La Ley de Memoria Democrática (II) - Verdad, justicia y reparación

Las políticas de memoria democrática son el verdadero núcleo de la nueva ley, de la cual ocupan más de la mitad del texto. Al contrario que la antigua LMH; que tenía como objetivo principal reconocer y apoyar a las víctimas del franquismo, esta quiere impulsar la memoria democrática, es decir, ese «conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España» que veíamos en el artículo anterior. 

La memoria democrática será tarea de la Administración General del Estado, que deberá tener un departamento dedicado a este asunto. Las actuaciones de la AGE en esta materia se articulan en un Plan cuatrienal aprobado por el Gobierno. En cuanto a las actuaciones de las Administraciones autonómicas, la ley no las regula al detalle, pero sí crea un Consejo para coordinarlas entre sí y con las del Estado.

En cuanto a las políticas de memoria, se articulan por medio de la tríada «verdad, justicia y reparación». Estas tres exigencias se aplican en casos de violaciones masivas de derechos humanos, como fueron en España el golpe, la guerra y la posterior dictadura. Además, hay un cuarto eje, el deber de memoria, que veremos en el artículo siguiente, y que es donde están cuestiones como la retirada de símbolos o la anulación de títulos.

 

Verdad

El derecho a la verdad es aquel que tienen tanto las víctimas como sus familiares y la sociedad en general a conocer todos los hechos que rodean las violaciones de derechos humanos de la dictadura, incluyendo la suerte que corrió la víctima y el paradero actual de su cuerpo. Para ello, la Administración General del Estado impulsará la investigación histórica.

Aquí la ley hace algo interesante: cita el artículo 44.2 de la Constitución (obligación de los poderes públicos de impulsar la investigación en beneficio del interés general) para ordenar que se tenga en cuenta «el papel esencial que desempeña el debate histórico para la formación de una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad libre y democrática». Pero esto en ningún caso constituye el establecimiento de una verdad oficial que no pueda ser cuestionada, pues también se reconoce la «incertidumbre consustancial» al debate histórico, que permite formular distintas hipótesis o conjeturas.

En la práctica, el derecho a la verdad se despliega en dos clases de actuaciones. Por un lado, está el tema de la localización de personas desaparecidas. El asunto de las fosas comunes es de lo que más gente mueve en estas materias, porque muchas personas quieren saber qué fue de sus familiares. Con la LMH, la iniciativa era de las asociaciones de víctimas y el Estado prestaba ayuda. Ahora es al contrario: la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura corresponde a la Administración General del Estado (1). La importancia que tiene esto a nivel de memoria democrática es tremenda.

La búsqueda debe hacerse de forma gradual, y el departamento competente en materia de memoria democrática debe publicar los datos de exhumación anual. La herramienta más importante es un mapa integrado de localización de personas desaparecidas, elaborado por la Administración. Las zonas incluida en dicho mapa tendrán protección, para que no se construya en lugares donde puede haber restos.

La ley regula también el procedimiento administrativo por el que se conceden autorizaciones para exhumar e identificar a personas, que en la LMH quedaba mucho más en el aire. Pueden iniciarlo tanto los familiares de las víctimas como las asociaciones memorialistas, a las que esta ley intenta en todo momento amparar y proteger. Una vez concedida la autorización, está el problema de qué hacer si los restos se encuentran en un terreno privado cuyo dueño no permite la entrada. Aquí la ley no innova y casi copia la solución de la LMH: se entiende que la localización, exhumación e identificación de los restos es un fin de utilidad pública, lo que permite a la Administración ocupar temporalmente el terreno (dando a cambio una indemnización).

Si la intervención tiene éxito (es decir, si se hallan restos humanos), esta circunstancia se pone en conocimiento de las autoridades competentes. Es necesaria autorización administrativa para trasladar los restos. Las Administraciones tienen también competencias relevantes: realizar estudios forenses y genéticos, inhumar en el cementerio los restos no reclamados, promover inscripciones de fallecimiento, restituir restos a sus familiares, etc.

Por último, se crea el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, para almacenar los perfiles genéticos de las víctimas (incluyendo bebés robados) y sus familiares, con el fin de poder realizar tareas de comparación genética. La aportación de muestras biológicas al Banco será gratuita y voluntaria.

El derecho a la verdad también se ejerce por medio de la investigación, que se articula en torno al Centro Documental de la Memoria Histórica, una entidad creada en 2007 por la LMH. Este centro debe custodiar, mantener y difundir los fondos y otros bienes muebles incluidos en el Archivo General de la Guerra Civil, y también reunir los documentos, testimonios orales y otros bienes relativos al franquismo. Sus fondos se integran en la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales y en la Red Digital de Colecciones de Museos de España, dependiendo de si son bibliográficos o museísticos.

La ley regula también la adquisición y digitalización de documentos referidos al golpe, la guerra y la dictadura y el derecho de acceso y consulta a dichos documentos (que es libre, gratuito y universal).

 

Justicia

La pata de la justicia es la más débil de las tres, porque todos los responsables están muertos. El artículo 2 de la ley declara como imprescriptibles y no amnistiables los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura, pero aun así hay toda clase de problemas prácticos y jurídicos para perseguirlos.

Así que en este apartado lo que se limita a hacer la ley es garantizar el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos entre 1936 y 1978. Para ello se crea un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, con competencia para investigar violaciones de derechos humanos (incluyendo las franquistas) y para impulsar las búsquedas de víctimas.

Además, y esto es lo más interesante, se recupera la figura del expediente de perpetua memoria, que era un procedimiento de jurisdicción voluntaria que permitía documentar declaraciones testificales con el fin de usarlas en un proceso posterior (prueba preconstituida) o solo para dejar constancia de las mismas. Este proceso se eliminó en 2015, pero se vuelve a poner en vigor ahora, denominado declaración judicial sobre hechos pasados. Se aplica cuando el interesado quiera obtener una declaración judicial sobre «la realidad y las circunstancias de hechos pasados determinados».

 

Reparación

Las medidas de reparación son la razón por la que la memoria democrática suscita una oposición tan virulenta. La verdad y la justicia están muy bien, pero cuando nos vamos a la parte económica, resulta que tras la guerra hubo mucha gente que se enriqueció a costa de los numerosos empresarios, propietarios y profesionales que apoyaban a la república. Los hijos y nietos de estos ladrones, como es natural, no están muy por la labor de que se investigue el origen de la fortuna familiar ni de que se les fuerce a restituir lo robado.

Esta ley hace un intento tímido en este sentido. Reconoce el derecho a la reparación integral por parte del Estado. Más en concreto, se habla de tres casos:

• Bienes incautados y sanciones económicas producidas por razones políticas. El Estado debe investigar estos casos y hacer, en el plazo de un año una auditoría de bienes expoliados y de sanciones impuestas. Una vez hecho eso, se implementarán vías de reconocimiento a los afectados.
• Trabajos forzados: el Estado impulsará medidas para reconocer y reparar a quienes sufrieron trabajos forzados y se señalizarán los lugares relacionados con los mismos.
• Brigadas Internacionales: los voluntarios de las mismas pueden adquirir la nacionalidad española sin renunciar a la propia. También se reconoce a los descendientes de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España.

 

Como vemos, se trata de medidas muy poco concretas y que en ningún caso permiten demandar a los responsables del expolio.

 

 

Hasta aquí tres de las cuatro grandes áreas de medidas de la LMD. Como vemos, todo está aún en un estadio muy provisional: hacer registros, censos, archivos y bases de datos, para ver cómo trabajamos a partir de ahí. Es un comienzo, pero es un comienzo que debería llevar 30 años hecho. En el artículo siguiente analizaremos el cuarto bloque de medidas y diremos unas palabras sobre las asociaciones memorialistas y el régimen sancionador.

 

 

 

(1) Aunque, por supuesto, los particulares pueden seguir buscando y cuentan con el apoyo del Estado.

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La Ley de Memoria Democrática (I) - Planteamiento

Se ha publicado la Ley de Memoria Democrática (LMD), que entrará en vigor esta misma semana. Igual que hicimos el mes pasado con la Ley de Libertad Sexual, vamos a dedicar una serie de artículos a analizarla.

En España, la dictadura impuso una política oficial de silencio sobre los muertos y atrocidades de la guerra civil y la inmediata posguerra. Los actos cometidos por las fuerzas republicanas sí fueron investigados y enjuiciados, pero los realizados a manos de las tropas rebeldes quedaron en la más absoluta impunidad. Hubo que esperar a 2007 para que el Gobierno de Zapatero promulgase la llamada «ley de memoria histórica», aunque su título real mostraba más cuál era la pretensión real de la norma: «ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura».

La orientación de la LMH, como deja claro su título, era esencialmente privada. Sí, tenía avances como declarar la «ilegitimidad» de ciertos tribunales y condenas franquistas (artículo 3), pero lo hacía como un instrumento para la finalidad básica de la ley, proteger «el derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar» (artículo 2). En consonancia con este objetivo, la primera medida de esta ley de 2007 es reconocer a las víctimas de estas actuaciones franquistas el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal, por parte del Ministerio de Justicia, que no tiene efectos económicos (artículo 4).

Los siguientes artículos de la LMH se dedicaban a prestaciones económicas y no era hasta el artículo 11 que se empezaba a hablar de exhumación de fosas comunes. En estas, el Estado quedaba en una posición secundaria, de colaboración con los familiares de las víctimas, que son quienes deben asumir la iniciativa. A partir de ahí venían una serie de medidas (retirada de monumentos franquistas, prohibición de actos de exaltación de la dictadura en el Valle de los Caídos, concesión de la nacionalidad a ciertos colectivos, acceso a documentos públicos) que difícilmente se puede decir que formen un cuerpo coherente de protección de la memoria histórica. De hecho, la expresión «memoria histórica» solo aparece en uno de los artículos de la ley, el 20, que regula la creación de un Centro Documental de la Memoria Histórica.

Esta ley ya era insuficiente cuando se aprobó, pero era un avance. Ahora se ha aprobado una nueva ley que, aunque también tiene fallos, sigue posiblemente la línea de lo que debería llevar treinta años en vigor. Vamos a ver de qué va.

 

Principios generales

El objetivo de la ley ya es muy distinto que la vieja Ley de Memoria Histórica. La ley tiene dos finalidades: por un lado «la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida ésta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades» y por otra «el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual» entre el golpe de Estado de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución. Vaya, que ya el objetivo no es solo la protección de las víctimas (aunque se sigue mencionando el derecho de estas a la reparación moral y a la recuperación de la memoria), sino también la promoción de la memoria democrática.

El propio artículo 1 realiza una declaración que es importante, tanto a nivel simbólico como porque es fundamento de todo lo que viene luego. Va más allá de esa tibia declaración de ilegitimidad que realizaba la LMH y dice lo siguiente:

«Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar (…)».

 

Las víctimas

Para estar tan centrada en las víctimas, la Ley de Memoria Histórica no definía de manera precisa quién era una víctima. Esta sí lo hace: cualquier persona que haya sufrido daño (físico, moral, psicológico, patrimonial o menoscabo de sus derechos fundamentales) como consecuencia de acciones que violen las normas internacionales de derechos humanos, con independencia de que se sepa o no quién es el autor de los hechos.

Después de esta declaración general se reconocen hasta 13 categorías de víctimas: muertos y desaparecidos, presos y torturados, internados en campos de concentración (incluyendo los deportados a campos nazis), exiliados, represaliados económicos, represaliados por razón de identidad de género u orientación sexual, depurados de la Administración, niños robados, maquis, masones, miembros de la UMD, represaliados por usar su idioma, etc. También se amplía la categoría a los familiares de estas personas.

Asimismo, se reconocen ciertas víctimas colectivas (partidos, sindicatos, instituciones de autogobierno, asociaciones feministas, instituciones educativas), e incluso se incluye en el concepto a «las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas».

Una vez definidas las víctimas, se toman ciertas medidas concretas:

• Reconocimiento de la ilegalidad y nulidad de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas o ideológicas durante la guerra y la dictadura: se incluye la pertenencia a partidos, sindicatos, organizaciones, movimiento feminista o logias masónicas y el ejercicio de conductas relacionadas con opciones lingüísticas, de género o de orientación sexual. Esta norma es muy importante, porque no se limita a declarar una ilegitimidad sin contenido: se declara la nulidad de estas sanciones. Nulidad es un término jurídico preciso, que significa inexistencia. De forma sobrevenida, esta clase de condenas y sanciones nunca han existido ni han desplegado efecto lícito alguno.
• Reconocimiento de la injusticia del exilio y otras formas de violencia personal.
• Reconocimiento de la política de persecución y represión contra otras lenguas españolas (incluyendo la occitana y la asturiana).
• Ilegalidad de los órganos franquistas dedicados a la represión política y nulidad de sus condenas y sanciones. Este artículo está casi copiado del homólogo de la LMH, pero, de nuevo, donde esta norma se limitaba a hablar de ilegitimidad, la LMD declara ilegalidades y nulidades.
• Declaración de reconocimiento y reparación personal. Este mecanismo, previsto en la LMH, se mantiene en la LMD, pero concretando su regulación. No cambia tampoco el hecho de que se trata de un reconocimiento simbólico: no sirve de base para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado o de particulares ni da lugar a indemnización.
• Se declaran el día de homenaje a las víctimas del golpe, la guerra y la dictadura (31 de octubre) y el de homenaje a las víctimas del exilio (8 de mayo).
• Habrá un registro de víctimas, que recabará datos de oficio. A partir de este registro, se elaborará un censo de las víctimas de la guerra y la dictadura, que solo podrá incluir personas vivas cuando estas consientan.

 

Hemos estudiado los principios básicos de la Ley de Memoria Democrática y la regulación de las víctimas. En el artículo siguiente analizaremos el Título II, que regula las políticas de memoria democrática y que es el verdadero núcleo de la ley: cuenta con 45 de los 66 artículos de esta ley.

 

 

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Organizar HispaCones sigue siendo importante

Parece mentira, pero ya ha pasado casi un año. ¿Desde qué? Desde que publiqué (solo para mecenas) un artículo denominado «La importancia de organizar HispaCones». En ese momento acababa de terminar la HispaCón 2021, la segunda que se celebró online, y yo había sido parte de la misma. En el artículo me lamentaba de algunas cosas que salieron mal, me enorgullecía de otras que salieron bien, hablaba de lo que estaba aprendiendo a coordinar eventos y decía:

El año que viene la HispaCón es en Galicia. Se supone que, de una vez, lo organiza el grupo local de allí, pero, como es lógico, acabarán tirando del voluntariado, que para eso está.  (…)

Creo que tengo ganas.

 

Cuatro días después de publicar ese artículo, me estaban liando para organizar la HispaCón 2022. O, más bien, yo me estaba dejando liar, que aquí nada de presentarse como una víctima inocente: yo soy colaborador entusiasta de mi propio masoquismo. Y así me he pasado once meses: reuniones quincenales, decisiones, discusiones importantes (y absurdas) y un equipo que no dejaba de crecer para atender a una convención que se iba volviendo inabarcable. Y, sin embargo, al final pudimos con ella.

La HispaCón 2022 se ha celebrado en Ferrol, del 7 al 9 de octubre de 2022. Había tres sedes: el Centro Torrente Ballester (sede principal), el Antiguo Hospicio (sección lúdica e HispaKids) y el Teatro Jofre (en el que se produjo la grabación con público de un episodio del podcast Misterios y Cubatas). Además, una colaboración con los bares de la ciudad permitió ofrecer el AtraCón: una tarjeta que podías sellar con cada consumición y que te permitía entrar en un sorteo.

Más de 300 asistentes llenaron todos esos espacios durante los tres días de la convención. Este número parece pequeño, pero yo estoy orgulloso de él. La HispaCón, en los últimos años, era una convención pequeña y con poca sangre nueva, en la que las charlas giraban en torno a los mismos temas de siempre y que traía a pocos autores de renombre. Observando el histórico, se ve que desde 2006 venían pocos invitados de honor potentes, tanto nacionales como, sobre todo, extranjeros (1). Este año, sin embargo, el plantel de invitados de honor contaba con nombres muy interesantes: Claire North, H.M. Zubieta, Jo Walton, Jesús Cañadas, Ada Palmer…

Además, se han ofrecido una serie de actividades innovadoras, que espero que se mantengan en ediciones sucesivas. En primer lugar, la HispaKids, toda una HispaCón paralela ofrecida para asistentes de 4 a 12 años, que permite a sus progenitores conciliar. Que uno pueda asistir a los actos «para adultos» (feria editorial, charlas) con la seguridad de que su prole estará bien atendida por profesionales es algo que no ha habido nunca en la HispaCón y que merece la pena conservar para el futuro.

También se ha dado carta de naturaleza a los juegos de rol y mesa, que siempre han cabido en la HispaCón pero que ahora tenían un espacio propio. Se han realizado charlas de formato «raro» (una jam session, una pelea de gallos, un concurso de microrrelatos in situ). Se ha presentado la exposición «Brontë, Shakespeare y otros frikis», que explica que muchas grandes obras de la literatura son de género fantástico. Se ha abierto concurso público para que la gente pudiera proponer sus propias charlas (2). Se ha organizado un punto violeta. Se ha mantenido la feria virtual, en la que participaron aquellas editoriales que no pudieron o quisieron venir físicamente a Ferrol. Y así sucesivamente.

Creo que esta HispaCón, la primera enteramente presencial tras dos años de pandemia, va a suponer un punto de inflexión. Lo creo y lo espero. Por desgracia no puedo estar seguro, porque la principal ventaja de la HispaCón es también su principal debilidad: es rotatoria. Cada año se organiza en un sitio distinto y, lo más importante, la organiza un grupo de personas distinto. La responsable nominal es Pórtico, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, pero materialmente es un grupo local quien la monta. Eso quiere decir que cada HispaCón es un poco de su padre y de su madre: las hay mejor y peor organizadas, las hay más o menos interesadas en ciertos temas, etc.

Esta variabilidad le da encanto y permite que cada HispaCón tenga un sabor único, pero, a la vez, dificulta tener expectativas. Que una HispaCón haya ido muy bien (o muy mal) no permite suponer que la siguiente vaya a ir muy bien (o muy mal). Además, impide una de las cosas que a mi parecer son más importantes de estos eventos: conectar con la ciudad donde se hacen, aprenderse sus alojamientos, bares, restaurantes y hoteles. Saber dónde se cena bien, qué pensión evitar y en qué bares está la fiesta nocturna. Este trasfondo compartido no existe en la HispaCón, y es una pena.

Sin embargo, la razón por la que creo que Ferrol’22 va a ser un punto de inflexión es porque parece que Pórtico ha asumido por fin que la HispaCón es su buque insignia. La HispaCón es autónoma, pero no puede quedar desconectada de la Junta de Pórtico. Así, en la convocatoria que se hizo este año para la HispaCón 2024, por primera vez se redactó un pliego de condiciones que hace obligatorio invitar a un autor de renombre internacional o reservar cierto número de horas para charlas propuestas por la comunidad. El objetivo es encontrar un punto medio entre la autonomía del grupo local y la recognoscibilidad del evento. Cada edición anual tiene que tener su sabor, sí, pero también tiene que ser reconocible como una HispaCón. Esto, no cabe duda, es dificilísimo.

Esta transición está directamente relacionada con el crecimiento del evento. Por eso me parece tan importante que a esta HispaCón hayan asistido más de 300 personas o que las entradas de la cena de gala de los Ignotus se agotaran tan rápido (otros años parece que no fue así). Porque mucha gente nueva significa, con toda probabilidad, mucha gente joven nueva. Es raro que alguien de más de 40 años se incorpore al fandom y empiece a asistir a convenciones: no lo es que lo haga alguien que este en sus ’20 o, incluso, en su adolescencia. Y creedme, queremos gente joven en las HispaCones.

Esto ya no va solo del manido debate millennials contra boomers (noticias frescas, chicos: los millennials más jóvenes están en torno a los 30 años y les duele ya la espalda), aunque algo de eso hay. Queremos captar gente joven porque es ella la que encarna las nuevas tendencias en la literatura de género. La literatura infantil y juvenil es la droga de entrada a la fantasía, la ciencia ficción y el terror, y las nuevas generaciones vienen muy sólidamente alimentadas con todo eso. La consumen y también la producen. Queremos eso en nuestras convenciones, para que no vuelvan a ser un reducto de veteranos hablando de los temas de siempre.

Pero es que, aparte de eso, hay dos cosas que se necesitan con urgencia en la organización de convenciones y que resulta que la gente joven tiene en abundancia: tiempo y ganas. Según vas cumpliendo años, organizar eventos de estos empieza a ser cada vez más difícil: tu trabajo o negocio es más exigente, tienes relaciones estables, te reproduces, adquieres otras aficiones… El tiempo desaparece y la ilusión se te gasta. Y creedme cuando os digo que, sin tiempo y sin ganas, las actividades no salen adelante.

¿Queréis una prueba? El voluntariado de Ferrol’22. Un conjunto de 29 personas que son quienes han hecho posible la HispaCón. Han estado en recepción, aguantando el tirón cuando los organizadores estábamos apagando fuegos en otros lados. Se han comido horas de charlas, asegurándose de que todo funcionaba correctamente. Han montado y desmontado, y supervisado la sección lúdica, y vendido libros de Pórtico y resuelto dudas y se han ayudado entre ellas para que el evento saliera mejor. Todo ello gratis, por puro amor al arte.

Y ¿sabéis cuál era el perfil del voluntario? Se trataba de mujeres (en un abrumador 86%) en su veintena o en los primeros años de la treintena. Las había locales -las cuales, por cierto, ya están formando grupos para hacer cosas en Galicia, oiréis hablar de ellas- pero también residentes en otras partes del Estado. Muchas de ellas eran entusiastas y más implicadas de lo que se les pedía. Ellas han sido la cara visible de la HispaCón y, aunque no estaban en el equipo de organización, son quienes la han sacado adelante una vez allí.

Así pues, creo que la conclusión solo puede ser una: es necesario promover el relevo generacional en el fandom. Necesitamos equipos mixtos de gente joven que aporte ganas y tiempo y de gente mayor que aporte experiencia (para que los primeros no tengan que reinventar la rueda en cada evento). Para ello, hay que hacer actividades abiertas, inclusivas, que presten atención a la literatura infantil y juvenil y que tengan propuestas diferentes a las clásicas charlas y mesas de editoriales.

Si lo hacemos así, tenemos asegurado el éxito.

 

 

 

(1) Exceptuando 2016 (en que la HispaCón coincidió con la Eurocon) y las ediciones virtuales de 2020 y 2021 (donde era mucho más fácil contar con extranjeros).

(2) Esta es una de las mejores ideas. Las grandes charlas con grandes nombres están bien y son las que atraen gente, pero que venga una persona extremadamente motivada a hablarte con pasión del tema hiperespecífico que le apasiona es lo que le da sabor.

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Las palabras de la ministra

El tema de las palabras de la ministra sigue coleando, a pesar de que los hechos sucedieron hace casi dos semanas. El bulo de que la ministra de Igualdad justificó en público la pederastia es demasiado bueno como para dejarlo ir así como así. Ayer supimos que el Parlamento europeo había rechazado una moción del partido nazi español (apoyada por PP y Ciudadanos, cómo no) para debatir sobre este tema. Como es lógico. Las mentiras estas no suelen tener las patas muy largas fuera de las fronteras del país donde se pronuncian.

Las palabras de Montero, según transcripción de Newtral (pero podéis consultar el vídeo original si lo preferís), fueron las siguientes:

«Todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos, y que a ustedes no les gustan».

Por supuesto, alguien que sea lo suficientemente memo puede sacar de aquí una justificación de la pederastia. Puede sacarla, en realidad, de cualquier parte. Si interpretas las palabras de la gente de forma lo bastante creativa y con la suficiente mala fe, cualquier cosa puede significar cualquier cosa, y un «Buenos días» se transforma en un «Voy a arrancarte el corazón».

Vamos a este caso concreto. La frase de la discordia es la que dice que los niños tienen derecho a que ningún adulto toque su cuerpo si ellos no quieren. Lo que hacen aquí los ofendiditos de derechas es coger esas palabras e interpretarlas a contrario. «Si Irene Montero dice que los niños tienen derecho a que ningún adulto los toque salvo que consientan, ¡es que los adultos pueden tocar a los niños si estos consienten! ¡Pero la ley dice que los niños no pueden consentir al sexo con adultos, así que este consentimiento en realidad es pederastia!» Y sobre esta bobada nos hemos tirado dos semanas discutiendo.

Gente, lógica básica. Tenemos una frase condicional que es «Si un adulto toca el cuerpo de un menor sin consentimiento, eso es violencia». Deducir de ahí que «Si un adulto toca el cuerpo de un menor con consentimiento, eso no es violencia» (y, por tanto, suponer que quien dice la frase está promoviendo comportamientos pederastas) es una falacia que se llama negación del antecedente. Que A implique B no nos permite deducir que ¬A implique ¬B. En serio, que esto se estudia en Bachillerato.

Los que sostienen esta interpretación enloquecida dicen que son palabras textuales de la ministra. Eso es mentira. Las palabras literales son las que he transcrito más arriba. Darles la vuelta es una decisión interesada y de mala fe, y leerlas fuera de todo contexto también. Porque esa es otra, que las palabras tienen un contexto. Fueron pronunciadas en un debate parlamentario, para contestar a una diputada que se estaba oponiendo a la educación sexual, en un país donde la mayoría de edad sexual está fijada en los 16 años (volveremos sobre eso más adelante), no en la barra de un bar ni en un foro de Internet de pedófilos.

Vamos a poner un ejemplo. Si Irene Montero hubiera dicho algo como «Los niños tienen derecho a ser astronautas sin que ningún adulto elija su profesión por ellos», ¿estaríamos teniendo este debate? ¿Habría alguien diciendo que la ministra quiere mandar a nuestros hijos al espacio? Bueno, puede que alguien lo dijera, pero ¿habría alguien escuchando? Lo dudo mucho, la verdad.

El problema es que a mucha gente le pone muy nerviosa que se hable de niños y de sexualidad en la misma frase. Tienen la cabeza tan podrida que las únicas interacciones que creen posibles de esos dos conceptos son sucias, pervertidas y dañinas, pero el hecho es que no es así. Primero, porque los niños no son lo que ellos creen que son y, segundo, porque los niños tienen una sexualidad que deberían poder explorar de forma segura y sin interferencias de los adultos.

Empecemos con lo de los niños. Cuando decimos «niño» nos viene a la cabeza una criatura inocente de dos a ocho años, probablemente rubia y de ojos azules. Pero el hecho es que, según los instrumentos internacionales de protección a la infancia (la misma Convención Internacional de los Derechos del Niño, por ejemplo), un niño es toda persona menor de 18 años salvo que sea mayor de edad debido a las leyes que le sean aplicable. Tan «niño» es el bebé de teta como el bigardo de 17 años más alto que yo.

Es cierto que es una expresión equívoca. Yo prefiero el término «menor de edad», que tiene menos connotaciones. La legislación española, tanto en la Ley Rhodes del año pasado como en la Ley solo sí es sí de este, prefiere el concepto más alambicado de «niños, niñas y adolescentes». Pero lo que uno tiene que entender es que, cuando se habla de niños en el contexto de educación sexual, el término abarca a toda persona que no haya cumplido los 18 años. Y más si se trata de un debate verbal en el que uno no tiene todo el tiempo que querría para pensar exactamente las palabras que va a decir, sus posibles significados y sus probables malinterpretaciones.

Una persona de 16 o 17 años sigue siendo un niño a efectos de educación sexual y protección a la infancia, aunque, según nuestro Código Penal, pueda consentir para tener relaciones sexuales de cualquier clase, incluyendo relaciones con adultos. Más aún, las personas de 15 años o menos siguen pudiendo consentir las relaciones sexuales que se realicen con personas próximas al menor por edad y desarrollo. Hay jueces que han considerado amparadas en esta norma relaciones de personas de 14 o 15 años con personas de 18 o 19. Y, por último, si hablamos de niños menores de 13 años, que claramente no pueden consentir a tener relaciones con adultos, aun así sigue siendo pertinente la referencia a estos, porque funciona con valor de futuro: su consentimiento ahora no es relevante pero lo será en pocos años y deben aprender que es central. Sobre todo porque la mayoría de las agresiones sexuales a niños las cometen adultos, no otros niños.

Y ahora, lo de la sexualidad. Si entendemos sexo como algo más amplio que «polal en xoxo» (y creo que ya vamos teniendo una edad como para no restringirlo tanto), está claro que los niños tienen sexualidad. De verdad, por mucho que se quiera forzar la realidad, los niños no son cestos ajenos a la realidad hasta que de un día para otro se transforman en personas con opiniones y deseos. Es función del sistema educativo que esos impulsos sexuales se conviertan en una vida sexual sana, basada en el consentimiento y, a ser posible, sin interferencia adulta.

Pero claro, por mucho que tanto la ley como la práctica docente establezcan que la educación sexual se adaptará a cada nivel educativo, hay algo con lo que no se puede luchar: ese lugar común derechista de que toda forma de educación sexual es pederastia encubierta. Es esta idea la que hay detrás de la polémica con las palabras de la ministra. Por eso creo que no hay que fustigarse demasiado con si sus palabras fueron adecuadas o si podría haber sido más precisa: habría saltado antes o después.

La relación de la derecha con los niños da para estudio. Los consideran, a la vez, unos seres de pureza inmaculada que hay que proteger a toda costa y una propiedad de sus padres. La defensa a ultranza del derecho a elegir la formación moral de sus hijos, el «yo decido qué les enseño a los niños, en la escuela que aprendan matemáticas», el pin parental, el «mientras no tenga 18 años yo mando» y las imágenes de padres amorosos escudando a sus hijos de rayos LGTB forman parte de la misma ensalada mental. Una derecha que, viéndose perdida en la batalla cultural, se repliega hacia las últimas posiciones que cree que puede defender: su familia y la educación de sus hijos.

En esas condiciones, no es raro que denominen pederastia a toda interferencia en esa sagrada relación de propiedad. Y así vienen bulos como los de la supuesta pizzería de los pederastas en Washington D.C., o como este de Irene Montero. Cualquiera que intente enseñarles a los niños que hay formas distintas de hacer las cosas y de que su familia no tiene la verdad absoluta (hablamos de educación sexual, pero también de temas LGTBI y últimamente lo he visto hasta con la educación nutricional) tiene que ser, necesariamente, un abusador de menores. Es decir, un pederasta.

Una última cosa: por supuesto, las terfas se han lanzado detrás del bulo sobre Montero como si este fuera el último vaso de agua del desierto. Como siempre, no esperaba nada de ellas y aun así estoy decepcionado. Que personas que aseguran ser de izquierdas compren y repitan una mentira enraizada profundamente en los postulados ideológicos de la extrema derecha, solo porque eso les sirve para cargar contra una ministra que les cae mal por razones no relacionadas, es la cumbre de la desvergüenza. Pero bueno, como digo, era lo esperable.

Nos vamos a pasar años con la matraca de que Irene Montero promueve la pederastia, pero ni la han hecho caer ni parece que el bulo haya calado tanto como ellos querían. Ya lo siento, amigos fachas: os vais a tener que buscar otro.

 

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