De las muchas virtudes que adornan al
Partido Popular el respeto a la Constitución no ha sido nunca una de ellas. Ah,
por supuesto que se les llena la boca con el asunto: Constitución aquello, Constitución
lo otro, los catalanes deben acatar la Constitución, viva la Constitución. Pero
luego, cuando se trata de pasar al plano de los hechos, esas afirmaciones
hechas con la boca grande se quedan en nada. Véase, por ejemplo, el escaso
respeto que tienen por los derechos fundamentales o por la figura del
decreto-ley, de la cual abusan sin recato.
¿Por qué digo esto? Por la enésima
manifestación de la crisis institucional que estamos viviendo. Se trata de algo
que no ha causado demasiado revuelo en redes sociales y que sin embargo es un
síntoma grave de descomposición: el Gobierno se niega a permitir que las Cortes
Generales ejerzan su función de control. El pasado jueves Pedro Morenés plantó a la Comisión de Defensa del Congreso, que le había convocado para explicar las conclusiones de una cumbre de la OTAN. Rajoy le apoya y el Gobierno
en pleno va a ausentarse de la próxima sesión de control del Congreso.
El argumento de Rajoy es muy simple: como
este Congreso no fue el que eligió al actual Gobierno, éste no tiene ningún
deber de someterse a su control. El argumento del Congreso, que ya ha hablado
de llevar el asunto al Tribunal Constitucional, es igualmente sencillo: la
legislación aplicable (como el artículo 66.2 de la Constitución y el artículo 26.2 de la Ley del Gobierno) establece que las Cortes controlan al
Gobierno, sin especificar que tengan que ser las mismas que lo eligieron.
¿Quién tiene razón? La posición del Gobierno,
aunque oportunista (luego volveremos sobre ello) tiene cierta lógica: una de las
razones por las cuales el Congreso de los Diputados puede controlar al Gobierno
es porque fue él quien lo eligió. Si hay elecciones, cambia la composición de
la Cámara y se habla incluso de “nuevas Cortes”, esa relación de dependencia se
rompe. Ya no hay un vínculo de confianza entre ambas instituciones. ¿Qué
sentido tiene que las nuevas Cortes controlen a un Gobierno que está en
funciones, es decir, ya de salida? No demasiado.
Además, es cierto que la Ley del Gobierno
afirma que “todos los actos y omisiones del Gobierno” están sometidos al
control parlamentario. Pero la misma norma dice que el Gobierno en
funciones debe limitar su actividad al “despacho ordinario de los asuntos
públicos”, es decir, a actos normales, de trámite. No puede proponer leyes ni
realizar otra serie de facultades de índole política. El Gobierno en funciones,
definitivamente, no es una figura que esté pensada para someterse a control por
las nuevas Cortes. Desde ese punto de vista Rajoy tiene algo de razón.
El problema es que toda esta
argumentación sirve para una situación normal, donde el Gobierno en funciones
se limita a estar de comparsa durante treinta o cuarenta días mientras se
negocia el nuevo. Pero es evidente que no estamos ahí. Al contrario, nos
encontramos en un momento patológico, de profunda crisis institucional, donde lo
más probable es que Rajoy continúe en el sillón como mínimo hasta agosto. Es evidente
que en estas condiciones, aunque el Gobierno vaya al ralentí, va a terminar
adoptando decisiones polémicas sobre las cuales las Cortes pueden querer
explicaciones. Por no hablar de sus actos previos al 20 de diciembre de 2015,
que no se tomaron estando en funciones y que son por supuesto susceptibles de
control parlamentario.
Esto es lo que desmonta la posición del
Gobierno y concede la razón al Congreso en esta controversia. La ley no dice
que tenga que controlar al Gobierno la misma Cámara que le eligió: no lo dice
porque no hace falta, porque en situaciones normales será eso lo que pase. Pero
eso no implica que, en un momento anormal como el presente, el Congreso de los
Diputados pierda esa importante labor constitucional. De hecho, en esta
situación de impasse, donde la labor
legislativa y presupuestaria está paralizada, la función de control se
convierte en la única razón por la cual mantener reunidas a las Cortes.
El argumento de la no vinculación es
absurdo. “No nos sometemos al control de este Congreso porque no ha sido el que
nos ha elegido”, dice el Gobierno. Bien, entonces: ¿por qué os habríais de
someter al control del Senado durante los cuatro años de legislatura? Al fin y
al cabo el Senado tampoco os ha elegido, ¿no? O hagamos un experimento mental: supongamos
que la Constitución permite celebrar elecciones generales cada dos años sin que
cambie forzosamente el Gobierno, a modo de los comicios de mitad de mandato de
EE.UU. (1): ¿alguien diría que las nuevas Cortes no pueden ejercer el control
del Gobierno? Evidentemente no. En ninguno de esos dos casos se pone en
cuestión el derecho de las Cortes a controlar a un Gobierno que no han elegido.
La razón por la cual las Cortes pueden
controlar la acción del Gobierno es porque vivimos en una monarquía
parlamentaria (artículo 1.3 CE), en la cual las Cortes representan al pueblo
soberano (artículo 66.1 CE). En otras palabras, el derecho de las Cortes a
controlar al Gobierno no deriva de que haya sido una determinada formación
parlamentaria la que haya elegido a éste. Deriva de que el Parlamento
representa la soberanía nacional y el Gobierno no. El poder del Parlamento
viene del pueblo; el poder del Gobierno, del Parlamento. Las Cortes son un
órgano jerárquicamente superior al Gobierno, independientemente de quién las
componga en cada momento. Por eso y no por otra razón pueden controlar su
actividad.
Lo único que permite dar sentido al
argumento de la no vinculación es la afirmación implícita de que el Gobierno está
en funciones. Y, como hemos visto, eso no es particularmente relevante en una
situación como la actual. Si vas a estar siete meses ocupando la presidencia de
un Gobierno, durante los cuales vas incluso a convocar elecciones, no es
admisible que no te sometas a control parlamentario. Así que no: Rajoy no tiene
razón al negarse a ir al Congreso.
No sé qué opinará el Tribunal
Constitucional cuando, dentro de tres años, resuelva el previsible recurso que
va a presentar el Congreso. Quizás incluso declare que lo que Rajoy está
haciendo es acertadísimo desde el punto de vista jurídico. Pero en todo caso es
feo. Es una deslealtad institucional que acelera el proceso de descomposición
democrática de este malhadado país. Aunque bueno, por otra más…
(1) Sí, sé lo que propongo es una aberración
desde el punto de vista del sistema parlamentario, pero las Constituciones raras
veces aplican de forma pura los modelos teóricos.
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