Decretazo made in Spain

Hoy se ha publicado, como muchos sábados, un decreto-ley en el BOE. Si lo leéis veréis que son 172 páginas de letra regulando mil cosas, lo que se llama una “norma ómnibus”. Y si tenéis en Twitter a algún abogado o jurista un poco concienciado, sabréis que está que trina por todo el asunto. ¿Por qué? Bueno, voy a explicarlo.

El sistema constitucional occidental se asienta en la jerarquía de normas. Por encima del todo está la Constitución, aprobada por la ciudadanía en referéndum. En un segundo escalón la ley, aprobada por las Cortes, que son elegidas directamente por los ciudadanos. Y, en tercer lugar, el reglamento, aprobado por el Gobierno, que es elegido por las Cortes. Cada paso funciona un poco como concreción o desarrollo del anterior: la Constitución es muy general, la ley algo más concreta y los reglamentos tienen un nivel superior de detalle.

Sin embargo, nuestra Constitución establece una serie de excepciones en la "cadena de mando" que acabamos de describir. Una de estas excepciones es el decreto-ley: se trata de una norma que aprueba el Gobierno (no las Cortes) pero que tiene rango de ley, por lo cual puede modificar leyes previas en casi todos los ámbitos. Posteriormente la norma debe ser convalidada por las Cortes, pero antes de eso ya está en vigor y desplegando efectos. Se trata de una potestad importante, y por eso la Constitución pretende ponerle límites: el Gobierno sólo podrá aprobar decretos-ley cuando concurra una necesidad extraordinaria y urgente.

Los decretos-ley están pensados para ser respuestas rápidas a circunstancias que se salen de lo común y que necesitan una solución inmediata. Un ejemplo muy bueno es el que sucedió en el verano de 2005, cuando once bomberos murieron en un brutal incendio forestal en Guadalajara: en ese momento el Gobierno aprobó un decreto-ley que establecía ayudas para las víctimas y sus familias, medidas compensatorias de los daños materiales y mejoras en materia de prevención. Había una situación extraordinaria (un incendio descontrolado) y urgente (con personas que lo habían perdido todo) y era necesario responder.

Y entonces uno mira el decreto-ley que ha sido aprobado este sábado y no puede sino pensar que algo no cuadra. Uno de los contenidos más controvertidos es la concesión del Registro Civil a los registradores de la propiedad. Al margen de la valoración que merezca la medida, las DD.AA. 19ª y 20ª establecen que no entrará en vigor hasta el 15 de julio de 2015. ¿Dónde está la necesidad urgente?

[ADDENDA 10/07/2014, 1:40. La "necesidad urgente" está en que el Estado se ha pasado tres años sin decidir a quién entregarle el registro y le pillaba el toro porque la nueva Ley del Registro Civil estaba a punto de entrar en vigor. En definitiva, la "necesidad urgente" se deriva de una previa inacción de los poderes públicos.]

Pero el decreto-ley regula muchas más cosas. Por ejemplo, los artículos 16 a 55 establecen una completa regulación de los llamados aeropuertos de interés general, incluso con un régimen sancionador. Los artículos 57 a 86 regulan los hidrocarburos; los artículos 87 a 113 establecen un sistema de fomento del empleo juvenil; los artículos 116 a 119 modifican el régimen de las ETT; las DD.AA. 1ª a 8ª regulan una convocatoria de plazas a cuerpos militares, la DA 9ª matiza una norma previa sobre un evento que conmemora los 120 años de la primera exposición de Picasso, etc.

¿Algo de todo esto es tan urgente y extraordinario como para saltarse el proceso legislativo normal? ¿Tan pronto hay que tener regulados los aeropuertos de interés general o el sistema de fomento del empleo juvenil? ¿Qué horrible catástrofe se habría abatido sobre España en caso de que hoy no se hubiera aprobado esta norma?

Evidentemente, son preguntas retóricas. En España se abusa del decretazo: se ha abusado siempre, pero lo de este Gobierno roza el autoritarismo por el lado de dentro. Y es que gobernar por decreto tiene muchas ventajas: aunque tengas mayoría parlamentaria, aprobar una ley tiene un coste. Son necesarios informes previos que igual la critican duramente, hay que debatirla en las dos Cámaras, tarda meses, te enfrentas a manifestaciones, huelgas, protestas y presiones, queda mal pasar sistemáticamente el rodillo parlamentario… es mucho más cómodo sacarla de un día para otro. Luego, se presenta a las Cortes para la convalidación, pasas el rodillo parlamentario una vez y todo arreglado. Maravilloso.

¿Y el Tribunal Constitucional? Ni está ni se le espera. Recurrir una norma al Constitucional es complicado, y además éste se ha mostrado bastante laxo con respecto a esos criterios de extraordinaria y urgente necesidad. En todo caso, ese escollo también puede salvarse: es una práctica común empezar a tramitar como ley un decreto-ley ya en vigor y convalidado. Esto apenas genera debate, porque se trata de darle una nueva forma jurídica a algo que ya está produciendo efectos. Una vez tramitada esa ley, el decreto-ley previo se deroga, y a esperar la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué éste (dos, cinco o diez años después) anula el decreto-ley porque no concurría una necesidad extraordinaria y urgente? Pues da igual: está derogado y sus contenidos están en una norma distinta.

Hay unas cuantas parcelas que el decreto-ley no puede tocar, porque están reservadas a la ley orgánica. Fuera de ellas, hay algo cierto: el Gobierno puede legislar por decreto siempre que quiera y muy raro será que afronte consecuencias por excederse. Hacerlo o no depende sólo de su voluntad democrática.