¿Y si no se prorroga el estado de alarma?

La política tiene mucho de impostura. Que el PP, PNV y ERC hayan dicho que no van a apoyar la enésima renovación del estado de alarma va, me parece, por ahí. Puede que mañana me esté tragando las palabras, pero me suena a baza negociadora, sobre todo en el caso de los dos socios del Gobierno: en el momento en que escribo estas líneas están negociando in extremis para salvar los muebles, y es muy posible que cuando publique el presente artículo este párrafo ya pertenezca al cenagal de las noticias viejas. Pero, dado que vamos a tener este debate cada quince días hasta que se acabe el estado de alarma, vamos a verlo: ¿qué pasa si el Congreso no le vota la prórroga?

Para empezar, dos precisiones. La primera, que esto no es un trágala ni una cuestión de blanco o negro. El Gobierno presenta un plan de renovación del estado de alarma y los grupos parlamentarios pueden introducir enmiendas. Como el Gobierno está en minoría, sería posible incluso aprobar cosas contra su voluntad. Es cierto que el Gobierno puede siempre vetar propuestas que supongan aumento del gasto público o reducción de los ingresos, pero una oposición unida podría plantear la dicotomía de la siguiente manera: o aceptas estas modificaciones, o el estado de alarma no sale. ¿Que sería jugar al juego del gallina con la salud de los españoles? Sí. ¿Que el PP es capaz de eso y más? También.

De hecho, si nos vamos al Diario de Sesiones (resumido en este hilo), vemos que el PP no ha presentado una sola enmienda a las tres prórrogas del estado de alarma. Ni una. Los otros siete grupos parlamentarios de oposición han presentado cosas, y algunas incluso han salido adelante, pero el PP se ha limitado a aparecer en medios diciendo que todo mal, sin plantear alternativas reales donde tiene que hacerlo.

La segunda precisión es que las prórrogas están siendo de quince días pero podrían no serlo. La Constitución solo dice que el Congreso autoriza la renovación pasada la primera quincena. Pedro Sánchez podría haber pedido una prórroga de un mes (lo que dura, por ejemplo, el estado de excepción), o de dos, y con el miedo de los primeros días puede que hasta hubiera colado. Vaya, que si estamos a renovaciones quincenales es en buena medida por lealtad institucional del Gobierno.

Bien, entonces, ¿qué pasa si se pierde el estado de alarma? Veamos:

1. Desaparece el confinamiento

Esta es la consecuencia más grave. Desde el momento en que cese el estado de alarma, nadie nos puede impedir salir de casa desde que nos despertemos hasta que sea la hora de irnos a dormir. La limitación de la libertad de movimientos (un derecho fundamental), al menos a estos niveles, exige estado de alarma.

Es cierto que sigue vigente la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,de la cual ya hablé, que habilita a las autoridades sanitarias para realizar confinamientos en el marco de sus competencias. Pero aquí hay que hacer dos matices. El primero es que, fuera del estado de alarma (situación que lo que hace es, precisamente, centralizar la capacidad decisoria), estas autoridades sanitarias habilitadas para usar la LOMEMSP son sobre todo las autonómicas. O sea, que cada Comunidad Autónoma podría actuar como quisiera en este aspecto.

Y luego, que esta ley permite en teoría tomar medidas muy graves pero hay que leerla en su contexto, dentro del sistema de fuentes y en el marco de lo previsto en el artículo 55.1 CE. ¿De qué serviría tener unos derechos fundamentales que solo pueden ser suspendidos o limitados en situación de estado de alarma (o de excepción, o de sitio) si luego llega la legislación ordinaria y permite hacer lo mismo si hay una crisis sanitaria? El derecho de excepción (los tres estados que he mencionado) tiene control parlamentario y esas cosas. La normativa sanitaria no.

Lo que permite la LOMEMSP es, o bien restricciones a grupos concretos de población (infectados o sospechosos), o bien tomar medidas de control del ambiente, incluyendo aislar zonas del territorio (así se hizo, al principio de esta crisis, en Labastida o en Igualada). Pero ¿impedir a toda la población que salga de su casa y que camine por la calle, que es la manifestación más básica del derecho a la libre circulación del artículo 19 CE y que ya es dudoso que fuera una decisión que pudiera tomarse por medio del estado de alarma (1)? Ni de lejos.

Y aquí tenemos un problema, claro, porque el confinamiento doméstico y su desescalada progresiva es la clave para el aplanamiento de la curva.

2. La coordinación se ve muy dificultada

Otro de los efectos que tiene el estado de alarma (en general los tres estados de emergencia) es que centraliza en el Gobierno la toma de decisiones. En efecto, la declaración de estado de alarma implica el nombramiento de una autoridad competente, que en crisis nacionales es el Gobierno, bajo la cual quedan todos los funcionarios y autoridades del país (aunque pertenezcan a las Administraciones autonómica y local) en lo relativo a la crisis.

No renovar el estado de alarma no quiere decir que la coordinación vaya a desaparecer del todo. Al fin y al cabo la coordinación entre Administraciones sigue siendo un principio básico del derecho administrativo. Pero sin duda se va a ver bastante disminuida. Si el Gobierno no puede tomar decisiones que lleguen a todo el territorio nacional, si no se puede mantener una política homogénea en todo el país, va a costar muchísimo contener la segunda oleada.

3. El escudo social podría desaparecer… o no

El Gobierno ha trabajado con una previsión: la de que le iban a dejar a llegar con el estado de alarma hasta más o menos el final de la crisis. El problema no van a ser, a mi juicio, los ERTE. Es cierto que el Real Decreto-Ley 8/2020 considera que el estado de alarma es una causa de fuerza mayor a efectos de cierre, pero no es la única.

El artículo 22.1 de dicha norma habla de “suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros, etc.” O sea, que se considera fuerza mayor cualquier impedimento de desarrollar la actividad derivado del coronavirus o de los esfuerzos de las autoridades por atajarlo (esfuerzos que deberían seguir existiendo), no solo los cierres provocados por el estado de alarma.

El problema es otro. El problema es que la mayoría si no todos los decretos-ley que ha dictado el Gobierno tienen una vigencia limitada a un plazo concreto, que se cuenta desde el fin del estado de alarma. Si cuando se pase el plazo (que en muchos casos es de un mes, aunque diversas medidas tienen sus propios tiempos) seguimos en plena pandemia, todas las personas protegidas por ese escudo social –que ya de por sí era magro, vamos a reconocerlo– quedan con el culo al aire.

Se puede, claro está, publicar un nuevo decreto-ley que alargue la vida de todos los que se han ido dictando desde el 13 de marzo. La posibilidad está prevista en las disposiciones finales de esos mismos decretos, y el propio Gabriel Rufián tuiteó el texto de una de esas disposiciones finales para demostrar que el escudo social no tiene por qué sufrir con el fin del estado de alarma. De hecho, parece que parte del pacto con Ciudadanos es desvincular las medidas económicas de las sucesivas prórrogas (algo que de hecho me parece bien).

Pero recordemos que los decretos-ley exigen convalidación por parte del Congreso, y puede que lo que ya ha sido convalidado una vez no lo sea otra. Yo diría que cuanto menos nos arriesguemos mejor.

Queda una última pregunta que hacerse. Si el Gobierno puede decretar libremente el estado de alarma y solo necesita al Congreso para su prórroga, ¿qué le impide a Pedro Sánchez, en el mismo momento en que la Cámara le deniegue la renovación, publicar en el BOE un segundo estado de alarma? Así ganaría otros quince días, al término de los cuales podría hacer lo mismo, y luego otra vez, y otra, y otra.

Sobre el papel es posible, claro, pero cualquier lectura mínimamente democrática de la Constitución impide intentar un truco semejante. Si Sánchez lo hiciera, el Tribunal Constitucional se lo anularía, probablemente atendiendo a la idea de que el estado de alarma tiene unos requisitos de control parlamentario para su renovación (bastante laxos, además, una mayoría simple) y que, si no los has pasado, no puedes sacarte otro de la manga hasta que no lo justifique un cambio en las circunstancias.

Además, aunque el TC no dijera eso, o aunque lo dijera lo bastante tarde como para que ya no importara, semejante intentona sería descender un peldaño más en la escalera de falta de respeto institucional que hay en este país. Si el Congreso te ha tirado el estado de alarma te toca joderte y esperar a que el inevitable repunte te permita justificar tomar las riendas de nuevo.

No es que yo sea un fan absoluto de este gobierno. Sin embargo, sí que creo que dadas las circunstancias, y sobre todo mirando el contexto nternacional (no hay ningún Estado que haya actuado completamente bien, entre otras cosas porque ¿es siquiera posible responder de forma perfecta ante algo así?), lo ha hecho razonablemente bien. Y, por encima de todo, es el que tenemos. Cambiar ahora de presidente sería desastroso, e ir a elecciones directamente imposible.

Por eso, aunque creo que no es malo que le obliguen a sentarse a negociar y a consensuar, tampoco creo que sea una tontería pretender que los partidos de oposición (el PP y ERC, sobre todo) tengan cierta lealtad, se traguen el orgullo, apoyen medidas que no les gustan y dejen las críticas furibundas para después. Un tono de voz calmado en el debate público nos beneficia a todos.

¿Se puede hacer algo así en España cuando la oposición es de derechas? Me parece que no.

 (1) Yo opino que un confinamiento como el que hemos vivido habría requerido estado de excepción como mínimo.

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