Tus hijos no son tuyos

La derecha tiene una orientación mental muy curiosa. Basta que Isabel Celaa, ministra de Educación, diga que los niños no son propiedad de sus padres, para que salten como fieras con espumarajos en la boca. “Si no son propiedad de sus padres, ¿de quién son?”, han preguntado. “¿Del Estado? ¿Del partido?” “Mis hijos son míos y no del Estado”, ha llegado a afirmar Pablo Casado, en un ejercicio de identificación con las ideas de Vox que muestra hasta qué punto los partidos de la derecha son la misma rata con distinto collar.

Y el hecho es que… no. No lo son. Ni de los progenitores, ni del Estado, ni del partido, ni de nadie. Los hijos son suyos propios porque son seres humanos. Debido a que no tienen plena autonomía, se configura sobre ellos una red de potestades jurídicas, que corresponde primariamente a los progenitores y secundariamente a otros sujetos (profesores, jueces) y que a veces incluye el derecho de impartirle al niño órdenes o instrucciones o de imponerle castigos. Eso nadie lo discute.

Pero eso no quiere decir que tus hijos sean tuyos. Muy al contrario. Esa red jurídica que hay sobre ellos (y que, de nuevo, no solo te corresponde a ti como progenitor) tiene como finalidad principal protegerlos, educarlos y cuidarlos. Si quieres seguir con el lenguaje de la propiedad, que insisto en que es incorrecto, deberías decir más bien que tú no eres propietario de tus hijos, sino su custodio o depositario. Tienes la obligación de velar por ellos, de cuidar que estén bien y de estimular su potencial, para que al llegar a los 18 años se los puedas devolver a sus verdaderos dueños en un estado de conservación óptimo.

Por eso se llama “patria potestad” y no “propiedad sobre los hijos”. En derecho, una potestad es un derecho-deber, es decir, una relación jurídica que otorga una serie de facultades (por ejemplo, en el caso de los hijos, tomar toda clase de decisiones por ellos) pero a la vez es obligatorio ejercerla, no puede ser desatendida. Yo a mi propiedad la puedo dejar abandonada si quiero; a mi hijo no: debo ejercer la patria potestad y debo ejercerla bien, pensando siempre en el interés superior del menor y no en mis propios prejuicios, traumas, sesgos o problemas emocionales.

Precisamente por todas estas razones (porque tus hijos no son tuyos, porque son personas que deben ser cuidadas), existe otra serie de instituciones que también tienen potestades sobre los niños. Estas potestades no son la patria potestad, pero existen y no se pueden obviar. Así, los centros educativos tienen potestad para educar, una potestad derivada directamente del artículo 27 de la Constitución. Ese artículo del cual parece que solo existe el párrafo 3 (que regula el famoso derecho de los padres a decidir la formación moral de sus hijos), pero que en realidad es bastante largo. Incluye, por ejemplo, el párrafo 2, que fundamenta la educación en valores como el objeto de la educación.

Ya hemos hablado alguna vez de cómo la derecha interpreta el derecho de los padres a decidir la formación moral de los hijos. Este derecho sin duda existe, pero no puede entenderse como algo omnicomprensivo, es decir, como la facultad de envolver a tus hijos en una burbuja moral donde no entre nada más que tu propia influencia. Primero, porque no es posible. Y segundo, porque existen otros sujetos con potestades para cuidar a tu prole y garantizar su superior interés.

Esto nos lleva, claro está, al tema del PIN parental. El nombre, por cierto, es una chuscada, una simple copia del mecanismo que existe en páginas web y plataformas de televisión para bloquear el acceso de los menores a determinados contenidos. Exactamente eso es lo que es. Se trataría de la obligatoriedad de que los progenitores presten su consentimiento expreso a las actividades llamadas “complementarias”, es decir, a las charlas y talleres que se dan en horario lectivo pero no son las asignaturas del programa.

El problema aquí es de terminología. Es como las pagas extraordinarias, que mucha gente se cree que son una especie de regalo del empresario en vez de una de las catorce partes en que se divide el salario anual. Pues aquí lo mismo: las actividades complementarias son igual de obligatorias que las asignaturas en las que se divide el programa (es decir, que las Matemáticas, la Lengua, el Inglés o las Ciencias Sociales), porque son parte de la programación del centro escolar.

Volvemos al artículo 27 CE: como ya hemos mencionado, dice muchas cosas. Y una de las cosas que dice es que los centros públicos tienen autonomía de gestión por medio de órganos que representen a la comunidad educativa (artículo 27.7). Esta autonomía no llega hasta el punto de poder crear un currículo completo, pero sí puede establecer asignaturas optativas o, como es el caso que nos ocupa, actividades complementarias: el documento donde se toman estas decisiones es el proyecto educativo del centro, que es público y se revisa con periodicidad. Si no te gusta, cambia al niño de centro o preséntate al Consejo Escolar, pero los vetos están de más.

“Objetar” a las charlas de “contenidos polémicos” o de sexualidad es igual que objetar a las matemáticas: sin duda una declaración de intenciones, pero ilegal. Invade potestades ajenas, potestades que están para garantizar los derechos de un menor de edad. Sí, los derechos. Recibir educación sobre sexualidad, sobre violencia de género y sobre cuestiones LGTB es un derecho, porque en el siglo XXI saber de estos temas es necesario para “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Vaya, he vuelto a citar la Constitución.

Una cosa que quizás no sabías, José Alberto: los menores de edad (sí, tus hijos también) mantienen relaciones sexuales. Los menores de edad (sí, tus hijos también) se ennovian, y en esas relaciones pueden aparecer dinámicas de maltrato. Los menores de edad (sí, tus hijos también) van a tener amigos LGTB o van a serlo ellos mismos. Gestiónalo como mejor puedas, porque esto son verdades. Y es necesario darles herramientas para que se enfrenten preparados a estas cuestiones, igual que se les dan charlas de educación vial o de prevención contra incendios, igual que se les lleva de excursión a lugares de interés o igual que se les explican contenidos más reglados. Punto.

¿No te gusta? Lo lamento mucho, pero es lo que hay. La escuela, la escuela pública, está para garantizar que todo el mundo recibe unos estándares mínimos de conocimiento, y las “cuestiones polémicas” hace mucho que están dentro de ese estándar mínimo, merced a la formación en valores. Insisto, tienes herramientas para (intentar) evitarlo, pero mientras tu hijo esté matriculado en un centro público, las charlas y actividades complementarias son obligatorias. Y si lo que se habla en ellas está en contra de la educación que queréis darle en casa, tenéis una solución: que vuestra posición sea mejor, para que triunfe frente a los contenidos transmitidos por la escuela.

Porque esa es otra. ¿Tan poco confiáis en vuestros valores como para pensar que unas pocas charlas al año se los van a cargar? ¿De verdad creéis que vuestras ideas son tan débiles que la única forma de que se transmitan a vuestros hijos es aislándolos, de manera que no reciban ninguna otra influencia? Tiene que ser triste vivir en un mundo que da tanto miedo, ¿eh? Pero, de nuevo, ni vuestra prole ni los profesores del colegio tienen la culpa de que estéis asustados.

El PIN parental no sirve para garantizar el derecho de los padres a que los hijos reciban formación moral de acuerdo a sus convicciones, porque ese derecho no lo abarca todo. Al contrario, el PIN solo vale para coartar las potestades de otros sujetos que pueden impartir formación de carácter ético, señaladamente la escuela pública. Y eso no se puede hacer. Por eso, tengo la sensación de que no tardará en caer, sea por presión política o por decisión judicial.

Pero, como siempre, queda el resto. El residuo. Queda la reclamación de Vox, queda el PP subiéndose al carro con alegría digna de mejor causa y queda Ciudadanos siendo la veleta habitual pero que al final votará lo que tenga que votar. Esta mierda ilegal y que se basa en la patrimonialización de seres humanos todavía no se ha expandido al resto de Comunidades Autónomas donde gobierna el trifachito, pero es cuestión de tiempo que lo haga.

Y allí donde lo haga tendrá que tenernos enfrente.

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