumentos que se esgrimieron contra una valen contra la otra.

(2) Y eso que ya no forma parte de nuestro Código Penal el absurdo delito de convocatoria ilegal de referéndum.

(3) Mutatis mutandis, claro. Reino Unido y España tienen muy poco que ver a nivel constitucional.