El bulo del presidente del Tribunal Constitucional

Dicen los refranes, que son muy sabios, que en España hay 47 millones de médicos, entrenadores de fútbol y abogados. En mi experiencia como jurista he llegado a la conclusión de que la frase es cierta, al menos por lo que respecta a la última de las tres profesiones. Y eso se está viendo hoy de forma clamorosa: El País abre su portada con la noticia de que el actual presidente del Tribunal Constitucional fue militante del PP al menos durante 2011, año en el que ya era magistrado de este órgano. Y añade que eso es ilegal. Todos los demás periódicos han repetido el dato, que se ha expandido por Twitter con la rapidez que da la confirmación de los propios prejuicios.

El problema es que El País la ha cagado: que un miembro del Tribunal Constitucional milite en un partido político no es ilegal. Será ciertamente incorrecto desde el punto de vista ético y una burla a la separación de poderes, y de hecho no alcanzo a ver por qué la ley no se lo ha prohibido, pero la cosa es que no lo ha hecho. El señor Pérez de los Cobos hizo algo completamente lícito cuando siguió militando en el PP una vez fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional.

Antes de seguir adelante hay que diferenciar entre poder judicial y Tribunal Constitucional. No son lo mismo, aunque lo parecen: el Tribunal Constitucional no es un órgano del poder judicial. El poder judicial tiene una misión clara: resolver conflictos entre partes. El Tribunal Constitucional, otra muy distinta: salvaguardar la Constitución de las posibles actuaciones inconstitucionales del legislador y proteger los derechos fundamentales.

Esto quiere decir, en lo que nos ocupa, que las normas genéricas sobre jueces y magistrados del poder judicial sólo se aplican supletoriamente a los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, que sólo se aplican salvo que haya una norma específica que regule ese mismo asunto en otro sentido. Y en este caso la hay.

Las incompatibilidades de jueces y magistrados (del poder judicial) tienen su apoyo en el artículo 127 CE, que expresamente les prohíbe pertenecer a partidos políticos o sindicatos. El artículo 395 LOPJ repite este mismo punto con casi las mismas palabras. Si no hubiera ninguna norma específica que dijera otra cosa, el mismo régimen se aplicaría a los miembros del Tribunal Constitucional, pero ello no es así.

El artículo 159.4 CE, que señala las incompatibilidades de los magistrados del Tribunal Constitucional, dice que ese cargo no es compatible “con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos”. El artículo 19.1 LOTC repite la misma regulación aunque ampliando el catálogo de entidades que un miembro del Tribunal Constitucional no puede dirigir. Dirigir. La mera militancia ni se nombra.

Los periódicos están tratando de salvar su monumental cagada con interpretaciones torticeras que se remiten a la última frase de los artículos 159.4 CE y 19.1 LOTC. Esta frase dice que “en lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial”. Pero la propia frase lo dice: “en lo demás”, es decir, en todo lo que no haya sido regulado expresamente en las líneas anteriores de ese mismo párrafo. Y la materia que nos ocupa sí ha sido regulada, pero en otro sentido distinto. En ese “en lo demás” caben cosas como la prohibición de que dos cónyuges sean miembros de la misma Sala o la incapacidad de resolver recursos sobre sentencias dictadas por parientes cercanos que también sean jueces (artículos 391 y 392 LOPJ), cuestiones reguladas para el poder judicial y no para el Tribunal Constitucional.

Lo contrario no tendría sentido. ¿Para qué iba la Constitución a establecer un régimen distinto de incompatibilidades para ambas figuras si luego lo va a igualar en la coletilla final del párrafo? Si la intención del constituyente era que ningún juez ni magistrado (sea del poder judicial o del Tribunal Constitucional) perteneciera a un partido político, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué explicitó en el artículo 159.4 la prohibición de dirigir un partido pero se remitió al artículo 127 para la prohibición de pertenencia? La cuestión es bien simple: no lo hizo. En el ánimo del constituyente nunca estuvo prohibir que los miembros del Tribunal Constitucional pertenecieran a un partido político; sólo que lo dirigieran o tuvieran empleo al servicio del mismo.

Desconozco la razón por la cual esto es así. De hecho no me parece correcto que sea así. Sin embargo, y al margen de otras irregularidades que pueda haber cometido Pérez de los Cobos (como no mencionar esa vinculación al PP cuando fue elegido, lo cual probablemente sí sea ilegal), militar en un partido mientras se es magistrado del Tribunal Constitucional es totalmente legal.