El hecho de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya admitido a trámite la creación de una Comisión de Investigación para estudiar la presencia de la extrema derecha en las Fuerzas Armadas es, sin duda, una buena noticia. Mejor será que la apruebe el Pleno, que es quien tiene que constituirla formalmente. Sin embargo, dado que PSOE y UP han votado a favor en la Mesa (1) y que los proponentes eran toda una panoplia de partidos nacionalistas, es probable que cuenten con los números necesarios para que se apruebe.
Una comisión de investigación es un mecanismo parlamentario, previsto en la Constitución para analizar asuntos de interés público. Sus conclusiones no son vinculantes para los tribunales, pero es obligatorio comparecer a sus llamamientos y responder a sus preguntas. ¿Entonces para qué valen si no pueden imponer sanciones ni son la base para que otros las impongan? Sirven para mostrar que las Cortes -la institución más alta de nuestro sistema político- se toma un asunto en serio, para generar un informe que puede ser más amplio que la investigación sobre un delito y, por último pero no menos importante, para darle trabajo hecho al Ministerio Fiscal si resulta que de esas conclusiones parlamentarias se derivan indicios de delito.
Acabamos de decir que las comisiones de investigación tienen que versar sobre asuntos de interés público. Ese precisamente ha sido el argumento del representante de los nazis en la Mesa del Congreso para votar en contra de la formación de esta comisión. Ojo, que no digo “la razón”. La razón es que el propio planteamiento del asunto implica a su partido. El órgano no solo investigará la presencia de la extrema derecha en las Fuerzas Armadas, sino también su influencia en el poder legislativo y en el poder ejecutivo por medio de la jerarquía militar. Sí, eso incluye la búsqueda de vínculos con Vox.
¿Y eso no es un asunto de interés público? Bueno, el grupo parlamentario nazi afirma públicamente que no, y eso porque este interés público “requiere la existencia de un hecho objetivo u constatado, apreciado en la realidad”, y no de un mero “desiderátum”, que sería ofensivo para la lealtad constitucional de las FF.AA. Claro, esto no es más que el doblepensar habitual de esta gente. La investigación de un hecho lo que requiere es una sospecha fundada racionalmente. Si el hecho ya fuera algo objetivo y constatado, apreciable por cualquiera, no haría falta investigarlo. Y más cuando, al contrario que con las bombas del 11-M (el ejemplo que todos tenemos en la cabeza de comisión de investigación) la expansión de la extrema derecha en las Fuerzas Armadas es algo silencioso y subterráneo.
Necesitamos, entonces, una sospecha racional de que esta investigación tiene algún sentido, de que de verdad la extrema derecha se expande por el estamento militar y lo usa para influir sobre el poder político que debería controlarlo. ¿Existe esa sospecha? Bueno, creo que siempre ha existido, pero en el último año más. Militares retirados que le mandan cartas al rey, chats privados donde se dicen auténticas burradas, fiestas de militares jóvenes donde se acaban cantando himnos fascistas, la ministra de Defensa que se pone de perfil y se niega a condenar nada… a mi entender la sospecha existe. Y, precisamente, como no parece haberse cometido ningún delito pero el asunto es de claro interés público, una comisión parlamentaria de investigación es el instrumento jurídico preciso.
Supongo que siguen pudiendo ponerse óbices. ¿Qué más da que haya una importante presencia de ultraderechistas en nuestras FF.AA.; acaso esa no es una posición política como otra cualquiera? ¿No tienen derecho a ejercerla y defenderla? España, y yo lo he dicho mil veces, es una democracia no militante, al contrario que Alemania: no puede exigir adhesiones ideológicas sino cumplimientos normativos. Mientras estos fascistas armados cumplan la ley, ¿qué problema hay con que llenen todas nuestras instituciones militares?
Supongo que por eso la comisión de investigación no solo pretende descubrir quiénes son los fascistas y dónde están, sino también lo que hacen. Cómo influyen en otras instituciones, cómo tienen vínculos con Vox, cómo intentan interferir en las órdenes del Gobierno, etc. Vaya, que no es que sean fascistas en la intimidad (el fascismo nunca se queda en la intimidad) sino que intentan controlar ellos al poder civil. Es decir, a sus jefes. No hace falta decir que este comportamiento tan reprobable es propio de los fascistas militares de toda época y lugar, y no es compatible con la Constitución de ningún país democrático, aunque no sea una democracia militante.
En relación a esto último: aquí la izquierda suele sacar a pasear el argumento famoso de “Spain is different”. O sea, que nuestro ejército (o nuestra policía, o nuestra judicatura…) está colmado de ultraderechistas, al contrario que el de otros países, por razones idiosincrática. “¡Pero cómo no va a ser así, si nuestra transición se hizo a medias, si no se purgó!” Estoy de acuerdo con la causa pero no con la consecuencia. Cierto, no se purgó, y supongo que eso tuvo consecuencias en las primeras décadas, pero han pasado cuarenta años desde la aprobación de la Constitución y podríamos ir cambiando de discurso.
Creo, simplemente, que ciertos trabajos atraen a cierto tipo de personas, sea por carácter o por condiciones laborales. El funcionariado atraerá a mujeres con poca experiencia laboral, por su horario de mañana, su facilidad para conciliar y la falta de entrevista de trabajo. La docencia atraerá a gente de izquierdas, por el prestigio del trabajo intelectual y el valor que siempre se ha dado en esta posición política a la formación de la juventud. Y en cuanto a la vinculación entre la derecha y los trabajos donde puedes vestir uniforme, llevar armas y pertenecer a una jerarquía (llámese ejército, policía o seguridad privada), pues no sé qué puedo decir que no sea obvio a la vista.
Si esta tendencia existe y no es solo un prejuicio mío (pero me parece que el mundo occidental tiene suficiente historial de golpes de Estado militares de derechas en los últimos dos siglos como para validarla), lo que hay que hacer es tener mecanismos civiles de control de los militares. El objetivo es que todo ese conservadurismo trabaje bajo las órdenes del poder democrático, lo ostente quien lo ostente, y que no devenga en ruido de sables. A mi entender, eso es lo que falla en España. Ojo, no quiero decir que en otros países se haga bien ni insistir en el argumento del “Spain is different”. Pero cada cosa que leo sobre el funcionamiento del ejército (y de la Guardia Civil), jurisdicción militar incluida, me hace temblar. Opacidad, oscurantismo y ordeno y mando.
Por ir concluyendo: la comisión de investigación está bien, pero o con sus resultados se hacen reformas estructurales o no iremos a ninguna parte. No servirá para nada que la ministra haga cuatro destituciones o cambios de destino, porque su efecto se perderá entre el ruido que generarán. Tiene que trabajarse en una verdadera supervisión civil de los asuntos militares, si hace falta reformando por completo la jurisdicción militar.
El problema del fascismo no es, en el siglo XXI y en la Unión Europea, que dé golpes de Estado. O al menos eso quiero pensar. El problema es que lanza sus mierdas al debate público, amplía la ventana de lo posible en direcciones muy desagradables, faculta al resto de partidos de derechas para hacer lo que siempre ha querido hacer (como borrar murales de los cuales votaron a favor hace unos años, supongo que por puro compromiso) y nos pone a los demás a discutir por gilipolleces mientras ellos se aprovechan. El resultado es Hungría o Polonia.
No queremos ser Hungría ni Polonia. Por eso tenemos que
combatir el fascismo allá donde lo encontremos.
(1) Por cierto, me sorprende gratamente el voto del
PSOE. Hace unas semanas votó en contra de una comisión de investigación para
investigar las tarjetas opacas del rey emérito. Gracias a este voto la Mesa
rechazó tramitar la propuesta, algo que según opinan ciertos calificados
autores podría ser ilegal.
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