Tríada de mordazas (IV). La reforma general del Código Penal

Puede parecer paradójico que, habiendo dedicado tres entradas a la Ley de Seguridad Ciudadana, vaya a emplear mucho menos espacio en hacer la crítica del nuevo Código Penal. Al fin y al cabo, mientras que la LSC es relativamente corta, la reforma penal (que conforma dos de las tres patas de la mordaza) ocupa cientos de páginas y afecta a la totalidad del Código, ¿por qué dedicar más espacio a aquélla que a éste?

La respuesta es doble. Por un lado, creo que hay infinidad más de análisis del nuevo Código Penal que de la Ley de Seguridad Ciudadana. Si estáis interesados vais a encontrar todos los textos que queráis de juristas, catedráticos y demás expertos destripando el pastiche legislativo. Y por otro, tengo que reconocer mis limitaciones: la reforma penal me resulta inabarcable. No puedo con ella.

¿Que por qué? Muy simple: por la misma razón por la que vengo llamando “nuevo Código Penal” a una ley que simplemente revisa el texto vigente. Porque lo cambia todo. El texto actual tiene 639 artículos, aunque es una numeración engañosa porque, gracias a la técnica de los artículos bis, ter y demás, hay numerales que están repetidos hasta cuatro veces. Pues bien: la reforma penal toca cerca de 300 de esos preceptos. Muchas veces la afectación es mínima. Por ejemplo: como desaparecen las faltas hay que modificar todos los artículos donde decía “delitos y faltas” (y eran muchísimos) para que ponga sólo “delitos”.

Y en otros casos no es así.

El nuevo Código cambia radicalmente la concepción del Derecho penal, modifica el sistema de penas hasta hacerlo irreconocible, tipifica una infinidad nueva de conductas… en definitiva, genera un nuevo Derecho penal que hay que aprender casi desde cero. Esto es importante: después de la reforma de 2003 nuestro Derecho penal ya había tomado un giro definitivamente conservador. Ahora, doce años después, el PP culmina su obra. Veamos, pues, algunas pinceladas:

Desaparecen las faltas. Las faltas eran infracciones penales leves, como hurtos menores de 400 €, abandono de jeringuillas en vía pública o pintadas en paredes. Se sancionaban mediante un procedimiento muy sencillo, en un solo acto. Ahora, las que no se incorporan como infracción administrativa a la LSC pasan a ser delito. Pero ¿qué trascendencia tiene eso? Los antecedentes penales por delitos leves van a seguir sin tenerse en cuenta a efectos de reincidencia y las penas no varían sustancialmente. Los cambios son principalmente procesales: se facilita la detención, el juicio es más largo y “serio”, etc.

El objetivo parece ser prevenir los pequeños hurtos en comercios. Efectivamente, el hurto por menos de 400 € pasa de ser falta a delito leve… salvo que el hecho esté incurso en una lista de agravantes a los que se incorpora la reincidencia o el pertenecer a un grupo criminal (que es cualquier organización de personas montada para delinquir), momento en el cual una sustracción sin violencia por valor de 10, 200 o 399 € pasa a tener aparejada una pena de prisión de hasta 3 años. El señor Mercadona está contento.

Aparece la cadena perpetua. Bueno, aparece de iure, porque de facto ya existía: la posibilidad de encerrar a alguien durante 40 años y no dejarle salir hasta que no cumpliera como mínimo 32 ya está prevista en nuestro Código desde 2003. Sin embargo, se podía aplicar sólo a casos de pluralidad de delitos (asesinatos terroristas, por ejemplo), como límite a la acumulación de penas. Ahora no, aparece como la pena de ciertos hechos gravísimos.

La nueva regulación es bastante caótica, pero en lo esencial consiste en un encerramiento de por vida en el que puedes acceder al tercer grado a los 15 años, a la libertad condicional a los 25 y a la definitiva a los 35, si demuestras que te estás reinsertando. Cómo pretende el legislador que te reinsertes si no tienes nada que se parezca a una esperanza de poder hacerte cargo de tu vida en un periodo concreto de años es algo que se me escapa.

Quienes criticamos esta reforma no lo hacemos porque tengamos particular interés en defender a asesinos, genocidas y terroristas, sino por otras razones. En primer lugar, probablemente sea inconstitucional: el penado tiene derecho a la reinserción (artículo 25.2 CE), y eso incluye un mandato al legislador para que no establezca penas que frustren ese objetivo, como es la cadena perpetua revisable o no. En segundo lugar, no es más que un brindis al sol populista, ya que los delincuentes no deciden quebrantar la ley contrapesando las posibles consecuencias. Finalmente, es de lamentar el giro completo que ha dado el Derecho penal en los últimos años, para deslizarse totalmente hacia lo que se llama “prevención especial negativa”: la inocuización de los delincuentes, cuyo límite máximo, por supuesto, es la (aún prohibida) pena de muerte.

Legislación a golpe de telediario. El texto casi parece un acertijo: adivina qué casos mediáticos han inspirado cada precepto. Así, se reforma el artículo 166 para que el condenado por detención ilegal (pena básica: 4 a 6 años) que no dé razón del paradero de su víctima sufra la pena del delito de homicidio, que se ve incrementada si hubo delito sexual. Es decir, caso Marta del Castillo. Y se introduce un nuevo párrafo al artículo 197, el 7, por el que se castiga la difusión no autorizada de vídeos que han sido obtenidos con el consentimiento de la víctima. Es decir, caso Olvido Hormigos. Por no mencionar la reforma en materia de terrorismo, de la que me ocuparé en la siguiente entrada, introducida deprisa y corriendo (de hecho, en una ley aparte presentada por el PP, no por el Gobierno) al calor del movimiento de repulsa ante el atentado contra Charlie Hebdo.

Al margen de lo bien o mal que puedan valorarse estas reformas (por ejemplo, a mí la introducción del delito de difusión no autorizada de grabaciones me parece correcta) resulta, de nuevo, deprimente, la facilidad con la que se cambia la ley al hilo de sucesos concretos con a saber qué finalidad. Porque la nueva ley no va a poder aplicarse al caso que provoca el cambio, y en muchas ocasiones es complicado que se repita un hecho como el que se tipifica.

Orden público: la carga represiva incorporada al Código Penal (contenida en los delitos de atentado y de desórdenes públicos) es relativamente baja, ya que buena parte de esa tarea se ha dejado para la Ley de Seguridad Ciudadana, que tiene la ventaja de que las sanciones las puede imponer la Administración. De hecho, constato con sorpresa que se produce una mejora importante: el atentado deja de definirse como “acometer” a una autoridad (lanzarse contra ella) para pasar a ser “agredirla” (golpearla), lo cual tiene mucho más sentido. Incluso se reducen las penas (1).

Pero la reforma la ha hecho quien la ha hecho, y se nota. Por ejemplo, pasa a proteger también al personal de seguridad privada cuando actúe bajo el mando de la autoridad. Incluye el llevar la cara tapada entre los agravantes de los desórdenes públicos (2). Tipifica como delito el hacer un escrache en la sede de una empresa. Etcétera.

Me he dejado muchas cosas en el tintero. Pero podemos concluir lo siguiente: la reforma del Código Penal, incluso si obviamos la legislación antiterrorista (que trataré en la siguiente entrada), va más allá de una ley mordaza. Cambia por completo el Derecho penal español tal y como lo conocemos, y lo hace para mal: se tipifican más conductas, se aumentan las penas y se reduce el ámbito de lo legal en un montón de ámbitos. Todo listo para la represión.

       (1) Aunque esto tiene trampa. Se aumenta el catálogo de agravantes hasta incluir acciones como lanzarle una piedra a un UIP acorazado, y en ese caso la pena es superior a la del texto vigente: de 4 a 6 años de prisión. Por supuesto las lesiones que cause la piedra se castigan aparte: esos años de prisión son por el hecho de lanzarla.

       (2) Desórdenes públicos puede ser quemar un contenedor para tapar la calle. Si lo haces llevando pasamontañas, hasta 6 años de prisión.