El argumento de la responsabilidad

El debate sobre el aborto está tan estereotipado que es difícil que se digan cosas nuevas. El bando fuerzapartos no deja de hablar de derecho a la vida mientras que nosotros, que vivimos en una dimensión moral muy diferente, nos referimos a la dignidad de la mujer. Sin embargo, quiero hablar hoy de un argumento que no sostienen los fuerzapartos clásicos, sino gente que está de acuerdo en principio con que el aborto sea legal. Este argumento dice que la decisión de abortar debe ser tomada en conjunto por la mujer y por quien vaya a ser el padre del bebé si éste llega a nacer. Si no hay acuerdo y la gestante decide seguir adelante con el embarazo, el padre debería ser exonerado de sus obligaciones paterno-filiales, porque él no ha deseado el nacimiento de ese bebé.

El argumento (que he oído expresar incluso desde la izquierda) parece atractivo porque logra presentarse como algo de justicia: si yo no he consentido tener un hijo no debo ser obligado a pagar sus cuidados. Y sin embargo, examinado más de cerca resulta insostenible. Vamos a verlo.

Un principio jurídico básico es el de la responsabilidad por los propios actos. Si yo causo un riesgo que se concreta, debo pagar a los afectados. Por ejemplo, si un conductor hiere a un peatón o si una empresa provoca un vertido. Hay distintas formas de individualizar esta responsabilidad: es posible que sólo haya que pagar si el daño se causa con dolo o negligencia grave (responsabilidad subjetiva) o que ese extremo sea irrelevante (responsabilidad objetiva), pero la idea central está ahí.

Un coito es una actividad humana que, como todas, causa riesgos. Si durante el coito se rompe la cama, se impide dormir a un vecino o se traumatiza a un menor que esté mirando, la pareja que esté manteniendo relaciones sexuales deberá afrontar la responsabilidad correspondiente. De la misma manera, si el coito genera un embarazo, los ahora padres deberán encargarse de la crianza del bebé, porque son responsables de su venida al mundo. Incluso un padre que quiera desvincularse por completo de la crianza de ese menor deberá pagar una pensión de alimentos: eso es lo mínimo que se debe. Se trata de una responsabilidad objetiva, que la ley atribuye a los padres independientemente de que hayan puesto o no medios para impedir el embarazo.

“Bueno”, podría pensarse, “y si cuando mantienes relaciones sexuales te arriesgas a un embarazo, ¿qué justifica el aborto? Al fin y al cabo, ¿no es más grave matar al feto que no pasarle la pensión una vez nacido? ¿Por qué se puede hacer lo primero y no lo segundo?” Esto es lo que subyace, por cierto, tras la furibunda imprecación de “¡si te quedaste embarazada asume tu responsabilidad!” y tras la regulación de la violación como una causa de aborto. Pero es una objeción que no tiene recorrido, y no lo tiene porque implica que la responsabilidad puede llegar hasta el punto de privar a la gestante de su dignidad, y ello no es así.

Efectivamente: como ya he sostenido más de una vez, una ley de plazos es consecuencia necesaria de la dignidad de la gestante, a la cual no se le puede tratar como una incubadora humana. La dignidad es el presupuesto normativo de los derechos fundamentales: tenemos derechos humanos porque se considera que derivan de nuestra dignidad como personas. No se pueden limitar así como así.

De hecho, los Estados occidentales sólo permiten limitar derechos fundamentales en circunstancias muy concretas, por ejemplo una condena por un delito. Matar, violar o robar a alguien permiten privar al que lo haga de su libertad ambulatoria; quedarse embarazada no. Además, no todos los derechos humanos pueden ser limitados: asumimos que el Estado puede encerrar a una persona o quitarle sus derechos electorales, pero ¿asumiríamos que puede privarle de su libertad sexual? ¿De su libertad religiosa? ¿De su libertad de expresión? ¿De su derecho al honor? No, nunca. Pues con mayor motivo debemos rechazar toda limitación de la dignidad, fuente de esos derechos.

De ahí se deriva que el aborto debe ser una decisión libre de la gestante porque están en juego sus derechos fundamentales. Ni un médico, ni un juez ni su pareja deben tener la última palabra: ha de ser ella y sólo ella. Sin embargo, si decide seguir adelante con su embarazo y efectivamente termina pariendo, tanto ella como el padre estarán obligados a mantener a la criatura, ya que aquí no están en juego sus derechos fundamentales. En definitiva: la responsabilidad por actos propios no puede permitir instrumentalizar a una persona, igual que no permitiría impedirle hablar u obligarle a cambiar de religión.

Como coda, he de decir que yo entiendo que haya varones a quienes no les guste esto. Les parece injusto que deban mantener a un bebé cuya generación no han deseado. Pero el hecho es que nunca llueve a gusto de todos, y no es de recibo pretender subsanar una supuesta injusticia hecha contra sus carteras con el control del cuerpo de sus parejas sexuales. Cuando las gestaciones se realicen en úteros artificiales podremos pensar en otra regulación: hasta entonces, la correcta interpretación de todos los principios implicados nos lleva, sin duda, a este resultado.