Homeopatía en los tribunales

Pelearse la verdad científica en los tribunales puede provocar resultados inesperados. Que se lo digan si no a los 22 homeópatas valencianos a los que una jueza de Instrucción ha dado un tremendo revolcón al archivar por completo su querella contra dos particulares que hablaron en contra de esta práctica pseudoterapéutica. El asunto se reflejó en una noticia de prensa; por desgracia no he conseguido el auto original ni otros medios han abundado en la información. Aun así, algunos aspectos del caso me han parecido de relevancia.

El tema empieza con Aurelio Duque y Fernando Cervera, que son directivos de dos asociaciones de las que se dedican a promover la medicina basada en la evidencia y a luchar contra las pseudoterapias. Más en concreto, Duque es presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y Cervera es vocal de la Asociación Para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Durante estos años ambos han ido publicando distintos artículos y entrevistas sobre la homeopatía, en la que la calificaban del fraude que es.

Esto, que podría parecer una simple declaración de argumentos científicos, en realidad incluye una lucha de (o más bien contra el) poder, ya que el Colegio de Médicos de Valencia sigue siendo uno de los reductos de esta pseudoterapia en el Estado. Uno de sus consejeros, Rafael Torres, no solo es homeópata sino que dirige la sección de “Medicina Integrativa” de la institución. Pues bien: en octubre del año pasado 22 homeópatas valencianos, incluyendo al tal Torres, se querellaron contra Duque y Cervera. ¿El argumento? El de siempre: que los escritos eran calumniosos.

El delito de calumnia consiste en imputarle a alguien un delito sabiendo que es mentira o, al menos, con “temerario desprecio hacia la verdad”. A mi parecer, la causa estaba perdida para los homeópatas ya desde el principio. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque para imputar un delito hay que imputárselo a alguien. Hacer afirmaciones genéricas sobre una práctica (“la homeopatía es un fraude”) no es imputar un delito.

Más aún: incluso aunque se llamara estafadores a todos los homeópatas, el supuesto delito sigue estando falto de concreción. Sería como si yo digo que “todos los políticos son unos ladrones” y me acusa de calumnias un concejal de Carrizo de la Ribera, provincia de León. Estamos justo en la línea entre la libertad de expresión y los delitos contra el honor, conforme, pero aún por la parte de fuera: gritar cosas contra colectivos profesionales no es delito de calumnia aunque lo que grite sea mentira.

No sé si la jueza entra en estos extremos, que ya por sí solos bastarían para archivar. Porque lo que sí analiza es ese requisito de “falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. Cuando Duque y Cervera dijeron que la homeopatía es un fraude, que no funciona, que son puras bolitas de azúcar, ¿estaban mintiendo o, como mínimo, siendo inveraces? ¿Se lo estaban inventando todo para mancillar el honor de unos pobres terapeutas alternativos (perdón, complementarios)?

Pues parece que no. Y para llegar a esa conclusión, la jueza repasa las actuaciones contra la homeopatía que se han dado desde distintas ramas del Estado. La piedra de toque parece ser un informe de la Real Academia de Farmacia que considera que “puede poner en riesgo la salud”, pero se mencionan también la “ofensiva” contra las pseudoterapias de varios departamentos ministeriales (que han pasado a considerarla una simple práctica sin valor sanitario) e incluso el cambio de concepto de la palabra en la RAE, de nuevo para pasar de ser un “sistema curativo” a una “práctica” (1).

Esta manera de razonar me parece lo más notable del auto de sobreseimiento. Creo que si la querella se hubiera interpuesto hace cinco o diez años, cuando aún no habría empezado esta ofensiva del poder político contra la homeopatía, el resultado habría sido otro. Se habría seguido adelante y al final Duque y Cervera habrían sido absueltos después de un proceso más largo que habría incluido un juicio propiamente dicho, mientras que aquí se ha ventilado en la instrucción.

Un juez no tiene por qué saber de ciencia. La oposición no te hace más listo ni más sabio, solo te da mucha profundidad de conocimientos jurídicos. Entonces, cuando a un Juzgado llega un caso como este, ¿cómo hace el juez para decidir? Puede que no sepa lo que es la homeopatía, es posible que le suene como “una cosa que cura” o incluso que la haya usado. Ahora están frente a él unos homeópatas y unos señores que dicen que toda la homeopatía es mentira.

Si lo pide, seguro que ambas partes aportan informes periciales muy convincentes que son difíciles de contrapesar para el juez. Queda el recurso de pedir una pericial judicial, pero ¿exactamente cómo se valora si todo un campo que dice tener aplicaciones médicas las tiene o no? ¿Quién y cómo perita eso? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en instrucción, no en el juicio propiamente dicho, y que el juicio es por calumnias: no es lo más común ponerse a pedir periciales, y menos científicas.

Así que al final, el único parámetro fácil que tiene a mano el juez para decidir es lo que hayan hecho otras ramas del Estado. Si los colegios profesionales avalan la homeopatía, si esta incluso se distribuye en el sistema público de salud, si sus productos se venden en farmacias como medicamentos, ¿cómo no va a considerar el juez que estamos faltando a la verdad al decir que es un fraude? Por el contrario, si hay una ofensiva contra esta pseudoterapia que involucra hasta a la RAE y si se la ha echado de todos los lugares que ocupaba hace unos años, ¿cómo va a atentar contra la verdad denunciarla?

Por eso es tan importante que desde todas las partes del Estado (Gobierno, Administración estatal, Administraciones autonómicas, Universidades, Colegios profesionales) se luche en general contra las pseudociencias. Este ejemplo es un caso de laboratorio perfecto de cómo cuando se le quita legitimidad social y política a estas engañifas se drena también sus intentos de defensa ante un juez si alguien se atreve a criticarlas. Y por supuesto, es importante mantener fuertes los servicios de salud, para que puedan dar una atención de calidad y que nadie sienta ganas de ir a uno de estos estafadores solo porque sienta que allí, al menos, le escuchan.

A este caso aún le queda algo de cola, pues evidentemente los homeópatas recurrirán el sobreseimiento y aún podría reabrirse, pasar a juicio y todo lo demás. Sin leer la sentencia no me atrevo a opinar. De momento es una victoria. Y si a los homeópatas les pica, ya saben: que disuelvan ortiga en agua y se lo beban. Pero que guarden un poco, por si vienen mal dadas en el futuro.

(1) Se menciona también que los productos homeopáticos han salido del listado de medicamentos. Sin embargo, esto no es correcto. Los productos homeopáticos se registran por un procedimiento simplificado, solo con que demuestren inocuidad. Aun así había muchos vendiéndose sin estar registrados y ahora es de hecho cuando se está procediendo a su regularización.

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