Hoy se cumplen dos meses de las
últimas elecciones generales. Como la prensa no ha dejado de destacar, dos
meses sin Gobierno. No es exacto: el Gobierno cesa tras la convocatoria de
elecciones, pero está en funciones hasta que los nuevos ministros prometan sus
cargos. Es decir, que no estamos exactamente sin gobierno. Estamos en lo que un
futbolero llamaría “tiempo de descuento”: unos días añadidos al tiempo oficial
de duración de la legislatura, que sirven únicamente para que en todo momento
haya alguien al timón. Lo que pasa es que hoy esos días se convertirán
oficialmente en “meses” y no parece que vayamos a tener Gobierno pronto. Si hubiera
elecciones estaríamos al menos otros tres meses, siendo generosos, con Rajoy de
presidente en funciones.
Así que, como la cosa va para largo, creo
que procede explicar qué puede hacer y qué no puede hacer un Gobierno en
funciones. La regulación está en el artículo 21 de la Ley del Gobierno. Básicamente,
su trabajo es facilitar el proceso de formación del nuevo Gobierno y el
traspaso de poderes al mismo. Por ello, sólo puede adoptar decisiones relativas
“al despacho ordinario de los asuntos públicos”: salvo caso de urgencia no puede
impulsar políticas públicas ni programa de gobierno alguno, dado que se trata
de un equipo que ya va de salida (1).
El problema, claro está, es que la
expresión “despacho ordinario de los asuntos públicos” es tremendamente
ambigua. Los tres párrafos siguientes del artículo tratan de concretarla por
oposición. Están fuera de ese despacho ordinario (y, por tanto, fuera de las
competencias del Gobierno en funciones) cosas como disolver las Cortes,
proponer referendos, iniciar o proseguir con la tramitación de leyes o aprobar
decretos legislativos. Pero ¿quiere eso decir que todo lo que no esté en esta
lista tasada es “ordinario”? ¿Cualquier acto administrativo, tenga la trascendencia
que tenga, debe considerarse ordinario?
Pongamos un ejemplo, para que se vea
mejor. La empresa papelera ENCE tiene en Pontevedra una fábrica tremendamente
contaminante y molesta. La fábrica ocupa dominio público marítimo-terrestre, es
decir, un trozo de costa. Por ello, es necesaria una concesión administrativa
para que pueda estar ahí. La concesión actual expira en 2018 y casi todas las
fuerzas políticas de la ciudad, PP incluido, estaban a favor de no renovarla y
de desmantelar la factoría. Al fin y al cabo, la fábrica está construida sobre
el que era uno de los bancos marisqueros más ricos de Galicia.
Pues bien: el pasado 25 de enero el
Gobierno en funciones aprobó, por sorpresa, la renovación de la concesión
durante un plazo de 60 años. Es decir, ENCE podrá seguir con su fábrica hasta
2078 sin preocuparse por nada. Esta decisión ha sido la última piedra de un
largo y oscuro proceso de reformas ad hoc
de leyes y reglamentos y le ha valido a Rajoy ser nombrado persona non grata en su ciudad natal. Pero
supongo que a ENCE, en cuyo Consejo de Administración hay tres ex altos cargos
del PP, eso le da un poco igual.
Quiero ir a parar, precisamente, a lo
siguiente: al margen de lo mal que huele el asunto, ¿puede un Gobierno en
funciones tomar esta decisión? Que no estamos hablando de una licencia para
poner un quiosco de prensa ni de la resolución de unas becas. ¿Hipotecar la
economía y la ecología de una capital de provincia durante 60 años es “despacho
ordinario de los asuntos públicos”? A mí no me lo parece.
El Gobierno actual no está legitimado
para tomar una decisión de esta magnitud. De hecho, cabe preguntarse si alguno
lo está, si no habría sido mejor consultar a los vecinos de forma vinculante. Pero,
suponiendo que alguno lo esté, sin duda no es éste. Por supuesto, el problema
es precisamente que si nos esperamos al Gobierno nuevo igual no se aprueba la
concesión. Y esto en el PP lo saben, y por eso han preferido tirar para adelante.
Por desgracia, esto no va a traer
consecuencias. Se han asegurado de modificar la ley y el reglamento para que
este acto tenga una cobertura normativa de la que de otro modo carecería. La
concesión es legal, y si alguien lo recurre alegarán que no es más que un
simple acto administrativo, que había que resolverlo dentro de plazo y que
todos los informes aconsejaban hacerlo en ese sentido. Y tendrán razón, porque
se han asegurado de que así sea.
Pero eso no quita para que sea una
práctica sucia. Otra más.
(1) Tampoco le sería fácil porque el
Gobierno cesa por tres causas: elecciones, pérdida de la confianza
parlamentaria y dimisión o fallecimiento del presidente. Es fácil ver que son
momentos donde nadie se va a poner a tomar decisiones de gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario