El auto de Pedraz

Nota: para entender bien esta entrada conviene tener claro que los Juzgados Centrales de Instrucción son los que corresponden a la Audiencia Nacional, mientras que los Juzgados de Instrucción normales (los de Plaza de Castilla en Madrid) corresponden a los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales respectivas.

Hoy se ha hecho público el auto del juez central de Instrucción Santiago Pedraz por el que se decretaba el archivo de todas las actuaciones seguidas contra los ocho imputados por organizar el 25-S. Este auto tiene su importancia por lo siguiente: Pedraz es un juez de Instrucción, es decir, que no tiene competencias para condenar o absolver a nadie. Su misión es investigar lo que ha pasado y determinar sobre qué hechos versará el juicio que, ahora ya sí y con otro juez, terminará en una sentencia condenatoria o absolutoria. De ello se deriva que tiene que dejar pasar cualquier asunto en el que vea indicios de delito y, correlativamente, que si archiva un asunto es porque no ha visto la menor traza de nada. Los ocho imputados no han sido absueltos: es simplemente que el juez no ha visto indicios suficientes como para seguir adelante.

El auto en sí es bastante sencillo. Empieza diferenciando dos colectivos: el primero es el de las 8 personas que fueron identificadas en el Retiro unos días antes del 25-S; el segundo, el de los 35 detenidos en la propia manifestación. Los primeros fueron directamente al Juzgado Central de Instrucción, imputados por un delito contra las instituciones del Estado. Los segundos han seguido una trayectoria errática: la Policía trató de llevarles ante Pedraz, éste dijo que los delitos que se les imputaban no eran competencia de la Audiencia Nacional, pasaron al Juzgado de Instrucción común (ya bien acusados), la jueza apreció que los delitos sí eran competencia de la Audiencia Nacional y ahora parece que vuelven a Pedraz. A pesar de que la Policía ha tratado de hacer entrar a todos en el mismo saco, Pedraz separa acertadamente ambos grupos: el auto sólo va sobre el primero.

El auto se basa en el Diario de Sesiones del Congreso del 25-S. En él no consta que se alterara el normal funcionamiento de la Cámara durante la sesión (de hecho un diputado menciona lo contrario, que la sesión transcurre con normalidad): eso le permite concluir que el delito del artículo 494 CPE no pudo ser cometido, ya que requiere esta alteración. Tampoco pudieron ser cometidos los delitos de los artículos 493 y 495, que requieren entrar por la fuerza (o intentarlo) en el Congreso, algo que no estaba en la intencionalidad de los manifestantes y que de hecho no se produjo.

Finalmente, Pedraz recuerda que es lícito manifestarse a favor de la dimisión del Gobierno y de la redacción de una nueva Constitución. Es aquí donde patina, soltando una frase por la que todos los fachas se le han lanzado al cuello ya que, en realidad, no pinta nada en un auto judicial: al final del FJ 8 dice Pedraz que el Derecho penal no puede “prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”. Esta opinión personal no tiene cabida en un auto judicial y además no tiene sentido: la libertad de expresión seguiría existiendo y teniendo los mismos límites aunque el Gobierno, las instituciones y los políticos gozaran de gran popularidad. Pero la cuestión es que es sólo una frase desacertada dicha al hilo de un razonamiento jurídico impecable.

Las consecuencias inmediatas de este auto son, principalmente, un alivio para el otro grupo de imputados, que ya sabe cuál es el criterio de Pedraz respecto de los delitos contra las instituciones del Estado que previsiblemente les imputarán. Eso sí, esto no dice nada sobre los otros delitos de que les acusa la Policía (principalmente atentado), que no son competencia de la Audiencia Nacional y que probablemente se terminen ventilando en un Juzgado de lo Penal normal y corriente.