Juana Rivas

En los últimos tiempos no ganamos para alegrías judiciales. Después de todas las noticias sobre el caso de la Manada, hoy se ha hecho pública la condena de Juana Rivas por sustracción de menores. Cinco años de prisión; es decir, que entrará en la cárcel sí o sí salvo que ocurra algo excepcional, como un indulto. Además, seis de privación de la patria potestad, que pasará con toda probabilidad al maltratador condenado de su ex marido.

Este caso siempre me ha producido un nudo en la garganta, porque Juana Rivas me da mucha pena. Esta condena estaba cantada porque es bastante obvio que esta mujer cometió el delito. Sin embargo, salvo que uno tenga una moral puramente iuspositivista, su comportamiento es de lo más comprensible. ¿Cómo puedes esperar que una persona actúe de manera racional, sensata y legal cuando la pones entre la espada y la pared? Por un lado, la comisión de un delito; por otro, dejar a tus propios hijos en manos de un maltratador. No es una decisión nada fácil.

Por desgracia, Rivas no está recibiendo el apoyo que merece, y eso es entre otras cosas por esa moral iuspositivista a la que me he referido antes. No la tenemos tanto en su versión fuerte (“todo lo legal es bueno y todo lo ilegal es malo”) como en su versión débil (“cumplir la ley es un imperativo ético aunque ésta sea injusta”). De estos últimos hay a cascoporro. Gente listísima que dice que mientras la ley sea la que sea hay que cumplirla, que afirma que lo lamenta por Juana “pero que no se queje”, que reclama sosiego a la hora de abrir el debate o que incluso te cita artículos legales sobre el principio de legalidad.

No me digas, Sherlock. Ya sabemos que cumplir la ley es jurídicamente obligatorio (por eso es ley), y ya sabemos que cuando no se cumple se arriesga a una sanción (de nuevo: por eso es ley). Pero eso no significa que la ley sea una fuente de valores éticos. Hay veces en que cumplir la ley es malo y en que el incumplimiento está, no ya justificado sino incluso exigido. Y además, que aquí no hablamos de una objeción de conciencia largamente meditada y asentada en principios sólidos, sino de una huida por miedo y por pura necesidad de proteger a los hijos. Cuando Juana Rivas huyó con sus hijos no podía permitirse el lujo de un debate civilizado sobre las virtudes y defectos del sistema de protección a las víctimas de violencia de género.

Se ha dicho que Juana “ha estado mal asesorada”. Cualquiera que haya seguido el caso se ha encontrado con esta afirmación, que ha crecido hasta alcanzar el nivel de tópico. Yo no me atrevo a sostenerla. Me pongo en el lugar de sus abogados y de verdad que no me resulta posible defender en serio que el consejo razonable y legalista (“entrégale los niños a tu ex, denuncia lo denunciable y espera a que se resuelva”) es la mejor vía de actuación. Sé que en abstracto lo es, pero ¿con qué cara se lo dices a alguien tan desesperado?

Otra cosa que se suele decir es que los jueces necesitan formación en género. Estoy de acuerdo. No sé yo si en este caso habría marcado alguna diferencia (insisto en que Juana Rivas cometió un delito), pero es algo que nos beneficiaría mucho como sociedad. Ahora bien, el problema es que a veces te encuentras con jueces que son abiertamente refractarios a esta formación. El que le ha tocado a Juana parece uno de éstos: hay quejas sobre él por este tema desde 1999, en Granada le conocen como "el nazi" y tiene un largo historial de sentencias muy discutibles.

¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con jueces que juzgan casos donde hay implicada violencia de género y se atreven a hacer la preguntita retórica de que por qué no denunció si tanto maltrato sufría (FJ 1)? Uno se pregunta hasta qué punto el desconocimiento se convierte en maldad. Porque no me resulta creíble que un juez en el siglo XXI no sepa que el maltrato nunca es cuestión de una vez y que convencer a una víctima de que denuncie es normalmente tarea de titanes. Y ya cuando se atreve a poner negro sobre blanco que Juana Rivas se dedica a "explotar el argumento del maltrato"...

En fin. Esta sentencia llega unos días después de saber que la ONU ha condenado a España a pagarle 600.000 € a una mujer cuya hija fue asesinada por el padre de ésta en una visita no vigilada pese a las múltiples denuncias de maltrato. Esperemos que el caso de Juana Rivas no sea idéntico. A mí al menos no me llega la camisa al cuerpo.