Vox populista

Esta semana se ha presentado Vox, un nuevo partido político patrocinado por José Antonio Ortega Lara y Santiago Abascal. El proyecto ofrece el habitual pastiche de la derecha populista al que ya nos tiene acostumbrados UPyD: centralismo, invocación desmedida de la Constitución, defensa del empresario y fin de las subvenciones, todo esto acompañado de referencias a “defender la vida”, al “patriotismo” y a la “fortaleza moral” de la nación. En fin, algo que da bastante asquete y que no dice nada nuevo.

Sin embargo, algo sí me ha llamado la atención, y es la referencia a la jurisdicción constitucional. Como acertadamente me señaló @jacobodopico ayer, en general a esta derecha cercana a la AVT le gusta más el Tribunal Supremo que el Constitucional porque tiende más a avalar sus tesis. Recordemos que el Tribunal Constitucional llegó a dar la razón a algunos presos que habían sido perjudicados por la doctrina Parot. Así que cuando Vox habla de jurisdicción constitucional propone una sola medida, muy simple: suprimir el Tribunal Constitucional. Concretamente el punto 6 de la Agenda para el cambio de su manifiesto dice así:

       Atribución de la jurisdicción constitucional al Tribunal Supremo, que resolverá los recursos de amparo según las materias correspondientes a las diferentes Salas. Los recursos de inconstitucionalidad corresponderán a una Sala especializada constituida de manera permanente a tal efecto. Se repondrá el recurso previo de inconstitucionalidad.

Esto, dicho grosso modo, es una barbaridad. Para explicar por qué hay que contar un poco a qué se dedica el Tribunal Constitucional. En el Estado liberal del siglo XIX las Constituciones eran bastante débiles porque, tuvieran normas especiales o no para su reforma, el hecho es que no había ningún órgano que pudiera juzgar al legislador y controlar que con sus leyes no se estaba modificando soterradamente la Carta Magna. Por ello en el periodo de Entreguerras surge la idea de crear tribunales, con jurisdicción en todo el territorio nacional, que puedan ejercer esa misma función: los Tribunales Constitucionales.

En España el Tribunal Constitucional ejerce esa función a través del recurso de inconstitucionalidad. Vox propone que esos recursos los resuelva una nueva Sala del Tribunal Supremo, y no tengo particular problema con eso: en algunos países latinoamericanos funcionan así, no es algo novedoso. El problema es que el Tribunal Constitucional hace otra cosa: proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante el recurso de amparo.

La idea del recurso de amparo es que exista un órgano que pueda proteger los derechos fundamentales frente a su vulneración no sólo por parte de la Administración, misión de la que se encarga el poder judicial, sino también por parte de éste. Para interponerlo hay que agotar todas las vías de recurso, es decir, que antes de molestar al Tribunal Constitucional hay que intentar que todos los órganos del poder judicial (Tribunal Supremo incluido) restauren el derecho vulnerado. Sólo si no lo hacen se puede acudir al Tribunal Constitucional.

Lo que propone Vox es que sean las Salas comunes del Tribunal Supremo (no la Sala Constitucional que quieren crear) la que resuelva los amparos suscitados en su jurisdicción: es decir, que la Sala de lo Civil resuelva los amparos suscitados en la jurisdicción civil, la Sala de lo Penal los suscitados en la penal, etc. Pero claro, si para solicitar el recurso de amparo hay que llegar a una situación en la que el Tribunal Supremo se haya negado a proteger el derecho vulnerado, ¿qué sentido tiene que resuelva los amparos la misma sala del Tribunal Supremo que acaba de negarse?

Los recursos ante el mismo juez que ha desestimado la petición inicial no son desconocidos. Se llaman recursos no devolutivos y existen. Pero usarlos para defender derechos fundamentales resulta un tanto forzado y frustra completamente la finalidad de la jurisdicción constitucional. Siendo realistas, ningún tribunal va a reconsiderar un asunto si esa reconsideración va a dejar de manifiesto que no protegió un derecho fundamental pudiendo hacerlo.

He analizado esta propuesta de Vox porque es muy significativa del nuevo partido y, en general, de toda la derecha populista: se trata coger problemas reales y darles soluciones ridículas, que no resisten un mínimo análisis. Lo podríamos llamar “política de los coches oficiales”: proponer cosas que quedan muy bien y que calman los ánimos de una población harta de "los políticos" y la política pero que en realidad esconden una ideología muy rancia. En este caso, un odio apenas disimulado a un órgano que no se ha mostrado tan proclive como otros a reconocer sus vengativas ideas sobre los presos de ETA

Lo cierto es que el Tribunal Constitucional tiene problemas: está atascado y la elección de sus miembros lo ha llevado a esa lógica de jueces progresistas y conservadores que tan nefasta es para un órgano judicial. Pero la solución, desde luego, no pasa por cerrar el órgano y reorganizarlo sobre bases absurdas, sino por cambiar su método de elección por uno menos manipulable. Aunque eso sólo es una solución parcial: ni el método de elección más perfecto puede resistir los embates de una cultura política que no acepta la independencia de las instituciones, que es precisamente la que tenemos en España. Digámoslo claro: mientras nuestro país no tenga, a nivel tanto de política como de calle, una cultura que promueva la honradez pública, ninguna institución quedará libre de mancha. Y sobre eso Vox, que prefiere cifrar el problema en “los políticos” y no en quienes les votan a pesar de ser víctimas del saqueo, no propone nada.