Magufismo jurídico

El rey ha firmado los indultos. Inesperado, ¿eh? Pues lo ha sido para cierta porción de gente que ahora se siente traicionada por el monarca. Gracias al bulo que esparció Isabel Díaz Ayuso, según el cual Felipe de Borbón podía (jurídicamente) negarse a plantar su firma, ahora decenas de personas consideran que el rey es un traidor por haber hecho algo de lo que podría haberse abstenido. No deja de tener su cierta gracia que la conciencia de la inutilidad de la monarquía empiece a calar entre la derecha gracias a actos como este. 

Entendámonos. El rey es un pijo cincuentón. Seguro que en sus grupos de WhatsApp están a tope con Ayuso y con el partido nazi, y que no le ha hecho particular gracia firmar los indultos. Pero es un monarca parlamentario, sabe cuál es su obligación y, sobre todo, sabe que si no la cumple se le acaba el chiringuito más pronto que tarde. Así que ha firmado, y firmará todo lo que le pongan por delante, porque esa es justo su función: ser el portador de bolígrafo más caro de todos los que tenemos en el Estado.

En una monarquía parlamentaria se dice que el rey «reina pero no gobierna». Supongo que los fachas que hoy están llorosos conocen la frase, pero no saben, no entienden o no quieren entender lo que significa. Significa que el rey es, como mucho, un mediador. Que no puede tomar decisiones de gobierno ni obstaculizar aquellas que tomen los órganos legítimos. Que su función es sancionar (firmar para dar validez) y promulgar (mandar publicar) los documentos que le remitan Gobierno y Cortes. Que todos sus actos deben estar refrendados para ser válidos. Que no tiene iniciativa alguna, salvo en casos muy muy tasados.

Aquí es donde entra el fenómeno que he dado en llamar «magufismo jurídico». El magufismo, lo sabemos, es el nombre que se da desde círculos escépticos a teorías locas: conspiranoias, tierras huecas, 5G en las vacunas, aliens del Área 51 y todo lo demás. Es una mezcla de las palabras «magia» y «UFO», y se suele pensar como un fenómeno que se proyecta sobre imposibilidades científicas: la antivacunación, las tierras planas y huecas, las conspiraciones lunares, la homeopatía y demás «terapias»… son todo fenómenos que se basan en decir que lo posible es imposible y lo imposible es posible.

Sin embargo, la magufería tiene también una dimensión sociológica y psicológica innegable. Cree en cosas que, si bien no son imposibles físicamente, sí son bastante improbable que sucedan tal y como es el ser humano y las sociedades que conforma. Por ejemplo, en conspiraciones sustentadas desde hace siglos por miles o millones de seres humanos. En ese sentido, no es nada extraño que se haya extendido al mundo del derecho, ya que la ley es solo un ámbito de lo social.

El derecho es un mundo difícil. Las normas jurídicas son difíciles de entender, porque están escritas en un lenguaje enrevesado y porque para interpretarlas hay que tener en cuenta normas que están en otra parte e incluso lo que han dicho los tribunales al respecto. Igual que para entender correctamente las leyes físicas conviene tener una educación apropiada, interpretar las normas jurídicas es una tarea técnica para la que no todo el mundo tiene formación.

Sin embargo, al contrario que las leyes científicas, las normas jurídicas nos permean de una forma consciente. Uno puede pasarse toda su vida sin pensar en la ley de la gravedad, pero es difícil que no piense en las leyes de educación, en las de seguridad vial o en las tributarias. Además, concurre otra razón: las leyes científicas, más allá de cierto nivel de complejidad, solo se pueden comprender a partir de un aparataje matemático que no todo el mundo tiene. Las normas jurídicas están escritas con lenguaje natural, y eso hace pensar que cualquiera puede entenderlas. Lo cual a veces es cierto pero muchas otras es un error.

Entonces, este «magufismo jurídico» consiste en cierta clase de pensamiento mágico hacia el derecho. Tiene muchas manifestaciones. Una de ellas es la de creer que el derecho es quien lo puede arreglar todo: que basta con prohibir o regular actividades concretas para que se solucionen los problemas sociales de los que surgen estas. Otras de ellas, que creo que es la que se aplica en este caso, tiene que ver con considerar que el derecho es, a la vez, infinitamente dúctil e infinitamente rígido. ¿A qué me refiero? A esa gente que se aferra a un solo artículo legal y lo interpreta como si fuera una norma aislada, pero que a la vez cree que siempre hay un argumento jurídico que te va a dar la razón, por enrevesado que sea.

La querulante de la que hablábamos el otro día razona así. Se aferra a unos pocos artículos legales que parecen darle la razón, y a partir de ahí construye toda una fantasía para ignorar o rodear los preceptos que no se la dan. Sucede lo mismo en el caso del rey: fue decir Ayuso que si firma los indultos será un traidor y aparecer veinte mil hermeneutas de Twitter con cuatro seguidores cada uno a explicarnos que el monarca tenía la potestad de no firmarlos.

Lo que más me ha gustado del carnaval de estos días es la comparación con Bélgica. Que el rey «abdicó» durante unas horas para no firmar la ley del aborto, dicen. Esta es una característica importante del magufismo jurídico: no se para a pensar en minucias como que dos países diferentes pueden regular la misma cosa de forma diferente. Yo no sé cómo va en Bélgica la inhabilitación real (la figura a la que se acogió Balduino I en 1990), pero sí sé cómo va en España: se requiere que la aprecien las Cortes y, una vez apreciada, se aplica una regencia. Regencia que en este caso concreto recaería sobre Letizia Ortiz, porque la princesa de Asturias es menor de edad, y que en cualquier caso seguiría obligada a firmar.

(Por cierto, en Bélgica se constituyó una regencia formada por el Gobierno, esta firmó la ley discutida y Balduino recuperó su corona a las pocas horas, sin que el paripé sirviera para nada más que para preservar su conciencia intacta y para sentar un precedente de qué cosas constituyen «incapacitación».)

Otro argumento de estos que se aferran a un artículo y no lo sueltan es el que invoca el artículo 62.i CE, que es el que dice que le corresponde al monarca «ejercer el derecho de gracia». Prescinde de la interpretación unánime del precepto, que tiene bastante claro que la práctica totalidad de competencias del artículo 62 son simbólicas, que el rey las «ejerce» firmando lo que otros han trabajado. Y prescinde también del propio texto del artículo, que dice que el rey ejercerá el derecho de gracia «con arreglo a la ley», ley que no contempla la negativa del monarca.

El problema del magufismo es cuando se da de bruces con una realidad innegable. Aquí ha sucedido cuando Felipe VI ha firmado los indultos sin esperar ni un momento. Toda la fantasía en la que el rey tenía la potestad de denegar su sanción y de que además iba a hacerlo, construida a matacaballo en unos pocos días, se ha venido abajo con estrépito. El rey ha cumplido con su función constitucional. Qué escándalo.

Por desgracia, no creo que esto tenga consecuencias a largo plazo. La gente olvida, y la impronta monárquica que hay en todo el pensamiento político de este país se impondrá. Pero es divertido ver a tanta gente despertar al hecho de que el rey es un cachocarne inútil que solo está ahí para firmar lo que le pongan por delante. Sobre todo por el hecho de que la monarquía no caerá hasta que la derecha no la rechace también.

Mira, igual los magufos jurídicos van a tener alguna utilidad.

 

 

 

 

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